Así lo ha puesto de manifiesto la vicepresidenta ejecutiva de la FCM, Ana Peláez, durante su comparecencia en la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, con el fin de que los diferentes grupos parlamentarios tengan en cuenta las reivindicaciones de las 2,5 millones de mujeres y niñas con discapacidad que residen en España, cifra que asciende a 48 y 600 millones de personas a nivel europeo y mundial, respectivamente.

 

Ana Peláez, que ha comenzado su intervención mostrando su gratitud por el hecho de que la Subcomisión haya dado voz a las mujeres con discapacidad, ha hecho hincapié en que todavía existen pocos datos referidos a la violencia contra este grupo social, “aunque todos los que ya tenemos alertan de una mayor incidencia de todos los tipos de violencia en comparación con las mujeres y niñas que no tienen discapacidad”.

 

En este sentido, ha reclamado que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género incluya la variable de discapacidad en todas sus estadísticas y que además, realice una macroencuesta específica sobre la situación de las mujeres con discapacidad ante todas las formas de violencia.

 

La vicepresidenta de la FCM ha exigido también que se acabe con las esterilizaciones sin el consentimiento informado de las mujeres y niñas con discapacidad; que se erradiquen los abortos coercitivos; desplegar planes de formación sexual dirigido a las adolescentes y niñas con discapacidad, e impulsar la implicación del Ministerio Fiscal a la hora de investigar posibles casos de violencia contra mujeres con discapacidad en ámbitos residenciales.

 

Mejorar la formación de los y las profesionales que atienden a víctimas de violencia con discapacidad; realizar los ajustes razonables necesarios para que las víctimas con discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones a la justicia; hacer accesibles los recursos de asistencia a víctimas, como las casas de acogida, y tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y niñas que adquieren una discapacidad tras situaciones de violencia o abusos y que en muchos casos ni siquiera solicitan el certificado oficial de reconocimiento de discapacidad, son otras de las reivindicaciones planteadas por Ana Peláez para un futuro pacto de estado.

 

Asimismo, ha explicado que es necesario que se amplíe el concepto de violencia de género más allá del ámbito de la pareja, porque por ejemplo, las mujeres con discapacidad están expuestas a abusos que en muchos casos se dan en su entorno familiar o residencial. Igualmente, ha instado a los diferentes partidos a tener en cuenta tratados internacionales como el Convenio de Estambul o la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Por otra parte, Ana Peláez ha destacado la relevancia de que la incapacitación legal no sea sinónimo de anular derechos legales, económicos y reproductivos de las mujeres con discapacidad, porque en ocasiones, “esto hace que sean más vulnerables ante situaciones de abusos, ya que no tienen riesgo de quedarse embarazadas o afrontan más barreras para acceder a la justicia”.

 

Por último, la responsable de la FCM ha subrayado el trabajo que la entidad ha desarrollado durante sus casi tres años de existencia, centrado, entre otras cuestiones, en la mejora de la formación de profesionales que atienden a víctimas de violencia de género con discapacidad como la Policía, elaborar informes y estudios para contribuir a arrojar luz sobre la violencia machista contra las mujeres con discapacidad y el desarrollo de un plan de mediación con víctimas de esta lacra, financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.