El CERMI CV considera una deslealtad institucional el hecho de que tan sólo catorce días después de la cordial reunión que se tuvo con el president de la Generalitat y cuatro consellers, el pasado 19 de julio, y sin haberse realizado la consulta con la representación democrática de la discapacidad, tal y como prevé la Convención de la ONU, se publicase un Decreto tan duro que viene a empobrecer la economía de los más débiles dentro del sector de las personas con discapacidad y sus familias.

 

Queremos que la sociedad valenciana conozca el porqué de nuestra indignación y la repercusión que va a tener si no se retira o corrige el Decreto, como desde ya mismo solicitamos, en la vida de la persona con discapacidad y en sus organizaciones de ayuda y voluntariado.

 

Comenzaremos por decir que ya en el preámbulo, bajo el pretexto de la igualdad de todos los usuarios ante los servicios de la Administración, comience confundiéndose implícitamente las personas con discapacidad, sea cual sea su discapacidad, y su grado con las personas de la tercera edad en situación de dependencia. Nunca puede ser la misma situación la de un joven con discapacidad de treinta o cuarenta años, sea el grado de discapacidad que sea, con las necesidades de una persona de tercera o cuarta edad en estado de dependencia, y por tanto las leyes y los servicios deben tener esto en cuenta a la hora de fijar normas y necesidades de apoyos. Por otra parte no nos sirve que el Decreto utilice el principio de no discriminación para reducir los derechos de la discapacidad ya que la Convención de la ONU obliga al Estado español a la discriminación positiva si fuera necesario.

 

Hay artículos que incluso contradicen el Código Civil Español, que es una ley de rango superior, cuando llegan a decir que el tutor puede tener obligación de realizar el copago de la personas con discapacidad, ya que el Código Civil prevé siempre lo contrario y es que el ejercicio de la tutela, que es siempre del voluntariado, pueda detraer un porcentaje económico con la autorización del juez, para pagar el gasto o sustento del tutor. ¿Quién va aceptar ser tutor de una persona con discapacidad, o con enfermedad mental, si aparte de la responsabilidad civil invigilando hay que añadir una responsabilidad patrimonial del tutor? ¿Quiere la Generalitat acabar con los tutores, o controlar el dinero de todos los tutelados y no cuidar de ellos?  Este problema se suscitó en los borradores de Decretos tanto de la consellera Dña. Ángelica Such, abogada, y posteriormente con el Conseller  D. Jorge Cabré, fiscal del TSJ. Ambos consultaron con el CERMI CV y el CERMI les razonó el por qué y ambos aceptaron respetar la figura del tutor, y ahora no podemos entender por qué se vuelve un paso atrás.

 

El Decreto es tan duro que a todos aquellos que tienen ingresos que superan el IPREM, es decir un poco más de 500 €, y están en una residencia, se les puede cobrar hasta el 90% dejándoles para su vida personal exiguas cantidades en torno a los 130 €. Con los cuales tenemos ejemplos como huérfanos que están en un piso tutelado, que tendrían que asistir a un taller ocupacional y de una pensión de 900 €, por superar los 780 € sólo les quedaría libre los 130 € mínimos con los que tendrían que pagarse bonobús, copago sanitario, vestidos, ocio, y copago en prótesis de movilidad. 

 

Este Decreto llega tras una minoración de las subvenciones a todos los servicios que se ha ejecutado este año de un 15%, lo que ha desestabilizado a más de una entidad y crea un problema y es que el pequeño copago que hacían los padres en residencias, centros ocupacionales, comedores, etc. ya no les queda margen para ello.

 

El Decreto añade una novedad filosófica de los servicios sociales y es la sanción en la persona con discapacidad ¿Cómo es posible que se pueda expulsar a una personas con enfermedad mental o a una persona con discapacidad, dejándola desasistida, si un tercero no cumple la obligación del copago? ¿Pueden permitir esta lamentable situación las fiscalías protectoras de incapacitados, huérfanos y tutelados? ¿En qué condiciones se puede dar esta desasistencia? 

 

¿Cómo es posible que se obligue a las personas con discapacidad casadas en régimen de gananciales a realizar un gasto, como es el notarial, para poder obtener el régimen de separación de bienes, ya que lo que se recoge en el Decreto perjudicará notablemente a la persona con discapacidad, o su cónyuge, a la hora del cálculo de la capacidad económica del beneficiario puesto que los discrimina negativamente con respecto a los que están casados en separación de bienes?

 

Las familias que tienen un hijo con discapacidad, han tenido con este hijo gastos muy superiores a los que tiene cualquier familia que no tiene hijos con discapacidad. Todos los miembros de la familita con una persona con discapacidad han venido aceptando la situación de esta discriminación positiva hacia las persona con discapacidad en su seno, pero ahora muchas de estas familias se encuentran, en esta catástrofe estatal, nacional, causadas por todo eso que nos dicen los políticos de despilfarros, corrupciones, etc., y que han traído la crisis, en extremo estado de necesidad y requieren de los ingresos de todos los miembros para sobrevivir, incluidos los de la personas con discapacidad, y sin embargo es ahora cuando, bajo el nombre de copago, se pone un tributo encubierto para incautar todos los ingresos que una persona con discapacidad puede aportar a familias en situación de emergencia económica. No se permite pues a la persona con discapacidad ser solidaria con aquellos que se han sacrificado por ella. 

 

El CERMI CV no es contrario, y así lo hicimos constar en la entrevista con el President de la Generalitt, de un cierto copago de las personas que tienen unos ingresos importantes. Estas personas generalmente no suele asistir a nuestros servicios por lo que no les va a afectar demasiado el Decreto. Un Decreto, insistimos, que se ceba cruelmente con los más débiles y con los de menores ingresos económicos.

 

El CERMI CV solicita  públicamente al Consell que negocie y realice una modificación seria del Decreto 113/2013, que por lo que hemos dicho puede juzgar la sociedad que no es un gran acierto y que muestre su sensibilidad con el Sector.

 

Puestos en contacto con algunos miembros de la Administración, nos han puesto un argumento que no nos vale, y es que se nos dice  que esta normativa llega desde el Gobierno Central. Decimos que este argumento no nos vale, en primer lugar, porque nuestra Comunidad Autónoma tiene totalmente transferidos los servicios sociales tal y como consta en nuestro Estatuto de Autonomía. Segundo, porque al parecer el Decreto que tiene preparado el Ministerio es menos duro que el emitido por el Consell. Tercero, porque sobre las cifras macroeconómicas no es el copago a los más débiles lo que va a sacar ni a la Comunidad Valenciana ni al país de la crisis. Y cuarto, porque otras autonomías, como la extremeña, están dando ayudas a aquellos sectores con mayor riesgo de exclusión, como una sobrepaga a la tercera edad, independientemente de la supuesta imposición del Gobierno Central. ¿Será más respetable y autónoma la comunidad extremeña que la valenciana?

 

Finalmente queremos trasladar a la opinión pública que si ha habido despilfarro, malversación, corrupción o cualquier otra lindeza, no es el sector de la discapacidad, históricamente machacado, quien ha provocado esta lamentable situación de crisis que ahora se le quiere hacer pagar.