Entrevista

Juan Cid, presidente de FEAPS

“Estamos en una situación de emergencia”

01/02/2012

Mario García

El próximo 26 de febrero, Juan Cid, de 54 años y padre de un joven con trastorno del especto autista, cumplirá dos años al frente de la Presidencia de FEAPS (Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual). Y este año se cumplen dos décadas de su entrada en el movimiento asociativo de este sector social.

Alerta de que la situación actual es “crítica” y defiende a capa y espada que no se vulneren los derechos para este grupo de personas.

En estos momentos estamos en una situación especialmente crítica y las demandas adquieren una significación especial con todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los derechos. Para cumplir esos derechos, hacen falta recursos, pero estamos teniendo dificultades que tienen que ver con la economía y con la crisis. En estos momentos hay una demanda básica, que sería la sostenibilidad de todo el movimiento, de todos los servicios y las necesidades más básicas. Si nos vamos a otro plano, que sería la reivindicación de fondo, estaríamos hablando de una normalización en cuanto a la integración de las personas con discapacidad y que sus derechos se puedan llevar a cabo.

Por otro lado, la deuda que tienen las administraciones con las distintas entidades de FEAPS es de unos 60 millones de euros. La parte más importante sería el empleo, donde estaríamos hablando de unos 24 millones de euros. Tenemos estimado que la no incorporación de personas a la dependencia podría suponer un sobrecoste para el entorno FEAPS y sus familias de unos 280 millones de euros, una carga económica que repercutiría directamente en las propias personas con discapacidad intelectual y en su entorno familiar. Todo esto son datos aislados que hablan de una situación de emergencia que nos preocupa. Además, aunque la deuda ha mejorado algo, la discapacidad intelectual, en su conjunto, tiene una cuota lamentable de participación mayor en el ámbito de la discapacidad en general.

"La deuda de las administraciones con las entidades de FEAPS es de 60 millones de euros"

En relación con la crisis económica y financiera mundial, ¿cómo está afectando esta coyuntura a las personas con discapacidad en España?

Estamos en el límite de algún tipo de servicio básico tanto en el ámbito del empleo, tanto para las personas con discapacidad como para las que trabajan en su entorno, como en servicios de ámbito social, de residencia, etc. Hay una preocupación importante, de manera que podríamos estar empezando a dejar de dar prestaciones de servicios básicos. Esto es algo que el movimiento asociativo de familias ha venido llevando a cabo durante más de 50 años y no podemos bajar la guardia. Tenemos que ser consecuentes con el contexto en el que se están dando estas circunstancias y tener que aceptarlo en todos los ámbitos, pero hay unos límites que no podemos renunciar.

¿De qué limites habla, por mencionar algún ejemplo tangible?

Que no haya reducción de empleo o de bajas por motivos de desempleo. Es la raya de mínimos. Tenemos que mantener los servicios, pero también garantizar el acceso en el ámbito de la Ley de Dependencia, por ejemplo, donde hay una proyección de congelación de dos años. Tenemos que ser insistentes y conseguir que, en estas circunstancias, no sólo no se paren, sino que incluso evolucionen los servicios básicos.

¿Cómo enjuicia el primer mes de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno?

Tiene un nuevo equipo con mucha ilusión. En el ámbito nuestro, el ámbito social de la discapacidad, tenemos constancia, por las personas que se han ido nombrando en las diferentes responsabilidades, de que son personas competentes, que tienen una cierta experiencia y, sobre todo, por lo que hemos podido ver en un periodo corto de tiempo, con cierto entusiasmo. Hay que esperar y vamos a ver, estamos en la constitución de un Gobierno muy reciente. También somos conscientes de que las circunstancias son las que son, muy complicadas para quienes tienen que estar tomando decisiones, pero tenemos expectativas de que podamos llegar a acuerdos relevantes e importantes. Lo que sí pedimos, queremos y esperamos es que tengamos un nivel de interlocución cercana y de empatía y que conozcan en profundidad cuáles son nuestras preocupaciones.

¿Considera que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, será sensible a las demandas que durante su mandato plantee el sector de las personas con discapacidad?

Esperamos que sí. Hay que verlo desde los hechos, pero nosotros tenemos expectativas de que eso pueda ser así. Viene de una trayectoria exitosa en su dilatada trayectoria profesional y deseamos tener un nivel no sólo de sintonía, sino también de realidades.

FEAPS presentó a los partidos políticos, con motivo de las elecciones generales del pasado 20 de noviembre, un documento de 20 medidas para esta legislatura. ¿Ha habido algún tipo de “guiño” por parte del actual Gobierno en alguna de esas demandas que han propuesto ustedes?

Estamos en la fase de esperar un guiño todavía. Efectivamente, nosotros presentamos lo que consideramos que son unas líneas de actuación para el nuevo gabinete, incluso en campaña electoral personas con discapacidad intelectual, dentro de actividades de sensibilización, entregaron este manifiesto a los partidos políticos. Ha habido mucha recepción por parte de todos los partidos, de manera que esperemos que a quienes les corresponde actuar en estos momentos con la responsabilidad de gobierno lo hagan de acuerdo con la sensibilidad que ese documento manifestaba. Son 20 puntos trabajados y elaborados en un proceso de reflexión muy importante, en un congreso de hace unos cuantos meses en el que participó todo el movimiento asociativo FEAPS. Esa reflexión de un año compartiendo ideas y documentos nos ha dado pie y, sobre todo, legitimidad. Vamos a tener fe y esperanza en que se pueda llevar a cabo la línea que se establece en esos 20 puntos.

¿Cuál es la realidad actual en los centros especiales de empleo gestionados por FEAPS?

En estos momentos hay bastante preocupación porque las dificultades que estamos teniendo se centran fundamentalmente en el ámbito del empleo y algo en los servicios sociales. La tasa de paro en el empleo de personas con discapacidad triplica la tasa de paro normal; es una población especialmente vulnerable y nosotros, como movimiento asociativo, tenemos que defender el derecho al acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad. Las experiencias de la gente que está en el ámbito de la empresa están siendo fantásticas, con un nivel de entusiasmo, eficacia en la actividad que se les encomienda, lealtad, fidelidad y compromiso con la empresa con la que están trabajando. Esto es permanente y constante en todos los ámbitos donde se están incorporando personas con discapacidad. Por cierto, todavía hay algún incumplimiento de las leyes en la incorporación de personas con discapacidad en determinadas empresas. Todavía no se está aplicando esos ratios y es algo que tenemos reclamar y que insistir, para que lo que está establecido en la normativa se lleve a cabo y se pueda cumplir. Me refiero a la incorporación de personas con discapacidad en empresas de una determinada dimensión, tal y como dicta la ley.

¿Cómo valora el hecho de que haya gobiernos como el de Galicia, cuyo presidente Alberto Núñez Feijoo ha anunciado que priorizará la atención a la gran dependencia, a costa del resto de las personas dependientes, que no tendrán el mismo tratamiento, debido a la falta de liquidez en las cuentas públicas?

Desde el punto de vista de la necesidad, puede tener una cierta coherencia y quiero entender que en esas palabras hay unos mínimos para quienes no son tan dependientes. Creo que antes de tocar servicios sociales, hay muchos otros sitios donde se pueden aplicar recortes. No seré yo quien diga dónde hay que hacerlo, pero lo que sí tenemos claro es que se pueden hacer otro tipo de ajustes en otros ámbitos y el absolutamente prioritario sería el último en tocar. Por lo tanto, no hay que hacer comparaciones tanto en las diferencias que puede haber entre los más dependientes y los menos dependientes como en lo que es la dependencia en su conjunto en relación con otro tipo de actividades.

"Podríamos estar empezando a dejar de dar prestaciones de servicios básicos"

FEAPS plantea 2012 como el Año de la Ciudadanía Plena de las Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo y se va a sumar al 200º aniversario de la Constitución de Cádiz con un manifiesto que el 19 de octubre se leerá en la capital gaditana. ¿Por qué esta iniciativa?

Creemos que es un marco interesante de oportunidad y para poner en valor lo que realmente venimos insistiendo tradicionalmente, no con motivo de esa efeméride. En algunos casos se están incumpliendo derechos que aparecen en normativas a nivel estatal o en la Convención de la ONU. Nuestra labor como movimiento asociativo es reivindicar que eso se cumpla y se lleve a cabo. El bicentenario de la Constitución en Cádiz es una plataforma para reivindicar este tipo de derechos y poner en valor las necesidades que tenemos todavía hoy por hoy. En algunos casos se ha avanzado, pero queda mucho por hacer y en otras estamos todavía de manera bastante incipiente. En Cádiz haremos una declaración institución formal y lo harán personas con discapacidad intelectual. Será un congreso donde nos vamos a reunir todo el mundo asociativo a nivel estatal y esperamos que cuente con la suficiente representación de otros ámbitos (instituciones y otros agentes) como para poder dejar patente el mensaje que pretendemos con motivo de esta efeméride.

Usted es miembro de la Junta Directiva de la recién creada Plataforma del Tercer Sector. ¿Cómo hará llevar la voz de FEAPS a esta nueva entidad?

En este tipo de plataformas hay que acercarse siempre viendo las realidades de todas las instituciones que las componemos. Tenemos nuestros espacios de actuación concretos y, al mismo tiempo, hay un espacio importante de trabajo en común. Nosotros, como FEAPS, nos acercamos con mucha ilusión a este nuevo proyecto, que va a significar un antes y un después en la reivindicación de algunas de las medidas, siempre con el objetivo de integración y normalización de las personas más vulnerables.