Para otorgar cobertura a este segmento de la mujeres y niñas con discapacidad, el Patronato de la Fundación CERMI Mujeres ha modificado sus estatutos para reflejar expresamente en sus fines la protección de las mujeres que como las forzadas a prostituirse o expuesta a resultar víctimas de trata ven arrasados sus derechos humanos más básicos.

 

Así, en los propósitos fundacionales se señala el de “promover el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres y niñas con discapacidad, tomando en consideración las mujeres con discapacidad que se desenvuelven vitalmente en los últimos márgenes sociales con un mayor riesgo de exclusión y vulneración de derechos, tales como las mujeres y niñas con discapacidad prostituidas y víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual”.

 

La reforma estatutaria también cita como grupos diana a “las mujeres y niñas con discapacidad que se vean o puedan verse inquietadas por su orientación, opción o identidad afectivo-sexuales (LGTBQI+)” o “las mujeres y niñas con discapacidad desplazadas, solicitantes de asilo o refugiadas, entre otras mujeres y niñas cuyas identidades y/o situaciones sociales precarias se entrecrucen con la situación de discapacidad”.

 

Para el desarrollo de estos fines, CERMI Mujeres toma en cuenta y asume con convicción el paradigma de la interseccionalidad, el cual comporta que para comprender la situación de las mujeres y niñas con discapacidad que están siendo oprimidas y discriminadas, es preciso conocer y tener presente el contexto y su análisis crítico.

 

La interseccionalidad como paradigma trabaja como un marco interpretativo, reconociendo que los sistemas de raza, clase social, género, sexualidad, etnicidad, nacionalidad, discapacidad, edad, medio vital de residencia, entre otros, configuran y dan forma a las características de las organizaciones sociales, que al mismo tiempo dan forma a las experiencias de las personas oprimidas/discriminadas.