Asociaciones de personas con discapacidad piden el fin de la esterilización forzosa en mujeres

 

El Congreso insta a prohibir las esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad

 

Cristina siguió este jueves la sesión parlamentaria con emoción. El pleno del Congreso de los Diputados dio el primer paso para suprimir del Código Penal las esterilizaciones forzosas a mujeres con discapacidad incapacitadas judicialmente, al respaldar por unanimidad una proposición de ley presentada por Ciudadanos. “Hoy es un día de los que cambian España a mejor", afirmó desde la tribuna la diputada de este partido Sara Giménez. La iniciativa ahora pasará al Senado y, si no hay enmiendas, se aprobará definitivamente. Cristina no está incapacitada judicialmente, por lo que ella tuvo que dar su consentimiento, aunque estuviera viciado. Pero en España es posible que la esterilización se apruebe por vía judicial. La legislación lo permite, en casos “excepcionales”, tras un proceso que revise la petición, en atención al “mayor interés” de la persona afectada, si esta está incapacitada. Juristas consultados aseguran que son procedimientos garantistas, que la fiscalía debe pronunciarse, que deben avalarlo médicos forenses en casos en que la persona no entienda la sexualidad humana ni la intervención que se le va a realizar.

 

Es, no obstante, una práctica rodeada de tabúes, impregnada del estigma que separa a estas mujeres del derecho a una vida sexual plena, a decidir sobre sus cuerpos. Los juzgados han abierto 1.151 casos en los últimos 12 años. La estadística oficial del Consejo General del Poder Judicial no especifica cuál fue el sentido de la decisión judicial ni desagrega los casos por sexos, aunque todas las fuentes consultadas coinciden en que es una práctica que se aplica casi exclusivamente a mujeres. Pero la preocupación de los colectivos que defienden a las mujeres con discapacidad va más allá del centenar de casos anuales que pasan por el juzgado.

 

 

El Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad mostró en 2019 su “profunda” preocupación por que esta práctica esté permitida en España e instó a eliminarla. El Convenio de Estambul que regula la prevención contra las violencias machistas, promovido por el Consejo de Europa, lo señala como delito. España lo ratificó en 2014 y aún no lo ha cambiado. En este compromiso, España va tarde.

 

Las organizaciones que amparan a estas mujeres aseguran que existen muchos más casos en la sombra difíciles de cuantificar. “Algunas se han enterado cuando se querían quedar embarazadas y fueron por primera vez al ginecólogo. Ahí supieron que les habían hecho una ligadura de trompas. Pero no airean sus casos por no exponer a sus propias familias”, explica Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres, el ala feminista de esta organización que agrupa a unas 8.000 asociaciones del ámbito de la discapacidad.

 

Caballero señala que existe “un resquicio”, cada vez menos frecuente, para estas intervenciones en la sombra: hacerlas en clínicas privadas. Lo descubren en los trabajos en grupo, donde algunas cuentan que “las prepararon”. “Se refieren a que les hicieron una ligadura de trompas para tener relaciones sexuales sin problemas. Es algo que está en la vida de las mujeres con discapacidad, pero oculto”, dice Caballero.

 

Oculto estaba también en el caso de Cristina Paredero. Ella creció sabiendo que era diferente al resto. “Creía que estaba loca, fingía e intentaba comportarme como los demás porque no quería que me encerraran”, dice esta madrileña. “Sufrí acoso escolar, una educación muy conservadora, controladora”. Así resume sus primeros 17 años hasta que supo que tenía Asperger. “El diagnóstico me salvó la vida. Antes de saberlo, tuve depresión, ansiedad. No entendía nada”. Después llegó la certificación de un 37% de discapacidad. Ahora, esta joven rubia estudia Periodismo. Quiere aprender a comunicar, dice, mientras cuenta su historia. “Al poco del diagnóstico, empecé a salir con un chico. Con él perdí la virginidad. Mi padre montó en cólera. No tardaron en llevarme a la clínica, el médico me contó que mis reglas serían menos abundantes, que estuviera tranquila, que era lo mejor para mí. Me leyeron una lista, dando por supuesto que lo entendía todo, cuando a veces me cuesta”. No se planteó que pudiera decir que no. Que tuviera otras opciones. Que ella era quien tenía la última palabra: “No me obligaron, pero no fui libre”.

 

 

La mayoría de las familias que deciden esterilizar a las mujeres con discapacidad lo hacen por amor, creen que así las protegen. Elimina el riesgo de embarazo no deseado. Pero el paradigma social está cambiando poco a poco: “Hace falta una discusión pública para esta toma de conciencia, que las familias comprendan por qué no es una medida de protección, sino una vulneración de derechos”, señala Enrique Galván, presidente de Plena Inclusión, que aglutina más de 900 asociaciones de familias y personas con discapacidad intelectual.

 

La esterilización atenta contra la salud de las mujeres y puede dejar secuelas físicas y psíquicas, recuerda Cermi. Este procedimiento, incluso en los casos autorizados por un juzgado, “no esconde la realidad de que una mujer con discapacidad, normalmente muy joven, ha sido sometida a una intervención médica innecesaria y no terapéutica para quitarle un órgano que es esencial para la salud sexual y reproductiva”, señala un informe de Cermi. Entre las secuelas, enumera la aparición temprana de la menopausia, osteoporosis y enfermedades cardiovasculares. El sexólogo Carlos de la Cruz añade los efectos psicológicos: muchas veces no entendieron lo que ocurrió y cuando lo descubren, aunque las familias partieran de “buena voluntad porque creen que es algo bueno, se quiebra la confianza en ellas, las principales figuras de apoyo”.

 

Otra alerta que subraya Cermi es que la esterilización no es una barrera contra posibles abusos: “Lo que es más grave, la esterilización forzosa puede aumentar la vulnerabilidad de la niña, adolescente o mujer joven con discapacidad ante abusos sexuales”, dice la organización en un informe. “Hemos percibido que en los últimos años las familias han tomado conciencia del riesgo que supone tener a un miembro de la familia incapacitado y esterilizado. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, tienen más riesgo a sufrir agresiones sexuales porque un embarazo seguro que no se va a producir”, ahonda Isabel Caballero.

 

 

“El Estado no está preparado para apoyar a madres con discapacidad”, añade Mercedes Serrato, investigadora en cuestiones de discapacidad y género que revisa desde hace cuatro años estos procesos de esterilización para su tesis doctoral en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Ella apunta a que son percibidas como “una carga social” con un juicio que resume así: “Si no eres capaz de cuidarte a ti misma, cómo vas a cuidar a otra persona”. Serrato subraya que es otro de los estigmas. Las mujeres con discapacidad pueden ser madres con ayuda y apoyos para tareas para las que en realidad “ninguna mujer está preparada”: el seguimiento médico de la criatura, de su cartilla de vacunas o de su alimentación, por ejemplo.

 

Cristina Paredero no llegó a plantearse que podría haber sido madre hasta años después. “Siempre he tenido muchos problemas físicos. Sumados al diagnóstico, mis padres me decían que me podría quedar embarazada de cualquiera, que no estaba preparada”, recuerda. “Desperté con 23 años, gracias a mi actual pareja. Pasé años respondiendo como un robot. Si me preguntaban por qué me habían ligado las trompas, decía que no me podía permitir que mis hijos tuvieran Asperger. Él me dijo: ‘¿y qué hay de malo en eso?’ Cuando me di cuenta de que no tenía por qué ocurrir y de que, si ocurría, no pasaba nada, ya era tarde”, dice la joven.

 

Hace años que se independizó, vive con su pareja. “Es posible que de manera normal, pero de forma libre, hubiera tomado la decisión de ligarme las trompas. Como mujer tampoco necesito tener hijos. Ni siquiera sé si los habría querido tener porque me da miedo el dolor. Pero ya no podré saberlo. A lo mejor lo hubiera hecho con 40 años”, dice. Pero no con 18. Ahora alza la voz. Para que se sepa que estas cosas pasan. Para que dejen de pasar.

 

 

Si la educación sexual es una asignatura pendiente en la sociedad, lo es mucho más para las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo. “La revolución sexual está pendiente en este colectivo”, apunta Enrique Galván, presidente de Plena Inclusión. “Las familias han pasado de la negación a la sobreprotección, y ahora comienza a ser más frecuente que ellas mismas sean motores o apoyos para que las personas crezcan en la dimensión sexual”, apunta.

 

La sexualidad es mucho más que el coito. Pasa por conocer el propio cuerpo. Por algo tan básico como tener intimidad. Por hablar del tema. Por vencer la sobreprotección. “Hubo un tiempo en el que lo más urgente que había que hacer con las personas con discapacidad intelectual era esterilizarlas. El miedo a la sexualidad era el miedo al embarazo”, explica el sexólogo Carlos de la Cruz.

 

“Pero antes de todo eso hay que hablar de educación sexual, de poder estar a solas, de derechos, de colectivos LGTBI, de respetar el cuerpo desnudo, de facilitar que puedan crecer también respecto a sexualidad. En definitiva, facilitar que puedan crecer también respecto a la sexualidad. Y cuando esto esté cubierto, ya podemos hablar de relaciones de pareja, de relaciones sexuales. Y a lo mejor de maternidad y, si se plantea la esterilización, que sea en otros términos, de forma libre, sin atajos, como puede ser una opción para el resto de la sociedad”, sostiene De la Cruz. “Se llama no infantilizar, generar capacidad en la toma de decisiones”, resume.

 

“Aún tenemos el freno del miedo puesto, la sobreprotección y la dificultad de ver a todas las personas como completas de derecho”, continúa el presidente de Plena Inclusión. Esta asociación fijó hace tres años un posicionamiento institucional reivindicando los derechos de las personas con discapacidad a tener una vida afectiva y sexual plena. Galván alerta de la falta de recursos, de toma de conciencia, formación y oportunidades de las personas con discapacidad intelectual para tener una vida sexual plena. Poco a poco se va rompiendo el tabú.

 

Fuente: El País