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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 18 de julio de 2014cermi.es semanal Nº 132

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

CERMIS Autonómicos

La Junta de Andalucía dice de que no puede aplicar la Ley de Autonomía Personal al ritmo que le gustaría

16/07/2014

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, manifestó este miércoles que su comunidad no puede aplicar la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia al ritmo que le gustaría.

María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía“La dependencia no está en Andalucía como nosotros quisiéramos, lo que significa que estamos manteniendo la inversión en dependencia contemplando 1.115 millones de euros en nuestro presupuesto de 2014, mientras que el Gobierno dedica 1.200 millones para toda España, cuando debería ser el 50% según establece la memoria económica de la ley. En este sentido, el Gobierno (central) no cumple con lo establecido”, dijo Sánchez Rubio en una entrevista concedida a Servimedia.
 
Al mismo tiempo, denunció que actualmente la inversión en dependencia es de un 72% por parte del Ejecutivo andaluz y de un 28% por parte del Gobierno central, cuando tendría que ser de un 50% por ambas partes.
 
Asimismo, Sánchez Rubio alertó de que desde el año 2012 se han ido aprobando decretos que han modificado la ley, el último de ellos en diciembre de 2013, que han derogado materias, disminuido la intensidad de los servicios y reducido la partida presupuestaria, lo que ha provocado que se haya paralizado la legislación para aquellas personas que tienen un grado de dependencia moderada.
 

160.000 atendidos en Andalucía

 
Agregó que Andalucía ha atendido a 160.000 personas con dependencia, lo que supone el 22% del total de personas atendidas en toda España, lo que ha provocado que debido a las distintas modificaciones que la legislación ha sufrido, la Junta haya tenido que afrontar en solitario la financiación de servicios como los de teleasistencia.
 
“Atendemos a 160.000 personas con dependencia, lo que supone un 22% del total de los atendidos en España. A ellos hay que sumarles las 188.000 personas con telasistencia que atendemos en solitario, aportando 22 millones de euros. Eso es un problema, porque va a ser complicado mantener el sistema, ya que cada año se tiene que atender a más gente con menos dinero”, subrayó.
 
Sánchez Rubio solicitó al Gobierno que se reúna con todas las comunidades autónomas para alcanzar puntos de encuentro que hagan sostenible el sistema, al tiempo que se garantizan los derechos de las personas en situación de dependencia.
 

La autonomía personal

 
“En la reunión que hoy mantendremos las comunidades con el Gobierno no me voy a levantar de la mesa hasta que se atienda este problema, porque además en los decretos que se nos van a presentar se han olvidado, con lo que costó introducirla, de la autonomía personal. Es necesario hablar de todos los asuntos que tienen importancia”, expuso.
 
La consejera considera que uno de los errores de la ley es que “se confundió discapacidad con dependencia, lo que ha provocado que la sociedad haya dejado de hablar de discapacidad para hablar de dependencia”.
 
“Hay confusión porque las personas con discapacidad quieren ser autónomas y no dependientes. Esa confusión viene determinada por la ausencia de recursos económicos. Es gravísimo que la ley se vaya adaptando a los recursos económicos disponibles. Hay que reflexionar sobre el alcance de la ley a largo plazo”, afirmó.
 

Ley de derechos de personas con discapacidad

 
Ante esta situación, la Junta de Andalucía aprobará “probablemente en otoño” una ley que garantice los derechos de las personas con discapacidad con el objetivo de adaptarse a la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, reconociendo la importancia de la autonomía personal y fomentando la igualdad y el empleo de este colectivo.
 
“Nosotros nos planteamos la discapacidad como un elemento de trabajo, no como un ránking. La actual ley hay que renovarla. Nos centraremos en la importancia de la autonomía personal, la igualdad y el acceso al empleo. El 10% de la población de Andalucía tiene alguna discapacidad, cuyo movimiento asociativo es muy potente. Lo que pretendemos es que la crisis no diluya las políticas de discapacidad”, comentó.
 
La consejera entiende que el concepto de discapacidad se ha “diluido” y, por ese motivo, apuesta por dotarlo de valor. “Afortunadamente, el trabajo que se ha venido haciendo por parte de todas las asociaciones y por parte del CERMI ha impedido que la discapacidad se haya diluido. Por eso, creo conveniente reforzar su importancia”, concluyó.
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