Para la Fundación CERMI Mujeres, la Ley significó el inicio de una acción legislativa y de una política pública específica contra la violencia hacia las mujeres e incluso aunque tímidamente consideró a las mujeres con discapacidad, pero quince años después debe ser reformada para que el marco normativo conciencie, prevenga y defienda a todas las mujeres y niñas, adecuándolo a su realidad de partida y a sus peculiaridades personales y grupales.

 

Las mujeres y niñas con discapacidad deben ser conceptuadas legalmente como grupo femenino especialmente expuesto a la violencia, y merecer una protección reforzada, debiendo incorporar la Ley, con vistas a una próxima y urgente reforma, un enfoque interseccional de género y discapacidad.

 

Ampliar las formas de violencia consideradas legalmente como de género –como la esterilización no consentida, el aborto coercitivo y la institucionalización forzosa-, incluir en su ámbito protector pues son también víctimas a los hijos e hijas, y más si presentan una discapacidad, garantizar la accesibilidad universal de todos los mecanismos y recursos de atención y apoyo, así como introducir ajustes de procedimiento en los procesos judiciales, administrativos y policiales para que el acceso a la Justicia y la tutela de los derechos a la integridad y a la indemnidad sean efectivos, son algunas de las propuestas que CERMI Mujeres viene reclamando al Gobierno y al Legislador, en una futura revisión de la Ley de 2004.