En lo que nos afecta principalmente, y por ser lo más precisos posible, la discapacidad entra por primera vez dentro de la agenda de las decisiones que toma el comité de dirección del GRI a nivel mundial, cuya sede está en Ámsterdam. El proceso no fue sencillo ni fácil a la hora de que determinados indicadores o cuestiones entren en la agenda del GRI.

 

El mundo de la discapacidad, en particular, y la responsabilidad corporativa, en general, llevan muchos años reclamando que los derechos de las personas con discapacidad estén presentes en la agenda del GRI. Ya lo habíamos intentado anteriormente y se había hecho un trabajo tremendo, de una gran profesionalidad y brillantez por parte de la gente de la Fundación ONCE (especialmente por parte de Miguel Ángel Cabra de Luna y su equipo), que había participado en todo ese proceso. Se abrió la posibilidad en las últimas semanas, con una movilización masiva, liderada por el CERMI y la Fundación ONCE, por tanto desde España. 

 

Se ha puesto en movimiento a todas las personas vinculadas a la discapacidad y a todas las organizaciones del mundo de la discapacidad. Gracias a esta reivindicación, GRI ha dicho que la discapacidad pasa a ser una de las prioridades de su agenda y el siguiente paso será la creación de un grupo de trabajo con cuestiones más técnicas y donde se pasará a analizar cómo, cuándo y qué indicadores entran a formar parte de la agenda de GRI. Aquí me gustaría destacar el gran trabajo y las grandes aportaciones de todas las partes, así como agradecer a todas las personas que, de una u otra manera, han formado parte de la iniciativa.

 

 

¿Cómo se podría explicar en términos prácticos qué supone esta decisión para la discapacidad?

 

Es una cuestión no sólo importante, sino histórica, sin temor a equivocarme. Creo que es muy importante para el mundo de la discapacidad, en particular, y para el sector de la responsabilidad corporativa, en general. Además, es una cuestión que afecta a otras áreas de forma transversal. GRI es el principal estándar por el que las empresas se evalúan, autoevalúan o se miden desde el punto de vista del reporting, y eso supone que la discapacidad pasa a estar presente en esos indicadores. Por lo tanto, todas las empresas y organizaciones del mundo que pasen por el filtro del GRI desde el punto de vista de la evaluación van a tener que contar con la discapacidad y poner en marcha políticas de discapacidad y tener en cuenta los derechos de las personas con discapacidad a la hora de informar de sus avances y de sus actividades.

 

¿Cuál es, a su juicio, la principal ventaja de esta medida?

 

El hecho de que, en el gran mapa de la responsabilidad corporativa, la discapacidad en términos de GRI estaba ausente. La discapacidad no estaba presente y al formar parte la discapacidad de la sociedad y del mundo, en general, ese mapa elaborado por GRI estaba incompleto y no era real porque no incluía a las personas con discapacidad. 

 

Es una gran oportunidad no sólo para las personas con discapacidad, sino también para todas las organizaciones y para todas las empresas de todo el mundo avanzar, mejorar e integrar dentro de sus políticas y tomas de decisiones todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad: la accesibilidad, la integración, el empleo directo e indirecto, cadena de valor, contratación socialmente responsable… Es decir, todo esto tiene que servir de acicate para unos y aprendizaje para otros y también es una gran oportunidad. 

 

Antes ha hablado del papel tan determinante que se ha desempeñado desde España. Puede explicarlo un poco más. El CERMI y la Fundación ONCE pusieron en marcha una campaña. ¿Qué más acciones se han hecho?

 

Fue una campaña que la recordaremos por mucho tiempo. Primero por la importancia de lo que se reivindicaba y se pedía a través de esa campaña. Segundo, por la capacidad de movilización que, al final, nos hemos dado cuenta de que hemos tenido. Es una decisión mundial muy importante. Buscábamos la movilización, la reclamación, la petición o la adhesión a esta campaña por parte de entidades supranacionales e internacionales, principalmente de otros países. Al final hemos encontrado un gran apoyo, un gran eco, una gran respuesta en muchísimas organizaciones internacionales, personas, instituciones... 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta la rapidez en el tiempo. Fue una carrera casi contrarreloj desde el momento en que nos pusimos en marcha. Una vez que conocemos  que hay una ventana abierta en GRI y que su Comité de Dirección puede atender esa propuesta y puede incluir la discapacidad en su agenda, en un tiempo récord se pone en marcha una plataforma de adhesión, una movilización a nivel global liderada por dos entidades: el CERMI y la Fundación ONCE. 

 

Me quedaría con otro dato que tiene que ver con Marca España y el liderazgo que se ha producido de todo este tema desde España, y es el hecho de que la discapacidad pasa a estar en GRI por una iniciativa liderada desde España que va a beneficiar a todo el mundo. Es un tema importante que, además, tiene que conocer, saber y participar la Administración pública. Es un tema de mucho calado que enlaza perfectamente con los postulados, las reivindicaciones y reconocimientos que ha habido hacia España por parte de entidades o de organismos internacionales, y uno de estos casos es el Premio Franklin Delano Roosevelt, que se ha recibido recientemente y que Su Majestad la Reina recogió.

 

 

Con la marca España no se habla tanto de la discapacidad y debería estar mejor considerada…

 

Esto es una demostración de que lo social también construye Marca España. Lo social también forma parte de las marcas y la discapacidad también construye marca, reputación y valor añadido a una marca, a un concepto, a una imagen y a un país.

 

¿En qué medida la discapacidad, hasta ahora, está representada en las memorias de sostenibilidad de las empresas?

 

Hasta ahora, y como concepto que formase parte de GRI, era una cuestión que estaba ausente. Por eso insisto en que el mapa no estaba completo y había una parte de la población y sus familias que no estaban representadas. Eso no quiere decir que algunas entidades que estaban examinándose o reportando en términos de GRI no estuvieran haciendo cosas en torno a la discapacidad. Ahora es la gran oportunidad y la gran novedad que tenemos después de esta campaña y de la respuesta del máximo responsable mundial del GRI, Ernst Ligteringen, para que la discapacidad pase a estar reconocida dentro de los estándares de la responsabilidad social, que, al final, son un reflejo de la sociedad. 

 

¿Qué ámbitos empresariales cree que serán más proclives a desarrollar esos indicadores en las memorias de la RSE?

 

Esto es un camino que en algunas organizaciones y sectores estaba ya iniciado, pero vendrá a reforzar y a contribuir al hecho de que la discapacidad ya está en las agendas, y está para no desaparecer y no retroceder en cuanto a actuaciones, programas y reconocimiento dentro de los programas que las organizaciones tienen en marcha dentro de sus estrategias de responsabilidad corporativa o de sostenibilidad.

 

En cuanto a sectores, hay un gran avance de los últimos años en el sector financiero. También se dieron pasos muy importantes en el sector tecnológico, especialmente de las nuevas tecnologías desde el punto de vista de la RSE y de la discapacidad, en particular, sobre todo en términos de accesibilidad, aunque queda muchísimo camino por recorrer. 

 

 

 

Suponemos que esta conquista tardará un tiempo en madurar. ¿Esta decisión es de obligado cumplimiento? ¿Qué ocurriría si alguna entidad o marca global no incluye estos estándares de discapacidad en sus memorias?

 

No es coherente por parte de ninguna organización ser muy buenos en una cosa y muy malos en otra, o dejar desatendida una cosa que tiene que ver con una cuestión tan sensible como son los derechos de las personas, en este caso de las personas con discapacidad y sus familias. Una cuestión a la que la empresa, como parte de la sociedad, no debe ser ajena porque forma parte de la misma.

 

Entonces, ¿esperan que llegue un momento en el que las memorias de responsabilidad social incluyan con normalidad los estándares de discapacidad, como ocurre ahora con cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el medio ambiente?

 

Correcto. De hecho, hay otras cuestiones dentro de esas consideradas políticas de responsabilidad social que estaban ya reconocidas en GRI y que, puestas en la balanza, tenía poco sentido que la discapacidad no estuviese presente en este estándar. Es una novedad importante. Ha habido reacciones de todo el mundo, de muchísimos países, sobre todo de las iniciativas y personas que se han ido adhiriendo, y de organizaciones que estaban presentes en esta demanda. Esta decisión es histórica porque era una cuestión pendiente y ahora se abre verdaderamente la oportunidad para que las organizaciones la incorporen de manera mucho más legítima, rigurosa y estratégica dentro de sus actuaciones.

 

¿Ayudará al empleo de las personas con discapacidad el hecho de que se extiendan estos estándares?

 

Desde el punto de vista de las consecuencias o de los impactos, una de las principales cuestiones a las que va a ayudar es el reconocimiento y la legitimidad desde el punto de vista de los derechos. Hay otras cuestiones posteriores, y una de ellas es el empleo directo de las personas con discapacidad, como integración dentro de la cadena de valor de un Centro Especial de Empleo, por ejemplo, o que desde el punto de vista de las políticas de compra se incentive de manera indirecta el empleo de personas con discapacidad a través de tus proveedores. 

 

Otro ejemplo tendría que ver con el desarrollo de políticas que tienen que ver con la accesibilidad dentro del diseño de productos y servicios que una empresa está comercializando, contratando, apoyando o financiando. 

 

Al final, es todo una cadena y entender la discapacidad desde el punto de vista transversal. Ése es el trabajo que queda ahora, o a partir de ahora, una vez que GRI abra ese grupo de trabajo para todas las cuestiones técnicas en torno a los indicadores.

 

 

¿Las administraciones públicas deberían darse por aludidas con esta decisión de GRI?

 

Las administraciones públicas, como parte de la sociedad y como servidores de la sociedad o de la cosa pública, deben ser parte de todas las estrategias de responsabilidad corporativa. No puede ser que una administración pública sea quien tiene que velar por el cumplimiento del empleo directo de las personas con discapacidad en las empresas y ellos mismos incumplan algo por lo que ella misma tiene que velar. Hay algo de incoherente en todo esto y algo no encaja. La administración pública tiene ahora mismo recursos que no tienen un coste económico añadido para fomentar todo lo que tiene que ver con la responsabilidad corporativa, en general, y la discapacidad, en particular, y pueden favorecer, incentivar y poner en marcha que las empresas privadas (grandes, pequeñas o medianas) pongan también en marcha iniciativas de este tipo. 

 

Se tiene que dar por aludida. Nadie que forma parte de una sociedad debe ser ajeno a las realidades de la sociedad desde el punto de vista del empleo directo e indirecto,  favorecer cláusulas sociales y, en definitiva, de revisar su cadena de valor desde la responsabilidad corporativa. Son muchas las cosas que la administración puede hacer y todavía no ha puesto en marcha.