Su agenda es una de las más apretada de la Comunidad, ¿tiene idea de los convenios que firmó durante el pasado año?

 

La verdad es que no los llevo en cuenta, pero sí que es cierto que desde el CERMI de Castilla y León promovemos un montón de proyectos que tienen como objetivo final la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

 

Esto tiene una doble lectura. Por una parte, que su asociación es muy activa y reivindicativa y, por otra, que todavía queda mucho por hacer...

 

Así es. Queremos seguir dando pasos para conseguir esa calidad de vida de la que te he hablado antes y, si bien se han dado pasos de gigante, también es verdad que todavía queda mucha distancia para que las personas con discapacidad puedan hablar abiertamente de que vivimos en una sociedad de igualdad de oportunidades, que es el objetivo a conseguir. Nosotros nos marcamos una serie de objetivos año a año para ir limando esa diferencia que se traducen en proyectos y que son los que se firman con las administraciones públicas, organismos y empresas privadas y con la sociedad en general para construir ese objetivo de vivir en igualdad de oportunidades.

 

Y los proyectos se traducen en mucho trabajo...

 

Desde luego. Aquí en Castilla y León se ha estado trabajando muy duro para ir acoplando el sistema de dependencia que siempre hemos entendido que es una ley viva, que debe ser susceptible de mejoras porque reconoce un derecho subjetivo para las personas, que es el de recibir una prestación en función de su grado de dependencia. Y como tal, debe ser una ley que recoja las necesidades del colectivo y que sea útil para poder vivir bajo una autonomía personal que les permita alcanzar esa calidad de vida de la que hablo. Ha sido un año en el que la crisis económica y social ha afectado mucho a las personas dependientes y a sus familias y para nosotros era muy importante que esa crisis no se cebara con los sectores más desfavorecidos como es el nuestro. Por eso hemos estado muy atentos para que el peso de la crisis no mermara ni el sistema de dependencia y ni el catálogo de servicios que ofrece.

 

¿Percibe sensibilidad por parte de todos los agentes implicados en la mejora de esa calidad para las personas con discapacidad?

 

Trabajamos en diferentes niveles, porque la administración, además de tener sensibilidad, debe legislar para todas las personas pero, sobre todo, para las que más difícil lo tienen como es este colectivo que necesita apoyos para vivir su día a día y que en la ley de dependencia se traducen en derechos. Nosotros hemos estado alerta para que no se dieran pasos atrás en esa conquista de derechos motivados por la crisis y, aunque no se ha podido remediar que nos haya afectado, sí que es verdad que hemos intentado amortiguar el daño lo máximo posible y, sobre todo, estar preparados para que cuando la situación económica repunte, el colectivo sea el primero en notarlo.

 

Destripe la Ley de Dependencia. ¿Qué carencias mantiene?

 

Sobre todo dos. La primera de ellas es que no se mantiene el principio de equidad en todo el territorio español y su desarrollo, por lo tanto, es desigual en función del territorio en el que se encuentre el discapacitado. Esto crea desigualdad y por eso nosotros reivindicamos que sea el Gobierno de la nación el que fije unos criterios mínimos de obligado cumplimiento en todo el territorio español y que esos criterios tanto de catálogos de servicios como de financiación de la propia ley sean de obligado cumplimiento en todas las autonomías y que éstas solo puedan desarrollar la ley para mejorar los mínimos establecidos y acordados en el marco estatal, pero nunca por debajo o diferente.

 

El otro grave problema es el excesivo copago que se está aplicando a los servicios de dependencia. Un sistema que tienen por derecho las personas dependientes, que en la propia ley viene como se financia, no puede generar un coste elevado que prohiba a ciertas personas acceder a esos servicios porque no tienen los recursos económicos suficientes o porque tienen que desembolsar hasta el 90 por ciento de sus ingresos personales.

 

De ahí que el pasado mes de diciembre pusieran en marcha una Iniciativa Legislativa Popular para modificar ese copago de la ley de dependencia al entender que expulsa a las personas con discapacidad y sus familias de la protección de esta ley...

 

El objetivo es llegar a las 500.000 firmas hasta el mes de junio para presentar esta iniciativa para que se abra de nuevo el debate en el Congreso de los Diputados y modificar esos criterios que entendemos que, en ningún caso, puede superar el 60 por ciento de los ingresos de la persona y que estos criterios sean de obligado cumplimiento en todas las comunidades. La campaña que estamos realizando para promover todo esto es espectacular y estamos muy ilusionados porque se están implicando muchos sectores de la sociedad, como universidades, colectivos muy allegados a nosotros como son los de la plataforma del tercer sector, entidades del voluntariado, de exclusión social. 

 

Prácticamente todas las capas de la sociedad están de acuerdo en que este sistema de dependencia, que tiene que convertirse en otro pilar del estado de bienestar y que, tarde o temprano nos va a afectar a todos, sea equilibrado, justo y al que todo el mundo pueda acceder con independencia de su situación económica.

 

Desde que comenzó 2015 se ha regulado por ley la cualificación profesional de la figura del asistente personal...

 

Es otra de las áreas en las que hemos estado trabajando con intensidad estos últimos años porque era una de las prestaciones que menos desarrollo había tenido y entendemos que es una prestación novedosa y de futuro. Es una figura que en Estados Unidos y Europa está muy extendida pero que en España está en fase de desarrollo. Por eso había que darla a conocer, porque aquí estamos acostumbrados a un sistema encorsetado que ofrecía centros de día, residencias... pero muy pocas posibilidades de vivir en el entorno familiar y con esta figura se soluciona este aspecto. Predif es la asociación que más ha apostado por ello y por eso hemos estado organizando jornadas para dar a conocer las posibilidades que tiene la asistencia personal en todos sus ámbitos. Por eso es importante esta cualificación, porque nos va a garantizar que están debidamente formados para atender las necesidades básicas de una persona con discapacidad y dependiente y que su encuadre laboral sea el adecuado, ya que a día de hoy, estaba encuadrado en la figura de cuidador doméstico y un asistente personal no es eso. Además la prestación de este servicio se puede complementar con otras como la asistencia a un centro de día, la promoción de la autonomía personal etc.

 

La semana pasada los profesionales de la dependencia puntuaban con un 10 el desarrollo de la Ley en Castilla y León. ¿Están de diez los dependientes de la Comunidad?

 

Dentro de ese desequilibrio que hay en todo ese territorio español, Castilla y León es de las autonomías que mejor está en cuanto al sistema de dependencia y al acceso de los servicios de este sistema. Desde Cermi siempre hemos tenido un marco de diálogo fluido con la consejería de Familia. Es verdad que desde el inicio de la legislatura se aplicaron recortes en ciertas prestaciones, algo que nos dolió porque afectaba a personas muy necesitadas pero entendíamos que era un momento agudo de la crisis en el que para nosotros lo más importante era que no se destruyeran servicios para las personas dependientes, y ese objetivo se ha conseguido. Han sido tres años difíciles pero es verdad que el sistema de dependencia de Castilla y León destaca por encima de la media porque los dependientes pueden acceder a los servicios a los que tienen derecho y, además, las listas de espera no llegan a dos meses desde que una persona es valorada hasta que accede al servicio que ha elegido. Todavía queda capacidad de mejora y seguimos trabajando en ello, pero hay que reconocer el esfuerzo por mantener estos servicios.

 

El trabajo para una personas con discapacidad tiene el valor añadido de la integración. ¿Cómo está la situación en el colectivo?

 

Es una de las asignaturas pendientes dentro del sector de la discapacidad y una reivindicación histórica. Los índices de desempleo triplican los índices de las personas sin discapacidad. Hay un dato que refleja la situación del colectivo y es que cerca del 38 por ciento de las personas con discapacidad ni siquiera busca un empleo desmotivados por la dificultad que tiene encontrarlo para ellas. Ese estado de desánimo siempre ha sido latente, reseñable y desagradable para todos. Por eso estamos en un proceso de atacar esta asignatura pendiente para que el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad sea fluido.

 

Y cómo lo están haciendo...

 

Dando estabilidad a los centros especiales de empleo que en la actualidad dan trabajo al 80 por ciento de las personas con discapacidad  que están trabajando. Es importante que se mantenga la financiación para que así puedan asumir esa carga de trabajo que generan. También es verdad que los propios centros de empleo deben ir mejorando su competitividad y en esta mejora tenemos que ir de la mano de la Administración pública, con su apoyo decidido y estable. Por otro lado, hay que seguir insistiendo con el tejido empresarial privado, que tienen que dar pasos más específicos y ser responsables con la sociedad en la que viven y apostar por la contratación de personas con discapacidad.

 

Las personas con discapacidad están en un momento óptimo para acceder al mercado laboral, están preparadas, son productivas y objetivas para una empresa y el empresario no puede tener ninguna duda de ello. Si queremos construir una sociedad de ciudadanos activos y más en un colectivo como el nuestro en el que existe una inactividad laboral con el coste que ello conlleva tanto social como económicamente, tenemos que poner las herramientas necesarias para contratar a personas con discapacidad.

 

Precisamente, la Junta creó en junio un registro de entidades para poner en contacto a empresas y demandantes de empleo con discapacidad. ¿Está funcionando?

 

Sí, era una de las demandas que teníamos desde el Cermi con el objetivo de que las empresas con programas y proyectos de inserción laboral puedan demandar perfiles concretos de trabajadores dentro de los discapacitados y que la relación entre las entidades que promueven la contratación de personas con discapacidad y las empresas privadas sea fluida y armonizada. Es importante que las empresas sepan dónde acudir cuando quieren contratar a una persona de nuestro colectivo. Ese contacto directo era fundamental que esa relación era más estrecha y con este registro se está consiguiendo.

 

Y eso, cuántos puestos de trabajo son...

 

La verdad es que el empleo tanto en los centros especiales como en la empresa privada se ha aumentado. No es que sean unos datos cuantitavamente hablando relevantes pero sí dan esperanza e indican que las políticas que estamos realizando de fomentar la contratación están siendo positivas y que si seguimos avanzando en este banco de colaboración estrecho, cuando la situación económica lo permita, mejoraremos ampliamente esos índices de empleo de las personas con discapacidad y reduciremos esa brecha social que sigue existiendo en el mercado laboral entre las personas con discapacidad y las que no la tienen.

 

Hablamos de un índice ocupacional del 27 por ciento…

 

Así es, es un índice muy bajo y, por desgracia, aquí no dependemos tanto del ciclo económico, tanto si es positivo como si es negativo, como es el caso de estos últimos años. Son datos de ocupación laboral muy bajos, pero muy altos de preocupación y de desánimo, que hace que mucha gente desista de buscar un empleo. Insisto en que esta situación socialmente es insostenible al margen del gasto que ocasiona a la economía. Es difícil de entender que no se invierta en convertir clases pasivas en clases activas. Y esto sólo se hace con voluntad y convencimiento a través de políticas activas de creación de empleo para el colectivo.

 

Para terminar, ¿cómo va ese mundo sin barreras arquitectónicas que demandan? ¿Quedan muchos muros que derribar?

 

Lamentablemente sí. Es un área en la que se ha avanzado, pero queda camino por recorrer. La falta de accesibilidad sigue siendo uno de los elementos más criticables con los que se siguen encontrando las personas con discapacidad y que les impide vivir de una forma normalizada. Nos separa de una sociedad que progresa. Por eso hay que exigir mayor rigidez con el cumplimiento de la ley de accesibilidad y apoyo coordinado y decidido de toda la sociedad.