Durante el encuentro, la vicepresidenta y las asociaciones han abordado la implementación de soluciones y consolidación de derechos para la protección de colectivos y consumidores vulnerables, en aplicación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024. Esta es una línea de acción prioritaria del Miteco desde su creación.

 

La vicepresidenta ha explicado a los presentes que, debido a la complejidad de la situación actual como consecuencia de la COVID19, es necesario “estar vigilantes sobre las garantías de suministros que necesitan ser reforzadas”. En ese sentido, Ribera ha reiterado el compromiso del Miteco, que “ha trabajado de manera constante en la aplicación y el desarrollo de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética”.

 

Teresa Ribera ha recordado que la lucha contra la pobreza energética y la protección de los consumidores vulnerables es un fenómeno complejo cuya aproximación demanda un análisis multidisciplinar y actuaciones coordinadas desde todas las Administraciones para asegurar una correcta aplicación que reduzca las desigualdades y elimine las asimetrías. El Miteco trabaja con los interlocutores sociales, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los proveedores de suministros para facilitar la acción de Gobierno.

 

“Ha sido un encuentro muy provechoso en el que hemos escuchado las preocupaciones y sugerencias de las organizaciones del tercer sector, que trabajan día a día a pie de calle con las familias en situación de vulnerabilidad. Este no ha sido nuestro primer encuentro y hemos acordado seguir viéndonos de manera regular para facilitar una respuesta más eficaz de protección de los colectivos vulnerables”, ha asegurado la vicepresidenta.

 

 

Para consolidar de manera eficaz el Estado de Bienestar y la protección efectiva del consumidor vulnerable, el Miteco ha desarrollado un marco para identificar y reducir de forma estructural el fenómeno de la pobreza energética, acompañado de una serie de acciones concretas continuadas en la materia.

 

Así, en los primeros meses de la anterior legislatura -5 de octubre de 2018- se aprobó el Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y protección de los consumidores, que consolidó como prioridad del Ejecutivo la lucha contra la pobreza energética. En concreto, se amplió la prohibición de corte de suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior o una persona en situación de dependencia en Grado II y III. Estas circunstancias no estaban contempladas en la anterior regulación del bono y se suman a la prohibición de corte de suministros a los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social.

 

Asimismo, y con el objeto de que más familias monoparentales puedan acceder al bono social, se determinaron criterios de renta específicos para estos colectivos, más susceptibles al riesgo de pobreza energética, especialmente en el caso de las mujeres: el 85% de los hogares monoparentales tienen al frente a una madre. El umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementó en 0,5 veces el IPREM respecto al de las familias biparentales.

 

El límite de consumo de energía con derecho a descuento se amplió un 15% con dos objetivos: compensar los incrementos de precios y acercarlo más a los consumos reales de los hogares más vulnerables. Asimismo, se flexibilizó el cómputo de consumo anual con derecho a descuento que se liquidaba cada mes. Desde entonces, la energía con derecho a descuento no consumida un mes puede utilizarse en otro momento. Se facilita así la protección de los hogares durante los meses de mayor consumo, que suelen corresponderse con los de temperaturas más bajas.

 

Además, y para ampliar la protección de los beneficiarios del bono social eléctrico, el Ejecutivo creó un bono social térmico, una ayuda económica directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina con independencia del combustible que utilicen. Todos los beneficiarios del bono social eléctrico tienen derecho a percibir el bono social térmico.

 

El 5 de abril de 2019 el Miteco aprobó la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética con una serie de objetivos y líneas de acción a desarrollar en ese periodo. Entre ellas, la creación de un nuevo bono social energético único para todos los consumos, que el Gobierno está ultimando y el desarrollo de la figura del mediador social. La Estrategia diagnosticó por el fenómeno de la pobreza energética en España y estableció un sistema de indicadores para medición. Además, se definió por primera vez la figura del consumidor vulnerable en la normativa española.

 

 

Para hacer frente al impacto de la pandemia del COVID19, el 17 de marzo de 2020 el Gobierno aprobó, a propuesta del MITECO, el Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias, que prohibía el corte de suministro de electricidad, agua y gas natural a todos los consumidores. Esta medida se extendió hasta el 30 de septiembre de 2020.

 

A partir del 1 de octubre entró en vigor un nuevo supuesto del bono social eléctrico para proteger a los consumidores vulnerables afectados por la pandemia del COVID-19 con el objetivo de acelerar y anticipar el reconocimiento de vulnerabilidad a los afectados por esta crisis.

 

La principal novedad de este nuevo supuesto es que basta con una declaración responsable del titular para acceder a la prestación. Esto facilita que todos los hogares que lo necesiten puedan disponer del bono social de forma inmediata. La medida se prolongará hasta el 30 de junio de 2021. Entonces, el Gobierno dispondrá de los datos de renta correspondientes a 2020 y no será necesaria la declaración responsable.

 

Fuente: Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico