Así lo ha explicado Caballero durante su participación en el seminario ‘Mujeres con discapacidad y violencia de género: acceso a la justicia’, celebrada en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y organizada por el Instituto Bartolomé de las Casas de dicha institución universitaria y la FCM.

 

La coordinadora de la FCM ha destacado en su intervención la necesidad de cumplir tratados internacionales tan importantes como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Violencia contra la Mujer.

 

Elena Martínez García, profesora titular del Departamento de Derecho Administrativo y Procesal de la Universidad de Valencia, ha pedido que se lleven a la práctica los mandatos recogidos en el Convenio de Estambul. Mientras, Esther Castellanos Torres, doctora en Sociología especialista en género por la Universidad de Alicante, ha expuesto las principales cifras que evidencian que las mujeres con discapacidad están más expuestas a la violencia machista.

 

Posteriormente, María del Carmen Barranco, profesora Titular de Filosofía del Derecho, ha moderado una mesa sobre el acceso a la justicia como derecho humano, en la que han participado Rafael de Asís, catedrático de Filosofía del Derecho de la UC3M; Juana María Gil, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada; Patricia Cuenca, ayudante doctora de Filosofía del Derecho de la UC3M.

 

Por último, se ha celebrado la mesa ‘Principales obstáculos del acceso a la justicia para las personas con discapacidad’, con la participación de Irene Vicente Echevarría, investigadora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas; Marta Muñoz Sigüenza, asesora jurídica de la CNSE; Irene Muñoz, asesora jurídica de la Confederación Salud Mental España, y Jesús Martín Blanco, delegado del CERMI para los >Derechos Humanos y la Convención de la Discapacidad de la ONU.

 

En este panel, se han puesto de manifiesto las principales barreras que afrontan las personas con discapacidad para acceder a la justicia y se ha reclamado que para cumplir la Convención Internacional de la Discapacidad se pase del modelo de supresión de la capacidad jurídica hacia un modelo de apoyos en la toma de decisiones. “Eliminar a alguien su capacidad jurídica es también una forma de ejercer violencia”, ha concluido Jesús Martín.