En este país cuesta mucho que los ciudadanos participen en decisiones determinantes. Es cierto que cada cuatro años podemos votar en las elecciones generales, autonómicas y locales. En las europeas cada cinco años. Pero apenas se ha utilizado la opción del referéndum, por ejemplo. En los últimos 40 años, sólo en cuatro ocasiones se acudió a este sistema directo de participación ciudadana: la Reforma política, en 1976; la Constitución, en 1978; la permanencia en la OTAN, en 1986; y la Constitución europea, en 2005. También ha habido consultas sobre los estatutos de autonomía de País Vasco, Cataluña, Galicia o Andalucía, y una municipal, en Almuñécar (Granada). 

 

Está claro que España no es Suiza en la consulta a través de un referéndum. Otra opción es la denominada Iniciativa Legislativa Popular que requiere 500.000 firmas. El procedimiento es prolijo, hay que presentar mucha documentación y una vez aceptado, establece un plazo para conseguir las firmas en nueve meses (que puede ser prorrogado por “causa mayor”). Las firmas son revisadas y comprobadas con rigor extremo. 

 

Desde 1977 hasta 2013 se han presentado 67 iniciativas legislativas (que no pueden reformar, entre otras cosas, ninguna ley tributaria). Sólo 13 superaron la barrera de 500.000 firmas y la mayoría fueron rechazadas. La última, y más conocida, fue la iniciativa para regular la vivienda y evitar desahucios. Se admitió pero los grupos parlamentarios modificaron su contenido.

 

Ahora los políticos se van a encontrar con una nueva iniciativa para la aprobación de una proposición de “Ley de modificación de la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias”. En resumen, decir no al copago en la ley de Dependencia.

 

Esta ley bienintencionada ha tenido dos problemas: uno,  el momento en que se ha promulgado; y dos, la falta de un presupuesto real. Y un asunto ha arrastrado al otro.

 

Al aprobarse a finales de 2006 (14 de diciembre) y empezar a entrar en vigor en plena crisis económica (desde 2007 hasta la actualidad), su aplicación ha sido desigual en las diferentes comunidades autónomas y además, ha conllevado la participación de los usuarios en el coste de las prestaciones. Tan desigual que en Madrid, por ejemplo, no hay copago, y en autonomías como la Comunidad Valenciana la situación de las personas con discapacidad y las personas mayores se hace insostenible.

 

A raíz de este escenario, el CERMI ha tomado la decisión de promover una iniciativa popular para recoger 500.000 firmas contra el copago. El proceso se va a desarrollar en un año electoral (con municipales, autonómicas y generales) que podría servir a los políticos para recapacitar sobre una ley que está poniendo al límite a muchas personas.

 

La discusión sobre la Ley de Dependencia volverá a poner sobre la mesa las deficiencias de una normativa que ya es una realidad (han transcurrido más de siete años desde su aprobación) pero que también se ha dejado por el camino a muchas personas que no han podido recibir ninguna prestación.

 

Lo social tiene que volver a ser el eje vertebrador de una sociedad desigual que necesita recuperar sus valores y el apoyo a los más necesitados. Incluso puede servir para modificar en el futuro las exigencias normativas de las Iniciativas Legislativas Populares puesto que están demasiado encorsetadas y no responden con agilidad a las necesidades ciudadanas. La democracia tiene que evolucionar con su sociedad y dar oportunidades a todos, sin exclusiones. Las normas están para servir a los ciudadanos. No al revés. #NOALCOPAGOCONFISCATORIO

 

José Manuel González Huesa, director de “cermi.es semanal” y director general de Servimedia

@gonzalezhuesa