"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Juan Pérez, presidente de CERMI Castilla y León
"Es necesaria una Estrategia de Desarrollo Rural Inclusivo"
15/03/2019
Rafael Olea
Juan Pérez, tras veinte años en Plena Inclusión, accedió a finales de febrero a la presidencia del CERMI Castilla y León. En esta nueva etapa, considera fundamental mantener una buena interlocución con administraciones y formaciones políticas, a la vez que se marca el objetivo de hacer cumplir la Convención de la ONU, que recoge “de forma clara y concisa todo lo que podemos demandar”. Además, reclama una Estrategia de Desarrollo Rural Inclusivo que combata la despoblación y favorezca a las personas con discapacidad que viven alejadas del ámbito urbano.
Accede a la presidencia del CERMI Castilla y León procedente de Plena Inclusión. ¿Cómo comenzó a trabajar con las entidades de discapacidad?
Llevo más de veinte años colaborando con la discapacidad a través de una entidad de Plena Inclusión. Comencé cuando nació mi hija, que tiene discapacidad. Fui miembro de su Junta Directiva hace aproximadamente una década y, desde hace siete años hasta hace unas semanas, fui presidente de Plena Inclusión Castilla y León. Asistimos a un proceso de renovación de cargos y, pese a que tenía que ser relevado dentro de un año, me pareció muy razonable dar el paso a otros compañeros, habida cuenta de que había sido elegido para llevar a cabo la presidencia de CERMI Castilla y León.
¿Cuáles son las principales actuaciones que quiere impulsar como presidente del Cermi CyL?
Lo cierto es que el CERMI tiene una idea muy clara, tanto a nivel estatal como autonómico. Es una plataforma que tiene como objetivo prioritario reivindicar y conseguir derechos para las personas con discapacidad. Es una lucha que llevamos realizando muchísimos años y que tenemos que seguir profundizando. Además, el CERMI es la plataforma legítimamente reconocida para representar a las personas con discapacidad en la sociedad civil. En este sentido, es ahí donde tiene que estar nuestra fuerza y donde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos.
Por otra parte, es fundamental que se siga fortaleciendo el tejido asociativo. Hay algunas asociaciones que se asientan fundamentalmente en las familias y hemos crecido y nos hemos desarrollado en base a ese asociacionismo de familias y amistades. Estos procesos tienen que continuar desarrollándose.
¿Cómo valora la situación de la discapacidad en Castilla y León?
Vivimos en una Comunidad Autónoma donde la discapacidad está muy bien valorada. Los directores y gerentes de los servicios sociales han calificado hace escasas fechas a Castilla y León con la mayor puntuación de cumplimiento de todo el tema de dependencia. Somos la primera Comunidad con una puntuación de 9,3 sobre 10, algo espectacular. Llevamos bastante tiempo, además, en las primeras posiciones.
Una de las grandes fortalezas que tiene la discapacidad en Castilla y León es el extraordinario nivel de interlocución con la Administración Autonómica. Con todas las Consejerías, pero sobre todo con las que entiendo que debemos tener más relación, como es la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Este nivel de interlocución nos está permitiendo ser parte activa en el diseño de muchas normativas que se han promulgado en los últimos años en materia de discapacidad.
Por ejemplo, datos muy identificativos es que fuimos la primera Comunidad Autónoma que, en 2013 aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Recientemente, hace año y medio aproximadamente, hemos colaborado con la Administración en el diseño del modelo de atención a las personas con discapacidad y realizado un Plan Estratégico que está sirviendo de referente a otras comunidades que lo quieren implantar. Entendemos que hay que poner el foco en la persona y en cada una de las personas con discapacidad, para que tenga los apoyos individuales y necesarios que necesita.
También, hemos sido la primera CC.AA. que diseñó una estrategia sobre el IRPF. Somos de las primeras que lo gestiona. Todo lo conseguido se centra en ese nivel de interlocución tan permanente con la Administración y la posibilidad de participar activamente en el diseño de esas políticas.
¿Y teme perder ese nivel de interlocución tras las inminentes elecciones autonómicas? Además, ¿cuáles son las principales reivindicaciones y derechos que reclama a las formaciones políticas que concurren a las elecciones?
Con la administración que ahora gobierna esta Comunidad, estamos teniendo una magnifica interlocución, pero también lo estamos haciendo con otros grupos políticos. Lo cierto es que el que gobierna es quien diseña las políticas y con quien tienes, lógicamente, que tener una relación más directa.
El CERMI no puede tener ninguna significación política con ningún partido, pero desde luego nos gustaría mantener este nivel de interlocución con los que estén en el próximo gobierno y también con el resto de fuerzas políticas. Estamos ya trabajando con los distintos partidos para expresarles cuáles son nuestras demandas. Estas las enmarcamos básicamente en la Convención de los Derechos Humanos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. En ella está recogido de forma clara y concisa todo lo que podemos demandar.
¿Y más concretamente, cuáles son esas demandas?
Me gustaría hacer un relato de una serie de demandas que son importantes. Por ejemplo, nos parece fundamental todo lo que sea la promoción de la educación inclusiva. Queremos conseguir un compromiso para realizar un plan de acción que aborde el proceso de implantación de un sistema educativo e inclusivo, con la dotación de los recursos tanto financieros como humanos, con un punto de partida, un calendario y unos objetivos que sean medibles, así como medidas de supervisión y rectificación en el caso de que fuera posible
Es un tema que está muy candente, pero es necesario asistir a la reforma de la Ley Orgánica de Educación, como al acceso a la formación profesional básica de las personas con discapacidad o la posibilidad de que titulen con competencia las personas con discapacidad. En el caso de la discapacidad intelectual sería muy importante que se desarrollen en igualdad de condiciones con los demás.
También queremos modificaciones en temas de estudios universitarios dentro de ese proceso de accesibilidad universal para todo el mundo. Si no hay accesibilidad, no hay inclusión; y si no hay inclusión, las personas con discapacidad no pueden tener una participación activa en la sociedad. La educación inclusiva nos parece fundamental.
¿Y en materia de accesibilidad?
También nos parece fundamental la accesibilidad. Reivindicamos la creación de algún centro de referencia en accesibilidad, en el que se pueda invertir e investigar en accesibilidad universal. También en accesibilidad cognitiva, que facilite los procesos de las votaciones y no solamente a las personas con discapacidad intelectual, sino también a otros colectivos como pueden ser inmigrantes y mayores que también tienen alguna dificultad en este sentido.
Demandamos claramente que hay que reformar en el Código Civil la legislación civil y procesal para dar apoyo a cualquier persona con discapacidad, como así recoge la Convención de la ONU en su artículo 12, así como capacidad jurídica y que la justicia pueda acometer este tipo de reformas. También, pedimos igualdad en el acceso a la justicia, el reconocimiento a la figura del intermediador que reclamamos y que recoge la ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar un juicio justo.
Además, tenemos que reclamar una Ley de Protección Integral de Infancia y Adolescencia, y apoyos a las familias para evitar las separaciones familiares.
En las próximas elecciones podrán, por fin votar todas las personas, aunque hay polémica por cuestionar el voto de algunas personas con discapacidad.
Así es, nos sumamos a la reclamación del CERMI Estatal para que se anule con carácter inmediato la instrucción que permite a determinados agentes electorales (interventores, apoderados) cuestionar las condiciones del voto de las personas con discapacidad. Confiamos en que esto se solucione, puesto que es una barbaridad.
100.000 personas con discapacidad intelectual, salud mental, Down o espectro del autismo se van a incorporar ya en estos próximos comicios electorales como consecuencia ley electoral que se aprobó a últimos de diciembre. Va a ser una oportunidad histórica. Esperemos que se consiga anular esa instrucción.
Además, nos parece muy importante todo lo que tiene que ver con la participación en la vida política y electoral. Hay que desarrollar un programa específico sobre accesibilidad cognitiva para que, en los procesos electorales, se garantice la fácil comprensión, así como que los colegios electorales y el censo sean accesibles para todas las personas con discapacidad. Además, tenemos que incentivar a los partidos políticos a que incluyan en sus listas a más personas con discapacidad.
¿Cuántas personas con discapacidad hay en Castilla y León?
Pensamos que hay aproximadamente 400.000 personas con algún tipo de discapacidad reconocida de una población de 2,5 millones de habitantes. Nos preocupan mucho las que viven en el medio rural, esas personas que siempre tienen muchos mayores problemas.
Precisamente, Castilla y León tiene nueve provincias y un territorio superior al de algunos países europeos como Suiza o Bélgica. ¿Cómo les afecta la despoblación y la dispersión de la población?
Es un tema en el que estamos trabajando muchísimo desde el CERMI y las organizaciones que le conforman. Nos preocupa muchísimo que las personas con discapacidad que viven en el medio rural no tengan las mismas oportunidades que las que viven en el medio urbano. Dentro de eso, nos preocupa muchísimo la mujer que vive en el medio rural, porque que tiene una triple discriminación: por ser mujer, tener discapacidad y vivir en el medio rural.
Estamos trabajando en proyectos que permitan el desarrollo no solo de la persona con discapacidad en el medio rural, sino también de su familia. Si somos capaces de hacerlo, estaremos ayudando a solucionar un problema, el de la despoblación, que en Castilla y León tiene dimensiones espectaculares.
Tenemos organizaciones, como Plena Inclusión, que desarrollan casi toda su actividad (un 65%) en el medio rural. Hay potencial y posibilidad de hacer cosas, y desde la discapacidad hemos entendido que debemos llevar los recursos allá donde están las personas y no al revés.
En Castilla y León decimos, y quizás haya que hacerlo en órganos superiores, que es necesaria una Estrategia de Desarrollo Rural Inclusivo, que sirva para mejorar la calidad de vida la inclusión de las personas con discapacidad que viven en el entorno rural. De esta manera, promoveremos que tengan las mismas posibilidades de integración comunitaria como, teóricamente, tiene una persona que vive en el medio urbano con todas las infraestructuras y posibilidades mucho mayores.
