El grupo de las personas con discapacidad física y sensorial con grado igual o superior al 65 por 100 y las personas con discapacidad psíquica con grado igual al 33 por 100, así como aquellas que tengan modificada su capacidad jurídica, continúan con el mismo trato fiscal, más beneficioso, del que venían disfrutando, frente a la regresión que ha experimentado el resto de contribuyentes, que han visto empeoradas considerablemente sus ventajas tributarias.

 

Ante el anuncio por parte del Gobierno de un cambio a peor del régimen fiscal de los planes de pensiones, el CERMI había reclamado el mantenimiento del tratamiento más favorable conseguido para las personas con discapacidad, que finalmente no ha variado.

 

También continúan vigentes las previsiones fiscales consolidadas para las aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad, con lo que los contribuyentes con discapacidad mantienen su tratamiento tributario en este tipo de figuras, sin mermas en los beneficios fiscales reconocidos.