"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Mesa redonda
Mesa redonda portavoces de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados
El nuevo modelo del 0,7 del IRPF quiebra el consenso de la Comisión de Discapacidad
23/06/2017
Blanca Abella - Imágenes: Jorge Villa
El derecho a voto de todos los ciudadanos, la creación de una Fiscalía especializada en discapacidad, la violencia contra la mujer con discapacidad, la accesibilidad, y su escaso cumplimiento mientras finaliza el plazo legal, y el nuevo modelo de reparto del 0,7 del IRPF han sido los temas debatidos en esta mesa emplazada por Servimedia y conformada por representantes políticos que practican el consenso, casi siempre. En esta ocasión, las diferencias son evidentes cuando se trata el nuevo reparto del 0,7 del IRPF, mientras que el acuerdo sigue vigente casi en su totalidad en el resto de cuestiones.
Y para iniciar el debate, deciden abordar una cuestión que podría estar resuelta en los próximos meses, o al menos ese es el deseo común de los presentes, se trata del derecho a voto de todas las personas con discapacidad. Joan Ruiz está totalmente de acuerdo con la reforma de la LOREG para lograr hacer efectivo este derecho, pero además, apunta que “si no llegamos a un acuerdo sobre la reforma de la ley electoral, seríamos de la opinión de sacar esta parte y aprobarla específicamente, que pase por el Congreso y se apruebe”.
Isabel Salud recuerda que cuando se trató la reforma electoral en diciembre para que no coincidieran las posibles elecciones generales con el día 25 de diciembre, “nuestro grupo propuso ya una serie de modificaciones, aprovechando esa reforma exprés, y una de ellas era el derecho al voto, pero entonces no se atendió”.
Diego Clemente asegura que este tema se lo toman muy en serio y Carles Campuzano, entiende que “no debía haber ninguna excusa formal para evitar que un derecho tan fundamental para los ciudadanos, como es el derecho al voto, sea ejercido por las personas con discapacidad” y se muestra abierto a cualquier fórmula legal que permita resolver esta cuestión. Igual que ocurre con Iñigo Alli e Ignacio Tremiño.
Una Fiscalía de Discapacidad
Y en este caso, para Joan Ruiz, “el problema es darle mayor visibilidad, porque es un tema que se desconoce bastante y darle tal vez mayor rango”, algo que comparte Isabel Salud, que además cree necesaria también una mejora en la formación.
El representante de Ciudadanos cree que este tipo de acciones no deben acarrear mayor gasto, sino que a veces hay que gastar mejor. Y en cuanto a la visibilidad, comenta que a menudo los políticos salen en los medios y en las redes con cualquier comentario que hagan sobre el AVE u otros temas, “pero cuando hablamos de políticas sociales y discapacidad tiene menos relevancia”.
"Resulta absolutamente indispensable crear la Fiscalía de Discapacidad, tan severo o urgente como el tema del voto”
Para Íñigo Alli, a la vista de los datos que se conocen sobre discapacidad, acoso y violencia, resulta “absolutamente indispensable” crear la Fiscalía de Discapacidad, “tan severo o urgente como el tema del voto”. Y Carles Campuzano recuerda algunos casos recientes de discriminación hacia personas con discapacidad y considera evidente la oportunidad de crear esta fiscalía.
Violencia y discapacidad
Ignacio Tremiño recuerda todos los avances impulsados por el Gobierno de su partido y Joan Ruiz reclama mayor información para las cuestiones de discapacidad, para ello, el INE debe incorporar la discapacidad con más frecuencia. Mientras, para Diego Clemente existen dos importantes mecanismos en marcha en el Congreso, como son el Pacto por la Violencia de Género y el Pacto de Educación, “que es importante por la necesaria concienciación y formación de los agentes implicados”.
Carles Campuzano coincide con los demás y asegura que se han producido avances muy significativos en los últimos años pero sigue siendo una cuestión pendiente, “y es evidente que en el sector de la discapacidad se están produciendo mayores vulneraciones de derechos”. Por supuesto, a su juicio, “tener información es imprescindible para cualquier política pública y esto va a ser un reto para dar respuestas”.
El horizonte accesible del 4 de diciembre
Joan Ruiz asume el fracaso ante el horizonte de accesibilidad de este año: “Es verdad que el 4 de diciembre termina el plazo y que no hemos hecho los deberes como país, por tanto es normal que el mundo de la discapacidad crea que no les hemos atendido y por eso propusimos crear un fondo del 1% de las grandes obras para ir terminando con todas las barreras de este país, pero la propuesta fue presentada en los presupuestos generales del Estado y no ha sido aceptada”.
Según Isabel Salud, “tenemos legislación suficiente, pero a veces las cosas se quedan en el papel, el problema es el incumplimiento de esa legislación y que, para hacer política, para cumplir la legislación, hace falta dinero y presupuestos. Hemos pasado unos años con una política de recortes, se ha recortado en todos los ámbitos políticos y la discapacidad también necesita dinero. Sin dinero las políticas no se cumplen”.
"Va a ser un escándalo que tengamos leyes que no cumplimos y el incumplimiento de estas leyes a menudo responde al incumplimiento de las administraciones y sus propias obligaciones"
Sin embargo, a juicio de Ignacio Tremiño “somos el país más avanzado del mundo en la ejecución de la eliminación de barreras. A pesar de que no vamos a llegar al 4 de diciembre cumpliendo esa legislación de accesibilidad, somos el país que más ha trabajado en accesibilidad”. Una visión muy optimista que no comparte Carles Campuzano, que afirma contundente: “Va a ser un escándalo que tengamos leyes que no cumplimos y que el incumplimiento de estas leyes a menudo responde al incumplimiento de las administraciones y sus propias obligaciones y va a ser frustrante para el conjunto de la sociedad y especialmente para las personas con discapacidad”. Es más, añade, “lo que continúa siendo indignante es que veamos obra nueva sin cumplir los requerimiento de accesibilidad, por lo tanto, mayor esfuerzo también por parte de arquitectos, ingenieros…”
Nuevo modelo de IRPF
En este ocasión, es Carles Campuzano quien interviene en primer lugar y explica que él, personalmente, desde hace años, ha defendido ante los secretarios de Estado de Servicios Sociales que debía llegarse a un acuerdo en esta dirección, “y es que hubiese un tramo autonómico que correspondiese a las competencias autonómicas y otro tramo estatal. Han tenido que pasar un montón de sentencias del Tribunal Constitucional y afortunadamente no ha tenido más remedio que hacerlo, por lo tanto, llega muy tarde, hace muchos años que debería de haberse abordado una solución de este tipo”.
Íñigo Alli entiende que es necesario un diálogo en esta cuestión: “En nuestra comunidad tenemos una capacidad de recaudación diferente, pero creo que es necesario mucho diálogo, hablar con el tercer sector y llegar a acuerdos”. Y Diego Clemente insiste en que “este va a ser el punto donde no vamos a coincidir todos, creo que quizá es el primer sapo que se ha tenido que tragar Dolors Monserrat porque no estoy tan seguro de que ese reparto 80/20 sea la mejor opción. Creo que el tema del IRPF era un mecanismo para una solidaridad interterritorial y espero que sea una medida temporal porque me preocupa bastante cómo quedan algunos organismos estatales. Siempre hemos creído que no debe haber privilegios ni de personas ni de territorios y esto quizá no sea la mejor solución”.
"Tenemos que dirigirnos al Gobierno para reclamar, porque es el responsable de gestionar, recaudar y repartir en función de necesidades y en función de competencias, me niego a este debate de confrontación entre comunidades"
Para Isabel Salud el acuerdo debería ser bien sencillo: “En líneas generales comparto que no debe haber privilegios, aunque creo que tampoco ese es el debate, me parece que esto debería ser tan sencillo como ver qué competencias desarrollan las comunidades, cuáles el Estado y fijar el reparto. Esto debería ser así de sencillo. El Gobierno tiene la responsabilidad de recaudar, y dinero hay en este país, porque entre otras cosas ahora se va a regalar 60.000 millones a la banca, y tenemos que dirigirnos al Gobierno para reclamar porque es el responsable de gestionar, recaudar y repartir en función de necesidades y en función de competencias. Me niego a este debate de confrontación entre comunidades”.
En defensa del Gobierno, Ignacio Tremiño explica que esta decisión se basa en el estricto cumplimiento de una sentencia con arreglo a los criterios de reparto y competencias, pero añade que, según su entendimiento, “las personas que marcan una casilla del IRPF no están pensando en ayudar con su dinero a personas de un territorio determinado, está pensando en ayudar a personas. Este dinero no entiende de territorios, entiende de personas”. Y advierte ahora de que las comunidades autónomas deben atender esas necesidades que estaban siendo cubiertas con el IRPF Estatal.
Pero Carles Campuzano insiste en defender el nuevo modelo: “Prácticamente todas las materias en las que inciden los programas del 0,7 son de competencia autonómica y los recursos se van a invertir con otra ventaja, lo va a hacer la administración que está más cercana a los problemas, más cercana a los ciudadanos y que va a tener capacidad de una mayor incidencia. Cuanto más cerca esté la política social de los ciudadanos es una política más viva, más eficaz, más útil”. Algo en lo que coincide la representante de Unidos Podemos.
"El sistema de reparto que ha habido hasta ahora ha tenido una derivada y es que ha ayudado a crear una organización del mundo de la discapacidad muy fuerte y muy representativa en defensa de los intereses del mundo de la discapacidad y tendríamos que ser capaces de preservar eso"
Joan Ruiz, sin embargo, quiere insistir en una cuestión que considera prioritaria: “El sistema de reparto que ha habido hasta ahora ha tenido una derivada y es que ha ayudado a crear una organización del mundo de la discapacidad que es muy fuerte y que además es muy representativa y es un sistema de presión que sirve para que las cosas a veces caminen más en determinado sentido, en defensa de los intereses del mundo de la discapacidad y tendríamos que ser capaces de preservar eso. Yo no sé si habrá otros países donde el mundo de la discapacidad esté tan organizado, y eso es en parte consecuencia de esos repartos”.
