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La Fiscalía General del Estado y el CERMI actuarán conjuntamente para promover la aplicación de la Convención de la Discapacidad en la Justicia
15/04/2012
La Fiscalía General del Estado y el CERMI intensificarán su relación institucional para promover más activamente la aplicación de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas en el ámbito de la Justicia.
En una reunión al más alto nivel mantenida entre los representantes de ambos organismos, se acordó prestarse apoyo mutuo para impulsar desde cada parte las reformas y modificaciones legales precisas para dar cumplimiento a los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En especial, lo derivados de artículo 12, dedicado a la igual capacidad jurídica; del artículo 13, sobre acceso a la Justicia; del artículo 14, relativo a libertad y seguridad y del artículo 29, sobre participación política y en la vida pública, entre otros.
Asimismo, el CERMI informó a la Fiscalía General del Estado de su petición al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, para la creación por éste de una Fiscalía especial para los Derechos de las Personas con Discapacidad y Personas Mayores, y Apoyo a la Toma de Decisiones, ya que resulta imprescindible que dentro de la Fiscalía General del Estado exista un órgano especializado que realice el seguimiento de esta amplia materia.
Otro aspecto abordado fue la necesidad de intensificar la “línea caliente” entre la Fiscalía General del Estado y el CERMI para la alerta temprana sobre graves casos de violación de derechos humanos de personas con discapacidad, de modo que permita actuar con rapidez y contundencia en defensa de este tipo de víctimas.
Por otra parte, el CERMI pidió más medidas para mejorar la protección de derechos de las personas con discapacidad institucionalizadas (residencias, hogares colectivos, etc.), así como personas con discapacidad en el medio penitenciario, por la extrema precariedad de su situación.
Ambos organismos acordaron también tener una especial consideración a las personas con enfermedad mental como sujetos particularmente expuestos a vulneraciones de sus derechos, en materias tales como los internamientos forzosos, los tratamientos ambulatorios involuntarios, que son contrarios a la Convención internacional, la capacidad jurídica y el apoyo a la toma de decisiones, el acompañamiento social y sanitario, etc.
Por último, se señaló la necesidad de mejorar los datos sobre discapacidad o relacionados con ella en las estadísticas y registros del Ministerio Fiscal, para su incorporación a las Memoria anuales.
