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viernes, 31 de julio de 2015cermi.es semanal Nº 178

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
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Opinión

Evolución de la inclusión del alumnado universitario con discapacidad en España

Por Mª Celeste Asensi Borrás, Directora de la Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad. Universidad de Valencia

31/07/2015

Mª Celeste Asensi Borrás, Directora de la Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad. Universidad de ValenciaLa atención a estudiantes con discapacidad en cualquier etapa educativa precisa de un marco normativo bien establecido. A este respecto, la regulación en nuestro contexto ha llegado algo más tarde en el tiempo con relación a lo acontecido en otros países occidentales. Los inicios tuvieron en cuenta las etapas obligatorias, como así lo ejemplifica la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 y los distintos desarrollos que a partir de ella fueron surgiendo, pero el estudiantado universitario quedó ignorado. En educación superior la normativa de carácter general ha sido muy escasa, destacando fundamentalmente regulaciones específicas con relación a aspectos muy puntuales que se fueron desarrollando de forma pionera por algunas Universidades. Con el paso del tiempo, estas universidades han sido por lo general las que más estudiantes con discapacidad han tenido y tienen en sus aulas.
 
Los primeros estudiantes con discapacidad que se matricularon hace unos veinticinco años en las aulas universitarias de nuestro país no contaban con norma específica alguna que los amparara, más allá de los principios constitucionales generales. Las dificultades que encontraban una vez llegaban a la universidad eran muy diversas en función de las características personales de cada estudiante y, además, la previsión de soluciones brillaba por su ausencia. Estas situaciones motivaron que se empezaran a crear de forma puntual, según la sensibilidad de los gobiernos universitarios del momento, servicios o programas de apoyo que perseguían desarrollar actuaciones encaminadas a propiciar el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades.
 
Con el paso del tiempo, dichos servicios fueron creciendo con la prioridad de normalizar la vida universitaria de estos estudiantes hasta llegar al año 2007 en el que se publica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En su artículo 14 especifica que los procedimientos de acogida y orientación que deben ser dispuestos para todo estudiante de nuevo ingreso, exigirán para el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados; servicios que, además, evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares.
 
En los últimos tiempos el interés se ha acrecentado, al punto de contar con informes como el publicado en 2006 por CERMI. En dicho informe se constataba que la proporción de alumnado con discapacidad en las universidades públicas se mantenía en un 0,53% (7.247 alumnos con discapacidad respecto a 1.377.798 estudiantes matriculados en todos los niveles formativos en el conjunto de universidades públicas españolas). De aquellos datos se derivaba que el acceso de los jóvenes con discapacidad a la universidad seguía siendo muy bajo y, en cualquier caso, muy inferior al registrado por sus coetáneos sin discapacidad. Cinco años después de la publicación del Libro Blanco, Álvarez-Pérez (2012) documenta que sólo se registra la existencia de un 1% de estudiantes universitarios con discapacidad, y que solamente un 3% de las personas con discapacidad poseen un título universitario, lo cual bien podría deberse a que todavía son muchas las dificultades que han de sortear los estudiantes con discapacidad que deciden cursar estudios superiores. 
 
En un plano relativo, podríamos decir que la situación actual con relación al apoyo a estudiantes universitarios con discapacidad en España es bastante buena si tomamos como referencia lo que acontecía hace sólo unos diez años. Aunque hay bastante margen de mejora, los últimos años han supuesto un claro avance de acciones y políticas a favor de las personas con discapacidad, lo que se ha traducido en un incremento considerable de estudiantes que acceden a los estudios universitarios. Si bien, tampoco podemos dejar de ignorar que el porcentaje de los que logran finalizar sus estudios continúa siendo muy pequeño. Por consiguiente, cabe seguir progresando con el objetivo de que el apoyo ofrecido a cada estudiante constituya un proceso bien delimitado, con respuesta para todas las necesidades específicas que cada caso presente, sin ignorar ningún aspecto que, dentro de la universidad, pudiera suponer un factor potencial de discriminación frente al resto del estudiantado.
 
En consecuencia, dado que no toda discapacidad implica el mismo tipo de necesidades, la planificación y provisión de apoyos ha de reunir un conjunto muy heterogéneo de medidas y acciones para poder hacer real la equiparación de oportunidades si queremos que continúe progresando la inclusión del alumnado universitario. En muchos casos, tendremos que incorporar productos de apoyo, habrá de considerarse la posibilidad de contar con diferentes perfiles en el personal de apoyo (intérpretes de lengua de signos, asistentes personales, voluntariado…), se deberá pensar en la adecuación o no de desarrollar en estudios universitarios adaptaciones curriculares, cuestión que genera no poca controversia, etc. Medidas todas ellas que, o bien no se convierten en realidad, o bien lo hacen de forma muy diversa en cada universidad debido a que, a día de hoy, todavía no existe una homogeneidad en la estructura y fines de los servicios de apoyo que se han ido concretando en cada universidad española.
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