"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Mesa redonda
La gran cuestión pendiente, constitucionalizar los derechos sociales
21/04/2016
Blanca Abella - Imágenes: Manuel Moreno/Jorge Villa
Al comienzo de esta mesa todos sus integrantes se mostraron felizmente de acuerdo con la propuesta de reformar la Constitución para lograr que los derechos sociales, económicos y culturales queden recogidos como derechos de primer orden, fundamentales. Sin embargo, en el discurrir del debate, surgen numerosas discrepancias sobre la forma en la que debe quedar recogida la propuesta, dónde y cómo gestionar esos derechos, los recursos necesarios y cómo repartir las competencias. Además, a medida que se ahonda en la propuesta surgen nuevas ideas relacionadas directamente con la cuestión planteada, como la de lograr que la sociedad civil sea también reconocida en la Constitución como un necesario aliado y así alcanzar una relación Sociedad-Estado distinta, más madura y evolucionada, sin miedo a que los ciudadanos participen.
Alberto Montero: "La constitucionalización de los derechos sociales, económicos y culturales debería ser un horizonte al que necesariamente deberíamos transitar y a lo largo del mundo, en las nuevas tendencias constitucionales, se percibe precisamente esa tendencia"
Alberto Montero, diputado de Podemos, presidente de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso, aclara en primer lugar “que la constitucionalización de los derechos sociales, económicos y culturales debería ser un horizonte al que necesariamente deberíamos transitar y a lo largo del mundo, en las nuevas tendencias constitucionales, se percibe precisamente esa tendencia a superar esa diferenciación, esa clasificación liberal de los derechos, los derechos civiles y derechos políticos por un lado, y derechos sociales, económicos y culturales, por otro, y a tratar de constitucionalizarlo en igual rango de protección. Creo que es una de las grandes aspiraciones que cualquier reforma constitucional que se emprendiera en este país debería satisfacer”.
Mª Luisa Carcedo, secretaria de Bienestar Social del PSOE, se remite a las Naciones Unidas, al famoso artículo 25.1, para extender los derechos humanos a los sociales, económicos y culturales. Y explica que en el famoso documento de Granada donde su partido expone cómo se debe estructurar territorialmente España y garantizar los servicios del Estado de Bienestar, ya proponen que los derechos a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales adquieran ese rango de derecho constitucional. Y afirma: “Nuestra propuesta es la creación de una subcomisión específica de estudio para diseñar una propuesta de reforma constitucional en esta dirección… Hasta ahora nos hemos encontrado con el muro del Partido Popular que nunca ha aceptado sentarse a discutir el alcance de esa reforma constitucional, pero no perdemos la esperanza”.
Concha Díaz: "En estos más de 30 años de vigencia de la Constitución hemos avanzado, pero en el ámbito de los derechos sociales España todavía sufre un déficit... y durante la crisis económica las personas con discapacidad nos hemos visto mucho más agraviadas"
Desde el sector de la discapacidad y en representación del CERMI, Concepción Díaz Robledo, vicepresidenta del CERMI, asegura que, según nuestra Constitución, somos un Estado social, pero a la hora de la verdad los derechos sociales no están constitucionalizados. Y Explica: “En estos más de 30 años de vigencia de la Constitución hemos avanzado, pero en el ámbito de los derechos sociales España todavía sufre un déficit en la provisión. Ahora mismo hay una variedad de sistemas de tal forma que una persona, tenga o no discapacidad, en cuanto a servicios sociales y el acceso a los recursos y prestaciones, varía en función de donde viva. Y en el caso de las personas con discapacidad esta diferencia se ve agravada, porque durante la crisis económica, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, nos hemos visto mucho más agraviadas”.
En último lugar interviene Rafael de Lorenzo, que participa en la mesa en su calidad de secretario general de la Plataforma del Tercer Sector (PTS) y considera que el tema planteado en esta mesa es un reto de modernidad del siglo XXI. “Es un debate esencial si se quiere transitar hacia una sociedad mucho más avanzada desde el punto de vista de la protección jurídica de los derechos esenciales, humanos, fundamentales, de las personas y de los ciudadanos”, afirma.
Haciendo un esfuerzo de realismo, De Lorenzo apunta la desolación que produce comprobar que, a pesar de los grandes esfuerzos de Naciones Unidas desde 1948, con todos sus pactos internacionales y los siete tratados sobre derechos humanos, “con qué facilidad se incumplen y se impone la razón de la fuerza sobre la fuerza de la razón, en función de intereses geoestratégicos o de alianzas”.
Pero en el microcosmos de nuestro país, según el representante de la PTS, “no es menos cierto que en este corto o medio plazo no parece que se den las condiciones adecuadas de clima político, de interlocución y generación de consenso como para acometer algo tan ambicioso y tan complejo como es una reforma de la Constitución de suficiente calado para que no sea un simple lavado de cara sino un verdadero proceso de transformación en la protección de los derechos de las personas”.
Derechos y competencias
La PTS elevó un documento a los partidos políticos, un decálogo, en el que su primera petición es una reforma constitucional profunda que pivote sobre tres grandes ejes. El primero, la reubicación y el cambio de naturaleza de los derechos sociales, pasándolos a derechos de primer grado. En el segundo eje, solicitan un reconocimiento del papel de la sociedad civil y de las organizaciones del Tercer Sector en la articulación de la sociedad como vehículo de participación de los ciudadanos, de corresponsabilidad pero también de defensa de intereses de los colectivos más desfavorecidos. Y el tercer eje, desde la perspectiva de la PTS, es que hay que modificar el título octavo, de manera que las políticas de solidaridad, de inclusión social, sean una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas, “y poder salir de este camino sin fin, pozo sin fondo, en el que toda política vinculada a la asistencia social (por cierto, un término antiguo, absolutamente genérico y trasnochado) sea competencia autonómica”, y concluye De Lorenzo: “eso no puede ser así, el Estado no puede carecer de herramientas, de instrumentos para desarrollar políticas sociales en el ámbito de todo el Estado”.
Mª Luisa Carcedo: "En el devenir del día a día se fue asimilando a la asistencia social todas las competencias de servicios sociales y se llegó a esta situación en la que las competencias autonómicas son las que deciden exclusivamente cómo se organiza toda la atención social”
En ese instante interviene de nuevo Mª Luisa Carcedo apuntando cierta discrepancia, ya que asegura que no comparte la interpretación de que se pueda asimilar toda la atención social a la asistencia social, ya que se olvida absolutamente toda la referencia a la Seguridad Social. “Esa asistencia social que cita la Constitución habría que asimilarla exclusivamente a lo que era la antigua beneficencia social municipal y no meter en ese saco toda la protección social derivada de la propia Seguridad Social… En el devenir del día a día se fue asimilando a la asistencia social todas las competencias de servicios sociales y se llegó a esta situación en la que las competencias autonómicas son las que deciden exclusivamente cómo se organiza toda la atención social”.
Y apunta entonces la necesidad de una Ley Marco de Servicios Sociales porque el cuarto pilar del Estado de Bienestar, que es la política social, carece de ese instrumento de ámbito estatal que permite su articulación con carácter homogéneo en el conjunto del territorio. Y finaliza esta intervención con una reclamación tajante: “La percha de la Seguridad Social podría dar más juego”.
Alberto Montero: "La crisis ha puesto de manifiesto que los avances que se han ido produciendo en la atención social y servicios sociales son muy frágiles, ya que es muy fácil desmantelar lo que ha costado décadas traer”
Alberto Montero también coincide en la necesidad de una Ley Marco que regule el ámbito de los servicios sociales, pero tiene que venir de la mano del acceso a los recursos necesarios. Y explica que el desequilibrio entre la traslación de las competencias en materia de prestación de los derechos genera elementos de asimetría que probablemente en muchos casos no estarían presentes si no existieran también desequilibrios de renta entre los territorios, en reparto de los recursos.
Afirma Montero que está completamente de acuerdo con la idea de establecer una base mínima, a partir de la cual profundizar, “porque la aplicación o la acción actual y del pasado, de los operadores jurídicos y políticos ha ido impidiendo la profundización en determinados territorios del reconocimiento de determinados derechos subjetivos, es decir, el Tribunal Constitucional ha impedido el reconocimiento de derechos subjetivos cuando por ejemplo la Comunidad Valenciana se plantea el derecho al agua como un derecho de primer orden”.
Para los servicios sociales propone por tanto, “el reconocimiento de una ley marco que los haga uniformes, que establezca una base uniforme pero que permita la profundización en determinados ámbitos, de la mano de una reforma que permita que la financiación sea suficiente para poder desarrollarlo. La crisis ha puesto de manifiesto que los avances que se han ido produciendo en la atención social y servicios sociales son muy frágiles, ya que es muy fácil desmantelar lo que ha costado décadas traer”.
Concha Díaz coincide en la idoneidad de crear una Ley marco que garantice que los servicios sociales estén consensuados en las 17 comunidades autónomas al mismo nivel, con unos mínimos, al menos. Explica que “hay muchas leyes de servicios sociales y no sabría decir cuál es la mejor, en función del tema algunas son mejores que otras, pero ninguna es perfecta, seguramente habría alguna que puede servir más de referencia, como la ley de 2008 del País Vasco”.
Rafael de Lorenzo: "Antes de ponernos a hablar de una ley marco de servicios sociales, hay que dejar claro en el dibujo constitucional de dónde va a colgar ese tema”
Rafael de Lorenzo discrepa en torno a la posible ley marco, en primer lugar porque considera que “antes de ponernos a hablar de una ley marco de servicios sociales, hay que dejar claro en el dibujo constitucional de dónde va a colgar ese tema” y advierte de los peligros de vinculación a la seguridad social, “nos encontraríamos con serios problemas de las vestales que defienden, sacerdotes, sacerdotisas de la pureza de la seguridad social española, que no admiten que la tendencia es fundamentalmente hacia la potenciación del régimen contributivo y no del no contributivo, que es financiación estatal y que es gestión, cada vez más, descentralizada”.
Además, asegura que en la actualidad sería un conflicto político de primera línea cualquier ley que intentase atraer nuevamente hacia el Estado competencias que ya son de las comunidades autónomas, “eso ya solo se puede resolver en un gran pacto de reforma de la Constitución, donde se haga una revisión del diseño de las competencias autonómicas pero en este clima es complicado plantear una reforma amplia y profunda”.
Y también señala que una ley marco establece unas líneas muy generales, pero luego el desarrollo y la ejecución corresponde a las comunidades autónomas, “no avanzaríamos demasiado ahí”, según su criterio.
La sociedad civil como aliado
Según expone Rafael De Lorenzo, hay tres grandes operadores que inciden en la vida política, económica y social en nuestro país, uno de ellos es el sector público, “y con los tiempos que corren no se puede plantear que todas las políticas sociales dependan de él”; luego están los mercados, que contribuyen con la Responsabilidad Social Empresarial, la acción social de la empresa, el mecenazgo etc., “que no dejan de ser, entre comillas, cortinas de humo de la mala conciencia empresarial, que aportando unos pocos euros creen que están cumpliendo con la sociedad y eso no es así, es un discurso muy estético y muy cosmético y de ahí no salen demasiados aspectos positivos y tangibles para los colectivos más desfavorecidos y para las políticas sociales de nuestro país”; y luego está el Tercer Sector, que tiene sobre todo un peso importante cualitativamente hablando y que coincide con los intereses de lo público y por lo tanto “puede ser un aliado en un clima de alianza público-privada para participar en el diseño de las soluciones y el pronóstico de las necesidades y para corresponsabilizarse hasta donde se pueda en la gestión de esas soluciones”.
Y afirma De Lorenzo: “Tenemos un Tercer Sector de ámbito estatal muy potente que no podría actuar si no fuera bajo el paraguas de unas competencias estatales claras que le den cobertura para desarrollar una política coherente, transversal, general en todo el territorio del Estado”.
El Tercer Sector reivindica para el futuro que se reconozca de manera más explícita el papel que hace, pero no con declaraciones retóricas sino actuando, poniendo en marcha, mecanismos de transformación de futuro, en la Constitución, en el marco legal que corresponda en cada momento, en los sistemas de financiación, de control, etc. Eso sí, reclama el representante de la PTS, “con seguridad jurídica y no en la actual situación, en la que el sector público expulsa cada vez a más gente de sus ámbitos de protección hacia las entidades sociales, pero por otra parte le va cortando la hierba bajo los pies de manera que dispone de menor cobertura jurídica y menos capacidad de financiación. Llegará un momento de estrangulamiento y esta red complementaria a la pública dejará de ser útil al servicio del país y de los colectivos más vulnerables”.
Mª Luisa Carcedo difiere afirmando que la gestión de esos derechos debe de ser, al igual que la sanidad o el sistema educativo, a través de un sistema público. “Y vemos al Tercer Sector como complemento a determinadas actividades que desde la Administración pública no pueden prestar con la misma flexibilidad y particularidad”.
Alberto Montero: "El hecho de que el Tercer Sector no tenga voluntad y fines de lucro, que vele por el interés general, no lo hace un enemigo de lo público sino que lo refuerza, bajando hasta los sectores más vulnerables".
Sin embargo Alberto Montero aboga por reforzar lo público frente a los ámbitos de prestación y decisión privados, “no porque nos parezcan malos en sí, sino porque la práctica en este país de determinados sectores lleva a que esos ámbitos sean espacios de poder, pero al mismo tiempo, y por eso mismo, esa importancia del sector público la vemos con una relación mucho más íntima con el Tercer Sector como representación de la sociedad civil”. Y explica cómo en el ámbito internacional, las reformas llevadas a cabo en la Constitución han reforzado la participación de la ciudadanía en su conjunto en la toma de decisiones y en el control y fiscalización de los recursos.
Y añade: “Junto a esa presencia potente del Estado en el reconocimiento de estos derechos, hay que apuntar una presencia mucho más activa del conjunto de la ciudadanía, el Tercer Sector, para el diseño de las políticas, que no se realice de espaldas a los colectivo afectados, tratando de recibir de ellos las propuestas necesarias para que la normativa responda a sus necesidades. El hecho de que el Tercer Sector no tenga voluntad y fines de lucro, que vele por el interés general, no lo hace un enemigo de lo público sino que lo refuerza, bajando hasta los sectores más vulnerables. Más que complementar deberían reforzarse de forma mutua”.
Rafael de Lorenzo interviene matizando la idea que expuso Carcedo sobre la colaboración del Tercer Sector en “determinadas actividades” y afirma que “desde el Tercer Sector no nos vemos como un mecanismo sustitutorio y que pueda menoscabar un sistema público de protección social, al contrario. Creemos en un modelo público, pero más que ser un complemento que tape agujeros sería más constructivo plantearlo como una política de alianzas público-iniciativas sociales. Cuando pedimos que se reconozca en la Constitución a la sociedad civil organizada creemos que hay que constitucionalizar los mecanismos de interlocución, de negociación, de cooperación, de seguimiento, a través de mecanismos de diálogo civil, que no son las típicas consultas que se convierten en un mero trámite para luego no hacer ningún caso”. A su juicio, el país se enriquece y es un elemento más transformador de un país que busca un equilibrio entre los principios economicistas y sociales, entre la redistribución y la solidaridad, entre el crecimiento y la redistribución.
Mª Luisa Carcedo: "Efectivamente el Tercer Sector enriquece mucho, es evidente y defendemos que ese papel tenga además una estabilidad”
Mª Luisa Carcedo, a su vez, interviene para responder a la cuestión de la sociedad civil afirmando que “la representación de la ciudadanía no se puede reducir al Tercer Sector, la representación de la ciudadanía más fidedigna son las instituciones públicas en cuanto que es una democracia representativa. Efectivamente el Tercer Sector enriquece mucho, es evidente y defendemos que ese papel tenga además una estabilidad”.
Entonces la polémica se abre paso en pequeños matices pero grandes ideas. Alberto Montero destaca la diferencia entre la concepción que Carcedo expone de la democracia como representativa y limitada a lo institucional y la que tienen ellos, que debería avanzar, y añade que “la representación de la ciudadanía no se limita al Tercer Sector, muy vinculado a lo social, hay otros movimientos sociales que deben ser incorporados y no hay que tener miedo a que los ciudadanos participen”.
Y Rafael de Lorenzo explica que los modelos tienen que evolucionar y el papel que puede jugar el Tercer Sector en una alianza público-iniciativas sociales implica un respeto al papel de los representantes elegidos, “una condición necesaria pero no suficiente que tendrá que completarse evolutivamente con un papel cada vez más relevante, en ningún caso suplantador de nada, de la sociedad civil organizada en todas sus manifestaciones; un papel de cooperación, constructiva, de sumar, un papel más determinante de la sociedad civil”... asegura que quieren estar en primera línea de trabajo, “queremos comprometernos en la trinchera”, y que al igual que los mercados tendrán que jugar su papel, el Tercer Sector quiere jugar de manera más comprometida y más significativa para que la gente recupere una vida digna.
Concha Díaz: “La sociedad civil organizada, sin ninguna duda, cumple un papel de diálogo necesario y tiene su valor”
La intervención de Concha Díaz a estas alturas sirve de pequeño esquema o resumen, ya que apunta tres ideas fundamentales que llevarse a casa. La primera se refiere al tema central de la mesa y en ella proclama unos derechos sociales, económicos y culturales exigibles, universales, garantistas, subjetivos y de calidad. En la segunda idea apunta una frase que ha leído hace poco: “A cada persona, según sus necesidades y de cada persona según sus posibilidades”. Y en su tercera aportación resumida afirma tajante que “La sociedad civil organizada, sin ninguna duda, cumple un papel de diálogo necesario y tiene su valor”.
Además, como representante del CERMI, Concha Díaz quiso también contar otras propuestas de reforma de la Constitución. “Una muy concreta del ámbito de la discapacidad que hace referencia al artículo 49. En el año 78 podía resultar innovador, pero no es el caso en el siglo XXI pues contamos con numerosa legislación y normativa en nuestro país, con la Convención de la ONU, y entendemos que este artículo debe ser profundamente reformado, a nivel terminológico pero también de ubicación. Tenemos que garantizar los derechos de inclusión, facilitar apoyos a las personas con discapacidad que así lo necesiten y estamos hablando de derechos fundamentales, no de derechos que varían en función de la dotación presupuestaria, porque si seguimos igual las personas con discapacidad seguiremos en la misma situación de déficit y de exclusión, incluso peor, dentro de nuestro país”.
Y finalmente, expone un tema que considera fundamental denunciar al hablar de derechos sociales o fundamentales: “Es cierto que dependemos, como ha dicho Rafael De Lorenzo, de las empresas con su RSE, de la ideología de los gobiernos y todos estos años hemos tenido la sensación de que el peso de los derechos sociales depende también del esfuerzo tremendo de tantísimas ONG y todos coincidimos en que son derechos fundamentales pero tenemos que reflexionar también porque esto es un tema de género. En nuestro país cuando hablamos del Estado de Bienestar y los servicios y recursos que comprende, los ámbitos o las personas que más sufren son siempre las mujeres”.
