Esa extendida opinión de que hace falta renovar la ley ha calado incluso entre los últimos gobiernos y continúa en la agenda política aunque se haya producido un cambio de color en el Ejecutivo. Los nuevos responsables socialistas han prorrogado los trabajos que habían iniciado sus antecesores populares, con reuniones parlamentarias y de expertos para ir sentando las bases de la futura ley. Debemos seguir alentando a nuestros gobernantes para que, ojalá, se continúe a buen ritmo con esos trabajos y, en un plazo razonablemente corto, se pueda estar debatiendo en el Parlamento la nueva ley, contando con la opinión y el compromiso de todos los sectores implicados en el deporte.  

 

Decimos que es necesario tener una nueva ley porque la situación del deporte ha cambiado en los casi treinta años que han pasado. ¿Y qué decir de la realidad del deporte practicado por personas con discapacidad? La evolución ha sido drástica, enorme, y un nuevo marco legal tiene que ser capaz de reflejar esa realidad cambiante y, sobre todo, ser el marco desde el que se pueda seguir avanzado en la defensa del deporte como un derecho al que aspiran todas las personas, con y sin discapacidad. 

 

Creo que nadie puede dudar de que el sector del deporte de personas con discapacidad y sus entidades representativas han de jugar un papel esencial en este vehículo de transformación que supone la promulgación de una nueva ley. El Comité Paralímpico Español y las federaciones de deportes, así como el CERMI, en su papel de representante de la discapacidad organizada en nuestro país, tienen una gran oportunidad ante este proceso legislativo, en el que tienen que ser capaces de adoptar una posición fuerte, en la que haya mucho que decir y mucho que influir.  A mi juicio, la nueva ley debería cumplir dos requisitos muy claros: uno, buscar la igualdad de oportunidades entre deportistas con y sin discapacidad, y dos, permitir el acceso universal a la actividad física y el deporte. Además, debemos de ser capaces de que estos dos objetivos se cumplan en todos los niveles de la práctica deportiva. En el deporte base, recreativo y de iniciación, que una persona con discapacidad tenga la posibilidad de practicar la actividad deportiva que le guste lo más cerca posible de su domicilio, en unas instalaciones que sean accesibles, en un entorno inclusivo y en unas condiciones que no supongan un elevado coste económico para el deportista o su familia. En el ámbito escolar, que los alumnos con discapacidad no sientan la exclusión en la práctica deportiva y en las clases de educación física, sino todo lo contrario, aprovechar el entorno educativo para promover la igualdad de oportunidades y la posibilidad de introducir a los jóvenes en el deporte junto a sus compañeros. Y en el deporte de competición, federado y de alto nivel, aspiramos a la igualdad. En el reconocimiento, en el tratamiento por parte de las instituciones y de los medios de comunicación, en la organización de competiciones, en el acceso a los centros de entrenamiento y de alto rendimiento, en la consideración legal entre olímpicos y paralímpicos, en los premios y becas que se reciben con dinero público por resultados en competiciones internacionales. Igualdad. 

Sin duda la elaboración de la nueva Ley del Deporte es el momento en el que tenemos que poner encima de la mesa todas estas reivindicaciones, que, a todas luces, resultan muy justas a los ojos de todos. Desde nuestro sector, podremos aportar y poner al servicio de la redacción de la nueva norma los trabajos del Libro Blanco del deporte de personas con discapacidad en España, que va a ver la luz antes de que acabe 2018. Es una oportunidad que no debemos dejar escapar.