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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 04 de noviembre de 2011cermi.es semanal Nº 9

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Entrevista

María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo

"Es necesario un régimen sancionador eficaz"

02/11/2011

Mario García

Con fama de estricta y perseverante en el trabajo, María Luisa Cava de Llano apuesta por “un régimen sancionador eficaz” para que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad tanto en la Ley de Igualdad de Oportunidades como en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Lleva más de 11 años en la institución del Defensor del Pueblo, primero como defensora adjunta y desde hace más de 16 meses como defensora del pueblo en funciones. La institución que dirige tramitó el año pasado casi 35.000 quejas, un 55,6% más que en 2009, y prevé que en 2011 se incremente esta cifra.

¿Cuáles son las principales investigaciones de oficio iniciadas por su institución en materia de discapacidad? ¿Sobre qué áreas? ¿Qué resultados ha obtenido?

Son numerosas las recomendaciones efectuadas. Mediante ellas se ha logrado, por ejemplo, un incremento sustancial en la cuantía del subsidio de garantía de ingresos mínimos y que se reconozca el derecho a la asistencia sanitaria y a la prestación farmacéutica a todas las personas con discapacidad que no estuvieran incluidas en el sistema de la Seguridad Social. También se ha conseguido fijar un cupo de reserva de puestos de trabajo en las distintas administraciones públicas. Asimismo, hicimos un estudio denominado “Presente y futuro de la fiscalidad del discapacitado” y se promovió una investigación de carácter general sobre la realidad epidemiológica y socio-sanitaria del daño cerebral sobrevenido (DCS) en España.

Llevamos años realizando actuaciones dirigidas a la eliminación de barreras de todo tipo: urbanísticas, arquitectónicas, del transporte y de la comunicación. En este contexto, gracias a nuestras recomendaciones se ha modificado el régimen jurídico de la propiedad horizontal para favorecer acuerdos de supresión de barreras arquitectónicas, y eliminar barreras físicas para el acceso a la Universidad. También, y con el propósito de promover la participación en la vida política de las personas con discapacidad, hemos pedido la eliminación de barreras o sistemas que imposibiliten de hecho su efectiva participación y se ha solicitado al Ministerio del Interior un informe sobre la conveniencia de adoptar medidas que garanticen la participación plena de las personas con discapacidad en los procesos electorales.

¿Ha actualizado Hacienda el límite de 8.000 euros para la deducción por los ingresos de ascendientes de personas con discapacidad en el IRPF?

No, ese importe no se ha actualizado. La Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos considera que ese límite es suficiente para fijar el de dependencia económica, mientras que para la Institución (de la Defensora del Pueblo) ese límite debía afectarse a las modificaciones del IPC anual para mantener el equilibrio inicial. Hemos cerrado la queja,  aunque en disconformidad con la Administración.

Su institución ha mostrado una especial atención por la situación de los presos con discapacidad ¿Cuáles son  sus principales reivindicaciones en este sentido?

Sí, desde el año 2003 estamos dedicando especial atención a los presos afectados por discapacidad física, psíquica o sensorial. Nuestro interés coincidió con una moción del Senado para que el Gobierno efectuara un estudio a raíz del cual, en 2005, se elaboró un programa marco de atención, del que derivó el “Programa de intervención para el abordaje de los internos con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales” en los centros penitenciarios. Según los últimos datos, están en el programa 531 internos. En su momento pedimos información a la entonces Dirección General de Instituciones Penitenciarias para conocer con más detalle este programa. Nos preocupan especialmente cuestiones como la adecuación de las instalaciones, la aplicación del artículo 60 del Código Penal, que se efectúe periódicamente una valoración global del desarrollo del programa y, además, hemos insistido en que los internos dispongan del correspondiente certificado de discapacidad y en que se procure también un proceso de excarcelación lo más adecuado posible.

¿Considera que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una mera declaración de principios en España o, por el contrario, se han realizado las modificaciones legales oportunas para que se desarrolle?

Consideramos que es muy importante. Su texto ha sido ratificado y publicado en el BOE, forma ya parte de nuestro ordenamiento desde el 3 de mayo de 2008. Hay que dejar constancia de la reciente aprobación de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, sobre adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Pero en nuestro último Informe señalamos que para que nuestra Ley de Igualdad de Oportunidades y la propia Convención no sean meras declaraciones de principios, resulta necesario un régimen sancionador eficaz, y sólo la Comunidad Foral de Navarra lo ha regulado para su territorio. Por otra parte, la Oficina del Defensor del Pueblo tiene un convenio de colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y uno de los objetivos de esta colaboración es el seguimiento y aplicación en España de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

¿Se cumple el cupo de reserva para personas con discapacidad en las nuevas oficinas de farmacia, tal y como investigó de oficio?

Iniciamos la queja de oficio ante la Consejería de Salud y Consumo  de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Pretendíamos impulsar que se reformara la ley para que  se estableciera  una reserva legal  para personas con discapacidad y, de hecho, este cupo ya se ha establecido en alguna comunidad autónoma, como es el caso de Andalucía. El marco legal vigente en nuestro país impone a los poderes públicos la obligación de adoptar medidas de acción positiva a favor de las personas con discapacidad, y he de decir que esta Institución hará un seguimiento sobre las medidas contempladas en la Estrategia para el Empleo de Personas con Discapacidad.

¿Le gustaría que fuera designada Defensora del Pueblo in pectore y dejara de ejercer su cargo en funciones?

Lo he dicho en más de una ocasión, con toda sinceridad, sí que me gustaría. Llevo trabajando en esta Institución muchos años y lo hago con la misma ilusión, pasión y vocación que el primer día. Los españoles han invertido mucho en mí (llevo más de once años en esta oficina) para que pueda ser una buena Defensora del Pueblo y sería una pena desaprovechar esa inversión.

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