Con la información aportada, las plataformas representativas de la discapacidad en la Comunidad de Madrid y en España, amplían la denuncia presentada el pasado año. En esta ocasión, CERMI Comunidad de Madrid y CERMI Estatal recuerdan que el 4 de diciembre de 2017 concluyó el plazo legal que España se dio en 2003 para que todos los bienes, servicios y entornos de interés fueran plenamente accesibles.

 

De las 89 estaciones de Cercanías, 28 presentan déficits de accesibilidad: Alcalá de Henares, Alcalá de Henares-Universidad, Alpedrete, Aluche, Aranjuez, Ciempozuelos, Collado Mediano, Colmenar Viejo, Doce De Octubre, El Goloso, Fanjul, Galapagar-La Navata, Getafe-Industrial, La Sema-Fuenlabrada, Laguna, Las Águilas, Las Rozas, Madrid-Recoletos, Meco, Móstoles-El Soto, Orcasitas, Pinar de las Rozas, Puente Alcocer, Ramón y Cajal, San Cristóbal de los Ángeles, San Fernando de Henares, San José de Valderas y Vicálvaro.

 

Los principales problemas existentes se centran en la ausencia de ascensores o rampas en el recorrido del viajero desde los accesos hasta los andenes y en algunos casos, además, es necesario adecuar la altura de los andenes.

 

Pese a que ADIF y el Ministerio de Fomento tienen previsto acometer actuaciones de mejora de la accesibilidad en una parte de estas estaciones en los próximos años, CERMI Comunidad de Madrid y CERMI Estatal denuncian que “existe un incumplimiento legal claro y evidente”.

Las estaciones ferroviarias no son accesibles en su totalidad. Se ha producido un incumplimiento por la Administración de una obligación impuesta normativamente y no eludible. Esta situación está produciendo discriminación y falta de igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, lesionando sus derechos de forma grave por esta situación. Se están vulnerando derechos fundamentales, contenidos en el texto constitucional, a las personas con discapacidad que no pueden hacer ejercicio de los mismos por esta falta de accesibilidad flagrante que impide su libre deambulación como el resto de la ciudadanía, exponen ambas organizaciones en su denuncia.