Se trata de una norma de vital importancia para las personas con discapacidad, ya que regula la posibilidad y el derecho a modificar y hacer obras en un edificio para adaptar las diversas instalaciones al acceso de todos sus inquilinos. Sin embargo, a día de hoy las condiciones para la realización de estas modificaciones y obras siguen siendo a todas luces discriminatorias y todavía numerosas personas con discapacidad se ven prisioneras en sus propias viviendas o, lo que es lo mismo, en arresto domiciliario sin haber cometido delito alguno, a no ser que se considere como tal vivir en un inmueble que no es accesible.

 

Esta situación atenta gravemente contra los derechos recogidos en la Constitución Española, como son la libre circulación y el disfrutar de una vivienda digna, por tanto es necesaria una reforma de manera urgente y profunda de la citada Ley de Propiedad Horizontal.

 

Según se estableció en la última modificación de la norma, las comunidades de vecinos deberán pagar las obras de accesibilidad siempre que su coste no supere 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. Aunque esto supuso un avance respecto a lo que teníamos, sigue siendo claramente insuficiente. Por ello, proponemos que la realización de obras y actuaciones de accesibilidad por parte de las comunidades de propietarios en aquellos edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal en los que vivan personas con discapacidad o mayores de 70 años que así lo soliciten se realicen sin ningún limite de costes.

 

La accesibilidad debe contemplarse, además, de obligado cumplimiento para las comunidades de vecinos, al igual que la seguridad o la estanqueidad del edificio. Si todos los vecinos de un inmueble de viviendas están obligados a aportar según su cuota de participación para acometer obras por filtraciones, de igual modo debe ser obligatorio instalar un ascensor, una rampa o una plataforma elevadora.

 

Sin olvidar que estas reformas, al igual que todas las actuaciones en materia de accesibilidad que el movimiento de la discapacidad reclama, no sólo tienen como beneficiarios a las personas con discapacidad, sino a las personas mayores, a las que puntualmente se encuentran lesionadas, a las madres que llevan carritos de bebés, es decir, son una mejora para la comunidad en su conjunto.

 

En definitiva, y reiterando lo expuesto al comienzo de este texto, es necesario que el Gobierno de la Nación realice una reforma urgente de la Ley de Propiedad Horizontal que, de una vez por todas, termine con una situación que vulnera los derechos más básicos, y que permita a las personas con discapacidad ser lo que en definitiva somos: ciudadanos de pleno derecho.