Así lo ha manifestado la entidad, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre, en un manifiesto que ha publicado en el que se recogen las principales reivindicaciones de las mujeres y niñas con discapacidad.

 

De esta manera, la entidad asegura en este documento que la irrupción de la COVID-19 ha puesto de manifiesto una situación de extrema vulnerabilidad de miles de mujeres y niñas con discapacidad, así como de madres y cuidadoras de familiares con discapacidad, quienes han visto “conculcados sus derechos más elementales durante la pandemia en muchos países del mundo”.

 

De hecho, explica la FCM en su manifiesto, esta realidad “ha sacado a la luz los déficits de una sociedad que aún considera prescindibles algunos recursos y servicios que son esenciales para una mujer con discapacidad en su día a día”, algo que se traduce en “una vulneración de derechos fundamentales durante este período de excepcionalidad”.

 

 

La entidad asegura que es “preocupante” el incremento en el número de solicitudes de información y de ayuda registradas en los servicios especializados en violencia de género, así como el impacto negativo que han producido las restricciones establecidas ya que, en muchos casos, las mujeres se han visto obligadas a convivir, sin alternativa posible, con su maltratador.

 

También se refiere en el manifiesto a las mujeres con discapacidad mayores, que siguen viviendo “institucionalizadas en centros segregados”, lo que ha ocasionado “graves consecuencias para ellas durante la pandemia y muchas de ellas a día de hoy siguen confinadas”. En este sentido, defiende que se asegure que estas instituciones residenciales sean supervisadas con el fin de impedir que se produzcan casos de negligencia, malos tratos y abuso.

 

De la misma manera, la FCM también considera “preocupante” el caso de las mujeres con discapacidad sometidas a explotación sexual y trata, cuya situación se ha visto especialmente agravada durante la pandemia.

 

 

Desde la Fundación CERMI Mujeres, explican que los obstáculos de accesibilidad y la falta de ajustes de procedimiento en el sistema judicial hacen que el acceso a la justicia sea negado en la práctica a las mujeres con discapacidad por lo que según la entidad “es necesario aplicar políticas adecuadas que tomen en consideración nuestras demandas específicas y no tilden a estas flagrantes violaciones de nuestros derechos humanos como meras excepciones”. 

 

 

De esta manera, la FCM demanda que se ponga en marcha una Macroencuesta específica sobre la violencia de la que son objeto las mujeres y niñas con discapacidad y que se garantice la accesibilidad universal de los centros y servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género, de los juzgados, y de las campañas y materiales informativos de sensibilización.

 

En este sentido, reivindica que se ponga en marcha un estudio diagnóstico que permita conocer la situación en la que se encuentran mujeres con discapacidad sometidas a prostitución y trata y asegurar su adecuada consideración en el próximo Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

 

En materia de formación, la entidad aboga por reforzar la formación que reciben los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios sanitarios y servicios sociales en materia de violencia contra las mujeres con discapacidad e impulsar protocolos de coordinación entre estos actores involucrados en el abordaje de la violencia machista.

 

En relación a las futuras leyes de garantía de la libertad sexual y contra las violencias machistas, reclama que “no nos ignoren e incluyan esas otras formas de violencia que también sufrimos por el mero hecho de ser mujeres y niñas con discapacidad, tales como la manipulación y el engaño”. De igual modo, piden que se garantice el acceso a la justicia de las mujeres y niñas con discapacidad, asegurando la plena accesibilidad de todas las garantías procesales.

 

Por último, la Fundación CERMI Mujeres solicita en el manifiesto que no se olvide la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y que se reforme con el objetivo de orientarla a la autonomía personal y dotarla presupuestariamente a fin de que pueda servir para promover la vida independiente de miles de mujeres con discapacidad. Asimismo, recalcan que, en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se trabaje en el desarrollo e implantación de la figura de la asistencia personal en el ámbito de la violencia contra las mujeres con discapacidad.