En el prólogo del resumen del Informe GEM, la presidenta del Consejo consultivo, Helen Clark, afirma que el paso de la situación actual a sistemas que respondan a las necesidades de todos los educandos, inclusive aquellos que tienen discapacidades graves, es una verdadera hazaña, quizá hasta algo potencialmente imposible. ¿Cree en esas palabras? 

 

Los sistemas educativos cuyos conceptos convienen a algunos niños y niñas y obliga a otros a adaptarse no pueden cambiarse por decreto. Debemos reorganizar los procesos y reasignar recursos para permitir que esto suceda. Se deben también cuestionar las actitudes y mentalidades predominantes. El enfoque correcto no es tratar de justificar los límites del objetivo de la educación inclusiva, sino más bien establecer la legitimidad de los esfuerzos encaminados a la consecución de ese objetivo a pesar de esos límites. 

 

El hecho de considerar un objetivo imposible, ¿obliga a abandonar el camino o el objetivo?

 

Se ha argumentado que debatir los beneficios de la educación inclusiva equivale a debatir los beneficios de la abolición de la esclavitud o del apartheid. La inclusión es un imperativo moral y una condición para lograr sociedades sostenibles y equitativas. Es una expresión de justicia, no de caridad, cualesquiera que sean las diferencias, biológicas o de otro tipo, y como quiera que se las describa. Pensar en la educación del alumnado con discapacidad o necesidades especiales debería equivaler a pensar en lo que todos los alumnos pueden necesitar. Todos los alumnos y las alumnas necesitan métodos de enseñanza y mecanismos de apoyo que les ayuden a triunfar y a ser parte de algo. 

 

En el informe se insiste en que la inclusión es un proceso, pero también un resultado. Quizás ahí radica la clave, en distinguir ambas afirmaciones y empezar por el proceso, para finalizar en el resultado deseado. 

 

La inclusión es un proceso: medidas y prácticas que abarcan la diversidad y crean un sentido de pertenencia, basado en la convicción de que cada persona tiene valor y potencial y debe ser respetada. Sin embargo, la inclusión es también un estado de cosas, un resultado, cuya índole polifacética dificulta su definición

 

Pero no podemos esperar a tener una definición exacta de cómo sería este resultado. La educación inclusiva es un prerrequisito para la educación en y para las democracias basadas en la justicia y la equidad. Brinda un marco sistemático para reconocer y desmantelar las barreras para las poblaciones vulnerables de acuerdo con el principio de que “cada educando importa y es importante por igual”.  Contrarresta las tendencias de los sistemas educativos a permitir excepciones y exclusiones.

 

La educación es para cada persona y debe procurar incluirlas a todas. Una afirmación tan simple como ésta abarca todo un conflicto de ideas. ¿Cuál es hoy el principal obstáculo para lograr la educación inclusiva en países avanzados?, ¿y en los países en desarrollo?

 

La creencia en el principio de inclusión no debe ocultar las difíciles cuestiones y los posibles inconvenientes que plantea la inclusión de grupos de alumnos en riesgo de exclusión. En algunos contextos, la inclusión puede intensificar sin querer la presión para ceñirse a la norma. Las identidades de grupo, las prácticas, los idiomas y las creencias pueden devaluarse, ponerse en peligro o erradicarse, socavando el espíritu de pertenencia. Cada vez se reconoce más el derecho de un grupo a preservar su cultura y el derecho a la autodeterminación. Se puede resistir a la inclusión por prejuicios, pero también por el reconocimiento de que la identidad puede mantenerse y el empoderamiento lograrse solo si una minoría es mayoría en un ámbito determinado. En lugar de propiciar un compromiso social positivo, en algunas circunstancias las políticas de inclusión pueden exacerbar la exclusión social. El contacto con la mayoría puede reforzar los prejuicios dominantes, intensificando la desventaja de las minorías. La focalización en la asistencia puede dar lugar también a la estigmatización, el etiquetado o a formas de inclusión no deseadas. Y este es el caso en los países ricos y pobres por igual. Los desafíos que presenta la inclusión son comunes para todos.

 

Se suele asociar la educación inclusiva con la discapacidad, pero es un concepto mucho más amplio, ¿sería más fácil que se entendiera la inclusión si se hablara del amplio abanico de realidades que quedan recogidas?

 

Un aporte importante de la Observación general Nº 4 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2016, es que la educación inclusiva tiene un alcance mucho más amplio. Supone un proceso que permite tener debidamente en cuenta la diversidad de las necesidades de todos los niños, jóvenes y adultos, para eliminar los obstáculos al derecho a la educación y cambiar la cultura, las políticas y la práctica de las escuelas ordinarias a fin de dar cabida e incluir efectivamente a todos los educandos. Si bien el 68% de los países cuentan con una definición de la educación inclusiva, solo el 57% de esas definiciones abarcan múltiples grupos marginados.

 

Los mecanismos discriminatorios no solo excluyen a los educandos con discapacidad. Por ejemplo, la orientación desproporcionada de las minorías hacia la educación especial denota cuán arraigados están los prejuicios culturales en la determinación de las necesidades especiales. En todo el mundo, varios niveles de discriminación por motivos de género, lejanía, nivel de ingresos, discapacidad, origen étnico, lengua, migración, desplazamiento, encarcelamiento, orientación sexual, identidad y expresión de género, religión y otras creencias y actitudes niegan a los alumnos el derecho a ser educados con sus compañeros o a recibir una educación de la misma calidad. 

 

La inclusión es un imperativo moral. Debatir acerca de los beneficios de la educación inclusiva es como debatir acerca de los beneficios de los derechos humanos. Hablamos de justicia y equidad. ¿Cuál es el argumento que se utiliza para rechazar esta afirmación?

 

Hay dos tipos de argumentos utilizados en contra de este principio básico. El primero es económico. Algunas personas argumentan que es muy costoso garantizar que todos los recursos estén disponibles en las escuelas locales y, por lo tanto, es mejor mantenerlos en escuelas especiales. Si bien es cierto que hay un costo más alto para educar a los estudiantes con discapacidad, esto no debería llevarnos a la conclusión de que los costos se controlan mejor mediante la provisión separada. El desafío de la inclusión a menudo consiste en superar los desafíos de planificación y gestión.

 

El segundo argumento son las preferencias y las elecciones. En otras palabras, algunos padres de niños con necesidades especiales creen genuinamente que sus necesidades están mejor atendidas en escuelas segregadas. Esto no se limita a la discapacidad. Lo vemos en diferentes países y diferentes contextos. Algunos padres ricos prefieren las escuelas privadas para que sus hijos no se mezclen con sus compañeros más pobres. Algunos padres nativos prefieren escuelas donde no asisten los estudiantes de comunidades inmigrantes. Algunos padres que pertenecen a un grupo étnico o religioso prefieren una escuela que atienda a ese grupo. Este desafío es más difícil de superar, ya que la elección se considera un derecho humano. La única solución es invertir en la calidad de todas las escuelas para disipar la percepción de que las necesidades especiales requieren escuelas especiales.

 

El informe también entiende que la inclusión no se puede imponer desde arriba y expone la importancia de realizar consultas a los padres y a las comunidades, de contar con la sociedad civil, o de la responsabilidad política, que no debe quedar tan solo en la educativa, también corresponde al sistema sanitario, social, financiero… ¿Supone un cambio de modelo, incluso de pensamiento o doctrina? ¿Está la sociedad española preparada para ese cambio?

 

Las alianzas es de hecho la palabra clave de los esfuerzos gubernamentales para lograr la inclusión. Como mencioné anteriormente, es importante trabajar con los padres y las comunidades para triunfar ante los escépticos, incluidos aquellos padres que no quieren que niños con necesidades especiales estén matriculados en las mismas escuelas que sus hijos porque creen que esto afectará su educación. Los gobiernos también necesitan crear condiciones que permitan a las ONG abogar y vigilar el derecho a la educación inclusiva. Al mismo tiempo, los gobiernos deben asegurarse de que la oferta educativa de las ONG esté basada sobre los principios de la inclusión, cumpla con los estándares de calidad y esté alineada con la política nacional de la educación inclusiva.

 

Dentro del gobierno, los ministerios de educación deben trabajar con otros ministerios para compartir datos sobre los niños desfavorecidos para integrar servicios utilizando estándares comunes. En todo el mundo, las normas y las culturas de trabajo burocráticas impiden la coordinación en la prestación de servicios. Así mismo, los ministerios de educación deben asegurarse de que los gobiernos locales tengan el mandato de proporcionar servicios para la inclusión, cuenten con financiación para cumplir sus objetivos y promuevan el desarrollo de las capacidades de los funcionarios locales. No conozco suficientemente bien el contexto español para comentar qué tan lejos que están la sociedad y la gobernanza española para alcanzar este ideal. Sin embargo, soy consciente de que la descentralización está creando buenas oportunidades y que existe una sana competencia entre las regiones en el proceso hacia una mejora educación inclusiva.

 

Los maestros son señalados como agentes del cambio, con valores y conocimientos, pero también con apoyos apropiados, ¿es necesario también una evolución o revolución en la preparación de estos profesionales?

 

Ambos son necesarios. Se necesita una revolución en la formación del profesorado. Un elemento importante de la educación inclusiva consiste en garantizar que todos los y las docentes estén preparados para impartir enseñanza a todos los alumnos. Para lograr la inclusión, es indispensable que los docentes sean agentes de cambio, con valores, conocimientos y actitudes que permitan a todos los alumnos tener éxito. Una cuestión recurrente es que los sistemas educativos se dedican cada vez menos a detectar los problemas con los alumnos, y dan más importancia a determinar los obstáculos al aprendizaje y la participación y aportar respuestas anticipatorias, efectuando una planificación previa general para todos los educandos.

 

Este cambio exige que los y las docentes reflexionen sobre cómo lograr que los enfoques de la enseñanza sean inclusivos para todo el alumnado. La enseñanza inclusiva requiere que el cuerpo docente reconozca las experiencias y aptitudes de cada alumno, y esté abierto a la diversidad. Si bien hay muchas posibilidades de formación y aprendizaje profesional para el cuerpo docente concebidas para estos efectos, persisten opiniones arraigadas acerca de la deficiencia de algunos alumnos, considerados incompetentes o incapaces de aprender, lo que significa que a los educadores les cuesta a veces percibir que la capacidad de aprendizaje de cada educando es ilimitada. 

 

Y se necesita una evolución del sistema educativo. La función del personal de apoyo consiste en completar la labor de los docentes o educadores especiales, y no en reemplazarlos, aunque a menudo se les asignan puestos que exigen mucho más. Dado que el personal de apoyo es cada vez más importante para fomentar la inclusión, el incremento de las expectativas profesionales, junto con niveles de perfeccionamiento profesional con frecuencia insuficientes, pueden dar lugar a un aprendizaje de menor calidad y ser contraproducentes para lograr la inclusión.

 

¿Cuál es la visión que recoge este informe de la educación inclusiva en España? ¿En qué grado lo logra y cuáles son los objetivos alcanzados y los que quedan por superar?

 

Como ocurre con todas las sociedades, hay ejemplos positivos y negativos. En general, España lo está haciendo mejor que la mayoría de los países europeos en la medida en que segrega menos niños con necesidades especiales en escuelas especiales. Pero al mismo tiempo, siempre hay espacio para más. Esto es cierto no solo para España, sino para todo el mundo. Por ejemplo, anteriormente, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no desaconsejaba explícitamente que se impartiera educación fuera del sistema convencional, y a veces consideraba aceptable la educación especial. En sus observaciones finales acerca de España en 2011, recomendó que se consultara a los padres sobre las decisiones de colocar a los niños con discapacidad en escuelas especiales. 

 

Más recientemente, una posición más estricta considera que la educación excluyente o segregada es una forma de discriminación que viola la Convención y sus disposiciones sobre la igualdad de oportunidades. En su comentario final sobre España en abril de 2019, el Comité reiteró que debían adoptarse medidas para considerar la educación inclusiva un derecho y conceder a todos los alumnos con discapacidad, independientemente de sus características personales, el derecho a acceder a oportunidades de aprendizaje inclusivo en el sistema educativo convencional, con acceso a los servicios de apoyo que sean necesarios. 

 

La historia de Rubén, la de su padre Alejandro y su madre, Lucía, es un ejemplo. Este joven con síndrome de Down, fue discriminado en su escuela y, tras diez años de lucha, la ONU condena a España a indemnizarlo. ¿Es un ejemplo para la inclusión y al mismo tiempo una pesadilla de la que huir?

 

Es imposible lograr algo en la vida sin luchar. Al mismo tiempo, es doloroso considerar el precio de la exclusión que algunos niños y familias han pagado en sus vidas. Solo podemos estar agradecidos por los caminos que algunos de ellos han abierto para todos después de ellos. El dictamen del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad del 30 de septiembre de 2020 a favor de Rubén donde se afirma que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4, 7, 15, 21, 24 de la Convención y obliga al estado a proporcionarles una reparación efectiva y a garantizar que Rubén sea incluido en un programa de formación profesional “efectivamente” inclusivo, en consulta con el mismo y sus padres, es un avance significativo y un claro ejemplo de que la inclusión es posible. La lucha de estos padres para que su hijo tenga acceso a una educación inclusiva es admirable y el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo está listo para respaldar sus esfuerzos.