Así lo ha manifestado la fiscal durante su intervención en el XXVIII webinario ‘No estás sola’ sobre el Acceso a la Justicia de las Mujeres y Niñas con Discapacidad, organizado por Fundación CERMI Mujeres, una iniciativa para fomentar, durante la pandemia, el acompañamiento y la participación de las mujeres y niñas con discapacidad, así como de las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad. De esta forma, Segarra ha recordado que “no se trata de si la mujer tiene o no capacidad para testificar, sino de que desde la administración de justicia se proporcionen los ajustes necesarios para que todo el proceso sea accesible y la mujer entienda, desde el primer momento, qué espera la justicia de ella”.

 

En este sentido, ha recalcado que es necesaria la formación en este ámbito y “más en un momento tan importante de alegaciones al anteproyecto de la ley de enjuiciamiento criminal, que parece entender que la accesibilidad y la comunicación se refiere solo a la interpretación en lengua de signos”. “Esto, por supuesto, es un logro para las mujeres sordas, pero necesitamos que se produzca en todas las situaciones para recoger todos los casos de mujeres con discapacidad”, ha afirmado Segarra.

 

Además, ha animado a que las mujeres con discapacidad denuncien y a acudir a los tribunales y requerir, si es necesario, el acompañamiento de facilitadores y logopedas. En este sentido, ha agradecido al movimiento asociativo la labor que está haciendo y ha recordado que “los tribunales cuentan con instrumentos que, aunque no sean óptimos, pueden desarrollarse para adecuarse a las necesidades de las mujeres con discapacidad”.

 

Además, durante el webinar, asesoras jurídicas de entidades de la discapacidad y otras profesionales vinculadas con el sistema de justicia han presentado las diferentes barreras y retos a los que se enfrentan las mujeres con discapacidad en el acceso a la justicia, presentando y analizando algunos casos según las distintas discapacidades.

 

En concreto, la responsable de derechos y asesoría jurídica en Confederación ASPACE, Ángeles Blanco, ha puesto de manifiesto la necesidad de reconocer formalmente los Sistemas Aumentativos y Alternativos de la Comunicación (SAAC), que utilizan algunas mujeres con parálisis cerebral, y la importancia de reconocerlos para introducirlos en las leyes procesales para asegurar que sus testimonios sean tenidos en cuenta por la justicia.

 

Asimismo, la asesora jurídica de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), Patricia Mora, ha explicado que desde 2015 ha habido un gran avance porque “las personas sordas en los procesos judiciales tienen derecho a que la información sea interpretada a la lengua de signos”. Sin embargo, ha explicado que “aún nos encontramos con muchas barreras porque la información no es accesible en lengua de signos”. Además, ha explicado el servicio ALBA, de asesoramiento para casos de violencia contra la mujer, totalmente accesible.

 

De la misma manera, la asesora jurídica de Plena Inclusión, Inés de Araoz, ha puesto sobre la mesa que la principal barrera para las personas con discapacidad intelectual es la falta de accesibilidad cognitiva a la hora de denunciar, puesto que muchos de los formularios de denuncia “resultan incomprensibles para estas personas”. “Esto, unido a los estereotipos negativos sobre las mujeres con discapacidad intelectual hace que la credibilidad percibida de sus experiencias sea menor y sea más fácil desacreditarlas”, ha lamentado. 

 

Por su parte, la psiquiatra forense especialista en género y discapacidad, Ángeles Sepúlveda García de la Torre, ha defendido la “justicia, como derecho y una garantía que requiere toda sociedad democrática”. Sin embargo, ha resaltado que las mujeres con discapacidad psicosocial se enfrentan a un mayor número de experiencias de discriminación y violencia”. Además, ha recalcado que “el mayor obstáculo se deriva de los estigmas y prejuicios derivados del sexismo y del capacitismo que hace que estas mujeres tengan una menor credibilidad”.

 

La responsable de derechos de Autismo España, Raquel Valle, ha explicado que dentro del proceso judicial para las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), uno de los problemas más acusados es la comunicación y la interacción social, lo que les lleva a no entender el alcance o contenido de las decisiones judiciales. “Por eso, para que el proceso judicial sea accesible para ellas, abogamos por movilizar los recursos y herramientas para favorecer la participación de las personas con TEA en general y, sobre todo, de las mujeres con TEA”.

 

Por último, la asesora legal de la Fundación CERMI Mujeres, Laura Seara, ha relatado algunos de los casos que se ha encontrado estos últimos años, y ha explicado que “en especial, la trata, se ha visto incrementada durante la pandemia”. Asimismo, ha recalcado que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aún no se aplica totalmente y que todavía no se han producido todos los cambios y ajustes en el ordenamiento jurídico”. “Hay mucha vulnerabilidad procesal”, ha finalizado.