En el encuentro, Rosa Estarás y Soledad Cabezón, eurodiputadas del PP y del PSOE respectivamente, se han mostrado convencidas de que las recomendaciones que Naciones Unidas ha hecho a la UE para mejorar la aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad servirán para avanzar en la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

 

La eurodiputada popular ha afirmado que “es prioritario luchar contra la no discriminación de las personas con discapacidad”, resaltando en este sentido la necesidad de la empleabilidad de este grupo social, mientras la parlamentaria socialista ha pedido avances en accesibilidad universal y ha exigido que se garantice a toda la ciudadanía el ejercicio del derecho al voto, algo que no sucede en 21 de los 28 estados miembro, donde las personas con discapacidad intelectual  o enfermedad mental no pueden asistir a la cita con las urnas.

 

Por otro lado, durante la inauguración de las jornadas, Isabel Mateo, responsable del área de Educación y Asuntos Sociales de la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España, ha recordado que la UE fue la primera organización regional en firmar la Convención de la ONU, mientras Juergen Foecking, adjunto al director de la Representación en España de la Comisión Europea, ha subrayado el compromiso de la Unión con la discapacidad. Además, el presidente del CERMI, Luis cayo Pérez Bueno, ha hecho hincapié en la urgencia de aprobar una directiva sobre no discriminación y otra en materia de accesibilidad.

 

Por su parte, Ana Peláez, miembro del Comité de derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ha señalado que las observaciones de la ONU tendrán una importante influencia en la UE en aspectos como la capacidad jurídica, el consentimiento informado, la transversalidad de género y de  infancia, y   en la protección social de los ciudadanos con discapacidad. Además, ha advertido de que las instituciones comunitarias volverán a examinarse en 2017, y tendrán que pronunciarse en 10 meses sobre las mejoras que se hayan llevado a cabo en asuntos como la accesibilidad universal.

 

La jefa de Unidad de Programas Europeos de la Fundación ONCE, María Tussy, ha recordado que “los límites de actuación de las instituciones comunitarias están marcados por el principio de transferencia, ya que sólo puede actuar en los ámbitos que le han sido transferidos por los Estados”.

 

Asimismo, la presidenta del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF por sus siglas en inglés), Catherine Naughton, ha subrayado la importancia de que se refuerce el “diálogo estructural” entre los representantes de la discapacidad y todas las instituciones europeas. “Reconocemos que ha habido diálogo, pero no estaban incluidas todas las instituciones y las reuniones eran predecibles”, ha indicado Naughton, quien además ha mostrado su deseo de que se apliquen cuanto antes las recomendaciones que la ONU ha hecho a la UE en materia de políticas de apoyo a la discapacidad.

 

 

La coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, ha reclamado a las instituciones europeas que a la hora de elaborar y aprobar directivas que busquen la igualdad de género se tengan en cuenta aspectos que vayan más allá de la equidad en el mercado laboral, aunque resaltó que en los últimos años sí se ha progresado en asuntos como en la lucha contra la trata.

 

Entre tanto, la delegada del CERMI para la Convención de Naciones unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Derechos Humanos, Leonor Lidón, ha puesto de manifiesto la importancia de los indicadores de los derechos humanos para reflejar la realidad de las personas con discapacidad. “Necesitamos hacer un análisis adecuado de la desigualdad para poder pasar a la acción”, ha agregado.

 

Por otro lado, Óscar moral, asesor jurídico del CERMI, ha comentado QUE  las leyes en materia de discapacidad “son una herramienta imprescindible para el cambio de paradigma que se necesita para conseguir la plena igualdad de oportunidades”, aunque HA LAMENTADO que los plazos fijados por las diferentes leyes que han estado y están en vigor en materia de accesibilidad universal no se han ido respetando, “y en muchos casos el primer incumplidor ha sido la propia administración”.

 

Patricia Cuenca, profesora de la universidad Carlos III de Madrid (UC3M), ha explicado que la Estrategia Europea 2010-2020 en materia de discapacidad es positiva, aunque ha señalado que en  múltiples aspectos le falta concreción, poniendo como ejemplo que “en materia de igualdad, el objetivo es erradicar la discriminación por razón de discapacidad en la UE, para lo que se habla de utilizar la legislación vigente, y no de aprobar nuevas leyes”.

 

Por último, Javier Güemes, director técnico de Relaciones Internacionales del Consejo General de la ONCE, ha declarado que algunas directivas europeas pueden hacer que determinados estados sientan malestar “porque entienden que hay una intervención desproporcionada”, y ha subrayado la importancia de que se sigan adoptando las medidas que sean necesarias para alcanzar la plena accesibilidad universal y por tanto, la igualdad de derechos.