"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
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MESA REDONDA
Europa ante la Convención de la ONU, ¿resistencia o proactividad?
22/07/2013
Leonardo Beltrán/Cristina Muñoz - Imágenes: Jorge Villa
Europa ha firmado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero, ¿realmente la están cumpliendo los países que la han ratificado?. El Parlamento Europeo es la institución que más pelea por los derechos de las personas con discapacidad y, aunque el proceso sea algo lento, se confía en que Europa acabe dando respuesta a las necesidades del colectivo de las personas con discapacidad.
El debate, coordinado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, ha contado con la participación del eurodiputado socialista Vicente Garcés; el director adjunto del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, según sus siglas en inglés), Javier Güemes, y el director adjunto de la oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos exteriores y Cooperación, Jaime Hermida.
A juicio de Vicente Garcés, “la Convención de las Naciones Unidad es un marco de referencia imprescindible y la Unión Europea está en vías de tomar medidas para aplicarla lo más correctamente posible”, aunque afirma que “vamos con cierto retraso todavía”.
Garcés añade que “éste es un tema muy importante, que se está viendo muy cambiado por la evolución de los desarrollos técnicos, tecnológicos y científicos. Desde el Parlamento Europeo estamos haciendo un esfuerzo para tratar de avanzar”.
Javier Güemes, por su parte, asegura que “no hay un retraso excesivo”. El director adjunto del EDF explica que la Unión Europea es parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la primera convención de Derechos Humanos que firma la UE. Según Güemes, esto produce una serie de retos muy importantes porque al no ser un Estado hay que nombrar una unidad, que en este caso es la Comisión Europea y hay que hacer una división de tareas entre los Estados miembro, algo muy complejo para lo que el retraso es relativamente comprensible.
En opinión de Güemes, “no se puede decir de forma generalizada si se está cumpliendo la Convención de forma generalizada”. El director adjunto del EDF pone como ejemplos de ello a España y a Finlandia. En el caso español, ”queda el gran reto del desarrollo” porque se ha hecho una norma para desarrollar la Convención, que ha sido una buena práctica a la hora de aplicarla. Por su parte Finlandia, que no la ha ratificado, decidió hacer un plan de tres años que conseguía ir aplicando una serie de pasos y de trasposiciones de todo lo que son las normas de la convención y que, a pesar de no haber ratificado la Convención, es uno de los países más avanzados en su cumplimiento.
En lo que se refiere a Europa, a nivel genérico, Güemes indica que “tiene el reto de que es la primera convención de derechos sociales de la Unión, un territorio inexplorado que no puede acceder al paso de tanto tráfico”.
Derecho al voto
Vicente Garcés recuerda que la el Consejo de la Unión Europea autorizó el acuerdo sobre la Convención el 16 de noviembre de 2009, el 23 de diciembre de 2010 fue ratificada y entró en vigor el 22 de enero de 2011. En este sentido, el eurodiputado socialista subraya que los plazos de aplicación de la Convención son muy cortos, por lo que va con retraso ante una realidad que es muy exigente.
Asimismo, Garcés asegura que el Parlamento Europeo no puede tomar ningún tipo de iniciativa con respecto a un país que, por ejemplo, no permita ejercer el derecho al voto a un grupo de personas, como es el caso de Hungría.
En opinión de Garcés, “ningún país democrático miembro de la Unión Europea puede aceptar que haya una parte de su población que no pueda ejercer su derecho al voto. Necesariamente, la legislación interna de ese país tiene que actualizarse durante el tiempo necesario para evitar que esa situación se produzca”. Y concluye: ”Por parte de las instancias de la Unión Europea, cualquier denuncia que se plantee será atendida”.
Por otro lado, Jaime Hermida explica que, en estos momentos, el Parlamento Europeo se encuentra en la fase de desarrollo de la aplicación material de la Convención de las Naciones Unidas en el territorio de la Unión Europea. “Desde la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos exteriores y Cooperación, en la que trabajo, estamos viendo que se está estableciendo un cierto consenso entre los grupos parlamentarios que seguro que va a facilitar que otra propuesta de la Comisión Europea salga muy mejorada desde el Parlamento Europeo”.
Ante la cuestión de qué se puede hacer desde España para pedir a Europa que se desarrolle esta Convención, Hermida indica que debería “trasmitir a los miembros de Unión Europea sus preocupaciones en materia de derechos humanos y discapacidad”.
Hermida explica que, desde el capítulo de los derechos Humanos, la Oficina de la que es director adjunto, cuando ve que no se cumplen las políticas de no discriminación, hablar con el país donde se está produciendo esa situación para proporcionar asesoramiento.
Mecanismos para que la Convención sea "más eficaz"
Según Vicente Garcés, “la directiva que salga del Parlamento Europeo tiene que contemplar de una manera eficaz la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en el ámbito del seguimiento y del diseño de la aplicación de la directiva”.
“Hay tres cuestiones fundamentales en lo que al diseño de esta directiva se refiere”, indica Garcés. En primer lugar, que quede muy claro su ámbito de aplicación y, en segundo, los plazos para que sea aprobada la directiva europea y los palazos para su aplicación. La tercera cuestión es el seguimiento y la aplicación real de esa directiva.
Garcés indica, asimismo, que esta directiva se pretende que se vaya aplicando en las instituciones europeas, a nivel local y de comunidades autónomas, de forma gradual en 2015, 2016 y 2017.
Otras cuestiones que se están pidiendo a la Unión Europea en materia de discapacidad es lo referente a discapacidad. Así, Javier Güemes indica que la Comisión está preparando una propuesta llamada Acta Europea de Accesibilidad, en la que se pide la accesibilidad en bienes y servicios.
Además, Güemes señala que hay que incidir en otros aspectos, como son el empleo y la educación, donde la Unión Europea está aún muy por debajo de sus posibilidades. “Creemos que la legislación tan fuerte que hizo la Unión Europea en el año 2000 para la no discriminación en el empleo por materia de discapacidad se quedó parada”, concluye.
Crisis económica
Por su parte, Vicente Garcés explica cómo se ven estas propuestas desde el Parlamento. Según el eurodiputado socialista, los países miembro se están viendo en una situación muy singular, que es la crisis económica y social con derivaciones hacia la política y, bajo ese contexto, el Consejo está adoptando unas posiciones “muy cerradas”. “De las tres instituciones europeas, la que más voluntad ofrece de avanzar en los derechos de las personas con discapacidad es el Parlamento Europeo”, apostilla.
Javier Güemes asegura que el Parlamento Europeo es una de las instituciones de la Unión Europea que más escucha al movimiento de las personas con discapacidad. “No es que siempre apruebe lo que decimos desde el EDF”, matiza Güemes, “pero sí es uno de los más receptivos”.
Jaime Hermida considera que España está apoyando todas esas peticiones y que, en materia de política exterior, la Unión Europea puede hacer mucho para convencer a otros países para que apliquen la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre todo “a la hora de utilizar una perspectiva de derechos y en el desarrollo de los mismos en los países miembros”.
Desempleo juvenil
Otra de las cuestiones que salió a la luz durante la celebración de la mesa redonda fue la preocupación general por el desempleo, y muy especialmente en el apartado juvenil. Desde Europa hubo un debate reciente sobre esta cuestión. Las perspectivas financieras de Europa tienen que ser capaces de hacer frente a las exigencias sociales actuales, pero desde el propio Parlamento se desestimó por ahora el desarrollo de este tema.
Vicente Garcés aclaró, en este sentido, que “habrá que seguir presionando para desbloquear internamente estas partidas que permitan la aplicación de esta directiva” y facilitar con ello el acceso no solo a las nuevas tecnologías. sino también a los diferentes bienes y servicios sociales, “como el agua o la electricidad”.
Javier Güemes mostró su preocupación en este asunto y espera que en el futuro se incluyan medidas que incentiven el apoyo al empleo a los grupos más vulnerables de la sociedad.
Dio su apoyo a la creación de "un programa que favorezca el acceso al empleo de las personas con discapacidad” y la implicación fundamental del Estado en el desarrollo de esta tarea, ya que hoy en día se han reducido la capacidad de las empresas de dar contratos a personas con discapacidad. Todo esto pese a que existe “una exención de notificación a la Comisión Europea” para la elaboración de contratos para personas con discapacidad.
A modo anecdótico se comentó un reciente caso de discriminación por discapacidad. Mara Zabala no pudo subir a un avión de la compañía de Air Europa por utilizar una silla de ruedas. Vicente Garcés, que también es miembro de la Comisión de Peticiones de la Unión Europea calificó el caso de “inadmisible” y se comprometió a “estudiar el caso con cariño”, en caso de recibirlo en la Comisión y de hablarlo con el Defensor del Pueblo Europeo.
Por su parte, Jesús Hermida sentenció “el Estado es garante en última instancia de que esta compañía cumpla con la normativa”. En el caso de que la compañía no cumpla una norma, el Estado deberá responder ante esta situación.
Elecciones europeas
Por otro lado, Vicente Garcés señala que “en este momento son los sectores más débiles de la sociedad los que más están sufriendo, tanto en el área de la discapacidad como en el área social y económica”. Y añade: “Estamos en una Europa en la que, desgraciadamente, la desigualdades se acusan porque se agrandan, y por ello, hay una visión crítica de las políticas que diseña la Unión Europea”.
El eurodiputado socialista asegura que su partido reivindicará esta necesidad de cara a las elecciones del próximo año. “Estamos siguiendo muy de cerca esta problemática y muy comprometidos con ella. Confío en que todos se sumen”, agrega.
Siguiendo con las elecciones europeas, Javier Güemes señala que el 5 de junio de este año hubo una reunión del EDF con los presidentes de los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo, con la que se comenzó a indicar cuáles son, de acuerdo al movimiento europeo de las personas con discapacidad, la prioridades que deben incluirse dentro de los programas políticos de todos los ámbito europeo.
Güemes añade que “hemos presentado la movilización por parte del EDF a nivel europeo por parte de nuestros miembros a nivel nacional y también queremos hablar con los partidos políticos de qué es lo que debe incluirse en los programas políticos de todos los partidos y esperamos que estén las prioridades”.
