En cuanto a los recortes, previamente a la aprobación de la Ley de Presupuestos, que fue el 22 de diciembre, el Departamento de Política Social nos hizo llegar el anteproyecto, en el que constatamos que había una reducción sustanciosa que era mayor de lo que comparativamente han supuesto los recortes, en general. En principio, el análisis que hicimos era de no aceptar esos presupuestos porque creíamos que era un retroceso en cuanto a los avances que se habían logrado en la comunidad y, por otro lado, que era una incoherencia con el discurso de los dos partidos gobernantes (el Gobierno está en manos de UPN y el PSN-PSOE. Entendíamos que lo que se refleja en el programa del pacto de gobierno era contradictorio con esa actuación. También reclamamos que el trabajo de las asociaciones es un ahorro para las arcas públicas por lo que hacemos en general. 

 

Ustedes consideran que los presupuestos autonómicos para este año suponen un retroceso para los derechos de las personas con discapacidad. ¿Queda algún tipo de margen de maniobra para cambiar esta situación?

 

No, porque el presupuesto se aprobó el 22 de diciembre y es ley a partir de su publicación. Entonces, a lo largo de este año se aplicará en los términos en que se recoja. Margen de maniobra no directamente, pero sí entendemos que hay una posibilidad de trabajar con la administración en todos los sentidos, con el Gobierno en general y con el Departamento de Política Social en particular de cara a los presupuestos del año que viene para que esto no vuelva a ser otra vez igual. Estamos en un escenario muy complicado, de mes en mes las cosas pueden cambiar, incluso la idea general de la sociedad es que las cosas van a ir a peor. Nosotros, aun siendo parte de la sociedad y compartiendo esa hipótesis, tenemos la esperanza de convencer que lo que se ahorrado ahora a la larga va a suponer un coste. Ése es nuestro principal argumento para que en los presupuestos del año que viene se modifique.

 

Entonces, el panorama que se prevé para este año no es nada halagüeño, supongo.

Nada halagüeño porque partimos con una situación de partidas eliminadas o reducidas. Entonces, habrá que hacer equilibrios en el día a día de las asociaciones y eso va a tener unas repercusiones importantes con pérdidas de puestos de trabajo directos del entorno de las asociaciones, directamente relacionadas con las atenciones. Nosotros lo cuantificamos más o menos en 50 y también puede haber bastantes puestos de trabajo que se pierdan y relacionados con servicios dirigidos al empleo de las personas con discapacidad.

 

Por otro lado, en cuanto al ahorro, la red de servicios públicos actuales se va a colapsar. Para nosotros, es un paso atrás importantísimo en la conquista de derechos, tenemos una sensación de indefensión. Hemos llegado los últimos y somos los primeros en tener que sacrificarnos.

 

¿Puede poner algún ejemplo tangible de los recortes?

 

Sí. Por ejemplo, desaparece totalmente el programa de vacaciones (eso son 230.000 euros), desaparecen otros 200.000 euros de ayudas técnicas a la movilidad, se reduce la dotación económica para las subvenciones del asociacionismo y el recorte en el foco de las asociaciones supone un 23%, o sea, las asociaciones van a tener un 23% menos de recursos para poder desarrollar sus actividades. Luego, la tarjeta de la discapacidad se ha eliminado; esa tarjeta que identificaría a las personas con discapacidad tenía una dotación económica de algo más de 30.000 euros, que ha desaparecido. Por lo tanto, en Navarra no habrá tarjeta identificativa para las personas con discapacidad.

 

En cuanto a cómo nos afectan los recortes, existe un Plan de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, en el que, a lo largo de estos años en que ha estado en marcha, ha habido un incumplimiento sistemático de los compromisos. Hay cosas económicas que están relacionadas con el plan y otras que no están. La tarjeta de discapacidad estaría dentro del plan y eso es económico, pero hay otras cuestiones de tipo informativo, de utilización de los recursos propios de la administración que ni tan siquiera se han tratado en comisiones de participación. Hay un incumplimiento muy alto del plan integral. En el mes de febrero habrá una reunión de seguimiento y ahí veremos en qué situación está, pero nuestra intención es vigilar un poco no sólo la parte económica de la discapacidad en Navarra, sino también la parte de los derechos.

 

Por último, como otro aspecto importante es el no desarrollo reglamentario de la Ley de Accesibilidad Universal, la ley foral 5/2010, que todavía no tiene desarrollo reglamentario y por parte de la administración hay una pasividad evidente. Y eso es grave porque esta ley está desarrollada en el escenario de los derechos de tercera generación, del modelo social, de la Convención Internacional de la ONU y ahí sí que puede haber serios problemas de discriminación. Tenemos ya algún caso de discriminación por discapacidad que estaría en el marco de esta ley, que es como la LIONDAU estatal, pero trasladada a las competencias autonómicas. Estamos aplicando todavía la Ley de Barreras de 1988 con el reglamento de 1989, con todo lo que significa no contemplar necesidades de las personas con discapacidad sensorial, barreras en la comunicación, etc.

 

Sin embargo, todo esto que está contando colisiona claramente con lo que ha manifestado la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en una reciente entrevista en exclusiva para Cermi.es semanal. Por ejemplo, ella afirma que su compromiso para esta legislatura es garantizar los servicios a las personas con discapacidad y lanza un mensaje de optimismo y de tranquilidad a las casi 18.000 personas con discapacidad y familias que hay en Navarra. ¿Qué tiene que decir al respecto?

 

No tengo nada que decir en cuanto a lo que puedan ser opiniones, pero objetivándolas, o sea, exponiendo elementos de medida para comparar, sí que discrepamos. Quizás lo que más detecto en esa entrevista es que hay una cierta utilización del “comodín de la dependencia para no llegar a la discapacidad”. Ése sería el argumento que en el Departamento de Política Social hayan dado prioridad absoluta a la aplicación de la Ley de la Dependencia y la cobertura de las prestaciones que tiene la cartera de servicios, pero se ha perjudicado atender a la discapacidad.

 

Vaya por delante que nuestra relación con el Gobierno de Navarra es excelente, tanto personalmente con todos los responsables, incluida la presidenta y la consejera, como con los directores generales, como con cualquier otro responsable de la administración, en lo personal y también en la práctica porque nuestro trabajo como plataforma de interlocución es que nos tenemos que ver permanentemente con ellos y tener reuniones. Ahora bien, sí que hay discrepancias en cuanto a los términos que aparecen recogidos en esa entrevista, nuestra visión es bastante diferente, no solamente en el planteamiento de dependencia y discapacidad, sino en la tarjeta que he mencionado antes y en el plan integral. 

 

No quisiera que esto sea que ella dice una cosa y nosotros otra. Ella, como responsable del Gobierno, dirá lo que considere oportuno. Su planteamiento en cuanto a la relación con la discapacidad es receptivo, nunca hemos encontrado un rechazo, todo lo contrario. Puedo contar una anécdota: el día de la Cabalgata de Reyes, se nos invitó para que diferentes personas de las asociaciones de CORMIN acudieran a presenciar la cabalgata desde el Palacio de Navarra y acudieron 20 personas a hacerlo, algo que no se había hecho nunca. Eso dice que una cosa es la relación y otra es lo que hay que objetivar. A nosotros las cuentas nos salen de otra manera.