Como explica Nel González Zapico, presidente de Salud Mental España, “esta es una buena noticia, aunque no cumple con nuestras expectativas, que pasan por la paralización definitiva de este documento que vulnera varios artículos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. El Comité de Bioética debe orientar sus esfuerzos a promover la creación de una red de apoyos en el ámbito comunitario, basado en el respeto a la voluntad y preferencias de la persona, y en su consentimiento libre e informado”.

 

Por su parte, destaca Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de CERMI, “la sociedad civil española y europea ha conseguido detener la perpetración de una agresión incalificable a los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial, por quien como el Consejo de Europa fue creado para protegerlos. La amenaza inmediata se ha contenido, pero el peligro latente está ahí. Hemos ganado tiempo, pero no seguridad de que tamaña lesión a los derechos humanos no cobre nuevos bríos y vuelva más adelante. La denuncia y la presión siguen siendo necesarias, hasta que se deseche por completo este proyecto tan desacertado”.

 

 

El Protocolo, cuya puesta en marcha se verá suspendida hasta, cuando menos, finales del año 2024, confunde coerción y cuidados; autoriza la privación de libertad de la persona con problemas de salud mental basada en la presunción de riesgo; no apoya ni promueve la creación de recursos alternativos en los que se respeten la voluntad y las preferencias de las personas; y no da respuesta a las advertencias de los organismos más relevantes en el ámbito de los derechos humanos.

 

Tal es así que el Comité de Ministros del Consejo de Europa dará nuevas instrucciones al Comité Directivo de Derechos Humanos en los campos de la Biomedicina y la Salud para que, antes de finalizado 2024, presente un proyecto de recomendación que promueva el uso de medidas voluntarias en los servicios de atención de salud mental, y un informe sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de salud mental.

 

Asimismo, el Comité de Ministros también prevé la participación de las entidades de personas con discapacidad y de otras partes interesadas relevantes, caso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en las futuras discusiones en torno al nuevo proyecto, que deberá ser finalmente aprobado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE).

 

Es más; el Comité de Ministros también presentará una declaración que afirme el compromiso del Consejo de Europa con el objetivo de mejorar la protección y la autonomía de las personas en los servicios de atención de salud mental.

 

En definitiva, tanto el CERMI como Salud Mental España, que ya han manifestado reiteradamente su oposición al Protocolo y seguirán de cerca el trabajo del Consejo de Ministros para garantizar la salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial en toda Europa, consideran que “aunque estas decisiones no constituyen la retirada total del proyecto de Protocolo Adicional, dan instrucciones claras para detener el proceso actual y seguir trabajando para respetar la autonomía de la persona. Asimismo, celebramos el hecho de que el Comité de Ministros reconozca la importancia de involucrar a las organizaciones de la sociedad civil”.