El Ejecutivo ha decidido constituir una comisión de expertos con el objetivo de abordar la posible modificación del texto "para prohibir la esterilización forzosa o no consentida de personas con discapacidad", según confirma el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a eldiario.es.

 

La intención ha sido asimismo incluida esta semana en una respuesta parlamentaria del Gobierno tras la pregunta formulada por el PP sobre las medidas a fin de "garantizar el derecho a la maternidad de las mujeres con discapacidad". La esterilización forzosa es una intervención médica que limita de forma permanente la capacidad de reproducción de las personas, en su mayoría con una discapacidad psicosocial o intelectual, sin su conocimiento o autorización a instancias normalmente de las familias y tras un proceso de incapacitación judicial que les otorga la tutela legal de la persona en cuestión. El Ejecutivo no ha aportado más detalles a las preguntas de este medio, por lo que habrá que esperar a las conclusiones del grupo que analizará la viabilidad de la prohibición.

 

Sobre el grado de implantación en España, el CERMI apunta al oscurantismo que rodea a esta práctica y lamenta que los datos disponibles no desagreguen por sexo y edad. Según ha recopilado en un informe de 2017, de 2005 a 2015 se resolvieron en los juzgados un total de 1.017 expedientes de procedimientos relacionados con la esterilización, según la Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial. Por otra parte, de acuerdo a una respuesta parlamentaria de febrero de 2018, el Gobierno estima que en 2016 se produjeron 11 –aunque reconoce la limitación de este dato– y 93 en 2017.

 

La esterilización, que según el CERMI se produce en mucho mayor grado entre niñas y mujeres, normalmente en aras de "interés" y "por su bien", está regulada en nuestro país a través del artículo 156 del Código Penal, que prevé la posibilidad en el caso de personas "que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento" y lo circunscribe a "supuestos excepcionales en los que se produzca un grave conflicto de bienes jurídicos protegidos". El objetivo, prosigue el texto, es "salvaguardar el mayor interés del afectado".

 

 

La catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz (UCA) María Acale celebra la decisión de estudiar una posible reforma y apunta directamente al Convenio de Estambul de lucha contra la violencia de género, ratificado por España en 2014 y que prevé la prohibición de esta técnica. "Es una práctica más o menos generalizada en los tribunales en virtud de la cual cuando una mujer padece una discapacidad psíquica de cierta intensidad, se tiende con mucha más frecuencia a esterilizarla y se le priva su derecho a la maternidad", explica la experta.

 

En su opinión, la redacción actual del Código Penal es "muy amplia, vaga e imprecisa" y "está llena de elementos indeterminados que conducen a que los derechos se queden en manos de los jueces, que deben llenarlos de contenido". Por ello, apuesta por una reforma en este sentido, que "dote de precisión a los preceptos".

 

Aunque hay voces que sopesan la pertinencia de que las esterilizaciones forzosas sean permitidas en determinados casos, el Congreso de los Diputados ya instó el pasado mes de marzo al Gobierno a que prohibiera esta práctica a través de una iniciativa aprobada en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. Además, Unidos Podemos ha registrado su propia proposición no de ley y este enero Ciudadanos hizo lo mismo con una proposición de ley ante lo que el grupo ha definido como "una grave anomalía en términos de estrictos derechos humanos".

 

 

Pero la actividad política al respecto no se ha quedado en el Congreso y son muchos los instrumentos internacionales, en concreto de Naciones Unidas, que han condenado este tipo de intervenciones médicas. El relator especial de la ONU para las personas con discapacidad ya calificó en marzo de 2017 esta práctica de algo "inaceptable con consecuencias de por vida en la integridad física y mental de niñas y mujeres jóvenes con discapacidad" además de una "violación generalizada de los derechos humanos en todo el mundo" que "debe ser erradicada y criminalizada de inmediato".

 

El relator se basa para hacer estas afirmaciones en el Comité de los Derechos para las Personas con Discapacidad, que vigila el cumplimiento del Convenio homónimo, ratificado por España en 2008. En su Observación nº1, el comité observa la frecuente negación de la toma de decisiones sobre los derechos sexuales y reproductivos a la que se somete a las mujeres con discapacidad, que sufren "altas tasas" de esterilizaciones y en la Observación nº3, detallada en 2016, las considera una forma de violencia.

 

Desde el CERMI sostienen que en algunos casos la práctica se lleva a cabo excediendo los límites que prevé el Código Penal y, en otros casos, es simplemente "inapropiada" por mucho que se apele al "mayor interés de la persona afectada" o de la sociedad en su conjunto. La organización apunta a que se trata de una "práctica general contra las niñas o adolescentes con discapacidad tras sufrir una violación, abusos sexuales, abortos forzados o situaciones de incesto", según Ana Peláez Narváez, vicepresidenta de CERMI Mujeres.

 

 

Más allá de las leyes, los detractores de esta práctica luchan contra lo que llaman "el mito de la esterilización", que toma la forma de que estas se realizan por "el bien de la mujer con discapacidad", ante su "incapacidad" de ser madre o para protegerla a ella de posibles embarazos no deseados. Desde CERMI recuerdan que "hay pocos criterios objetivos para juzgar la competencia o incompetencia de los padres o madres" y apelan a la "subjetividad" de lo que "está bien o mal", y señalan "la evidencia de que muchas de ellas lo son de manera exitosa". Respecto a proteger a la mujer propiamente, le dan la vuelta al argumento: saber que una mujer vulnerable está esterilizada ha supuesto en muchas ocasiones una especie de "barra libre" para el agresor, que sabe que su acto no tendrá consecuencias.

 

En el otro lado, los que defienden la práctica lo hacen en base a argumentos como los utilizados por el Tribunal Constitucional, que en una sentencia de 1995 reconoció la complejidad del asunto y señaló las contradicciones entre leyes y derechos. Así, el fallo asumió que se trata de una técnica "desproporcionada", "objetivamente vejatoria" y "contraria a la integridad física", pero acabó validando la esterilización. Entre los argumentos, que las personas con discapacidad están sometidas a "una serie de limitaciones que si no afectan a sus derechos sí en cambio al ejercicio de los mismos". Y aquí está la clave. El TC recuerda que las peticiones de esterilización por parte de los representantes legales son solo eso, peticiones, y que la decisión final está en manos del juez, tras escuchar al Fiscal y a los especialistas.

 

Sin embargo, y frente a esta concepción, son varias voces las que solicitan un cambio de marco jurídico respecto a las personas con discapacidad y la regulación de su capacidad. Así, apuestan por un sistema de apoyo a la toma de decisiones, algo que se ha comenzado a implementar en algunos países de la Unión Europea como Irlanda o Suecia. El caso de este último país es paradigmático. Y es que las esterilizaciones forzosas en España no son excepcionales. El país nórdico, por ejemplo, creó en 1934 un programa que abolió en 1974. Años después el Gobierno estudió el asunto y le puso cifras: 21.000 esterilizaciones forzosas y 6.000 más en las que se obligó a la persona a aceptarla. El Ejecutivo reconoció su culpa e indemnizó a muchas de ellas.

 

(Información publicada en eldiario.es)