Así se destaca en el último número de ‘Cermi.es semanal’, donde el CERMI expresa que, con esta derogación, “cesa una de las vulnerabilidades más lesivas de los derechos humanos permitidas en la legislación, que tenía un impacto desmedido sobre todo en las mujeres y jóvenes con discapacidad”.

 

Para el CERMI, “culmina así un largo proceso de cambio legal promovido en los últimos años por el movimiento CERMI al que conseguimos sumar a todas las fuerzas políticas, logrando que se aprobara por unanimidad del arco parlamentario”.

 

Con este logro colectivo, impulsado desde y por la sociedad civil, España se sitúa en el “selecto” grupo de países que han abolido esta medida “abruptamente contraria” a cualquier enfoque de derechos humanos y, en especial, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, añade el Comité.

 

Otros de los contenidos que se destacan en ‘Cermi.es semanal’ son, por una parte, un reportaje en el marco de los 25 años de la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace), una entidad que agrupa hoy a más de 43 entidades y más de 11.000 personas y sus familias; y, por otro lado, otro reportaje sobre el 40 aniversario de Cocemfe -formado por 1.600 asociaciones, agrupadas en 91 entidades, que representan a 2.500.000 personas con discapacidad.

 

Según recoge el reportaje sobre Fedace, en cuanto al daño cerebral, este es hoy una de las discapacidades más frecuentes en España: “de los cuatro millones de personas con discapacidad que viven en nuestro país, más del 10% son personas con daño cerebral”.

 

Cada año en España, 104.000 personas tienen algún incidente que les provoca un daño cerebral, el 35% de estos casos son personas menores de 65 años, pero a pesar de su elevada frecuencia, el daño cerebral aún no tiene reconocimiento propio en el ámbito sanitario, lo que ocasiona escasez o inexistencia de recursos específicos en las diferentes etapas del proceso de atención.

 

Por su parte, el reportaje sobre Cocemfe recoge lo más destacado del acto de conmemoración de su 40 aniversario, en el que participaron representantes del movimiento asociativo y responsables políticos en temas de discapacidad quienes aportaron sus ideas, opiniones o propósitos en torno a esta realidad. La autonomía personal, y con ella la regulación de la figura del asistente personal, la inclusión educativa, y la accesibilidad universal, son algunos de los temas por los que seguir combatiendo todavía, según explicó el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga, durante el acto.

 

La publicación también recoge una entrevista con el director del Informe de Seguimiento de la Educación en el mundo (Informe GEM) de la Unesco, Manos Antoninis, quien a lo largo de la entrevista aborda la educación inclusiva, que, según afirma, “es un prerrequisito para la educación en y para las democracias basadas en la justicia y la equidad”. 

 

En este sentido, este informe indica que España “lo está haciendo mejor que la mayoría de los países europeos en la medida en que segrega menos niños con necesidades especiales en escuelas especiales, pero, al mismo tiempo, siempre hay espacio para más”.

 

Según un comentario final del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre España en abril de 2019, “se deben adoptar medidas para considerar la educación inclusiva un derecho y conceder a todos los alumnos con discapacidad, independientemente de sus características personales, el derecho a acceder a oportunidades de aprendizaje inclusivo en el sistema educativo convencional, con acceso a los servicios de apoyo que sean necesarios”.

 

Por último, y entre otros contenidos, la revista recoge la demanda del CERMI al Ministerio de Trabajo para que ponga el empleo de las personas con discapacidad en primera posición de la agenda laboral; una refundación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia; o una crónica sobre la campaña sobre la que ha trabajado el CERMI en 2020 para la toma de conciencia sobre la soledad no deseada que sufren las personas mayores  con discapacidad.