Opinión

Dependencia, ¿hacia el Estado de Bienestar o a la exclusión social?

Xabier Mikel Errekondo, portavoz del Grupo Mixto (Amaiur) en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados

05/02/2013

La dependencia constituye irremediablemente un pilar fundamental del Estado de Bienestar. Cuando en cualquier sociedad desarrollada la dependencia es entendida como un derecho individual y colectivo, cuando es una evidencia que los recursos destinados a su implementación suponen una inversión de efectos inmediatos en riqueza económica, laboral y social, el Gobierno español sigue empeñado en adelgazar hasta la anorexia el servicio para la autonomía y la atención a la dependencia con el único objetivo de entregárselo en bandeja para su mercantilista explotación a la empresa privada. ¿Un alarde de ceguera o consciente negligencia con las personas dependientes?

La Ley de Dependencia y su puesta en marcha es anterior a las crisis económica y política que padecemos. Así, aún cuando las administraciones disponían de los mecanismos para obtener los necesarios recursos (como ajustar la política fiscal), esta ley arrancó sin la suficiente financiación por parte de la Administración General del Estado (AGE), con equivocados criterios al priorizar las percepciones económicas sobre los servicios a prestar y sin los instrumentos necesarios para su implantación ajustado a un calendario, ya de por sí, flexible. Sus consecuencias son demasiado evidentes en el actual mapa de la dependencia. Únicamente aquellas provincias que entendiendo su importancia estructural han demostrado voluntad y compromiso en la implementación de los servicios a las personas dependientes incluso más allá de sus responsabilidades, se encuentran en disposición de cubrir de manera integral sus derechos, siempre que se continúe con la inversión.

"La clave de la atención radica en una amplia oferta de servicios adaptados a la realidad más local posible, de manera que las personas puedan mantenerse en su entorno familiar y social"

Constituyen un claro ejemplo los cuatro territorios históricos forales, donde la insuficiente aportación de la AGE está siendo suplida, año tras año, por los sufridos presupuestos de la comunidad autónoma vasca y navarra, las instituciones provinciales y los ayuntamientos. Estas instituciones han entendido que la clave de la atención radica en una amplia oferta de servicios adaptados a la realidad más local posible, de manera que las personas puedan mantenerse en su entorno familiar y social evitando su desarraigo y elegir el cuidado más adecuado a su propia situación.

“Como la educación, la sanidad, las pensiones…, el sistema para la autonomía personal y la atención a la dependencia es insostenible para la Administración”. Culpan al gasto y al empleo públicos de la crisis, cuando son los más bajos de la UE-15 y cuando solo uno de cada diez adultos trabaja en el sector público (en Suecia, uno de cada cuatro). El Gobierno español además se erige en alumno aventajado en la aplicación neoliberal en vertical del teorema de igualdad. Donde unos pocos privilegiados necesitan de la clase trabajadora barata y sumisa.

Culpan de la crisis al abstracto “Mercado” y nos responsabilizan a toda la gente taladrándonos los oídos y sin descanso que “hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades”. ¿Son acaso un lujo la vivienda o el coche, cuando la mayoría de empleos lo exigen? El Gobierno nos estigmatiza y la dependencia económica (reforma laboral, ley hipotecaria), el desconocimiento (la sectaria ley Wert) y el miedo (impunidad del Estado) son sus armas. Pues solo desde la cohesión social, la solidaridad y el compromiso colectivo se le puede vencer.

¡No hay crisis, sino ladrones!

Es hora de apuntar responsabilidades con nombres y apellidos, puesto que sus consecuencias las sufren en carne propia las personas más vulnerables, además de la propia sociedad.

La crisis no es sino un manto de chupópteros sobre la economía real a la que succionan cual hienas ávidas de la leche ajena para amamantar el mercado financiero y la economía especulativa, siempre bajo la servil complicidad del Gobierno de turno, del presidente de turno.

La propia UE prioriza la libertad de mercado sobre los derechos sociales, esto es, la ley de la selva; y en la selva siempre gana el león. Consiste, por tanto, todo un reto político y de la ciudadanía luchar por un estado de bienestar que garantice unos mínimos servicios sociales.

"El modelo ultraconservador que pretende instalar este Gobierno tras desmantelar absolutamente todos los derechos sociales y colectivos nos sitúa en un horizonte que condena irremediablemente a la exclusión social a las personas más vulnerables"

Lo que verdaderamente está en juego no es simplemente la financiación, por enorme que ésta sea, para reflotar una economía maltrecha, sino el propio modelo de sociedad. El modelo ultraconservador que pretende instalar este Gobierno tras desmantelar absolutamente todos los derechos sociales y colectivos nos sitúa en un horizonte que condena irremediablemente a la exclusión social a las personas más vulnerables, a las personas dependientes.
 
En este escenario de continuos e interminables recortes en todo el sector público y en especial en los servicios sociales, más nos vale vacunarnos contra las fraternales comparecencias de la Sra. Ministra y saltarnos las ideales exposiciones de motivos de los recortes en formato Real Decreto Ley para ir directamente al grano, es decir, al articulado para desenmascarar las gráciles patrañas a las que nos tiene acostumbrados.

En 1942, William Beveridge estableció las bases del estado de derecho en un informe ante el parlamento del Reino Unido. Presentó los cinco mayores fantasmas de la sociedad y el modo en que el Estado debiera afrontarlos: la enfermedad, el desconocimiento, la miseria, la desidia y la necesidad económica de la gente, y como su solución las políticas sanitarias, las políticas de educación, las políticas de vivienda, el pleno empleo y la garantía de ingreso mínimo, respectivamente. 

Si el Estado de bienestar anterior a esta legislatura en la sociedad española se encontraba ya lejos de cumplir las bases establecidas por el Sr. Beveridge, hoy podemos afirmar sin ningún atisbo de duda que las sangrantes medidas que ha adoptado en un año y pretende seguir adoptando este gobierno avanzan justo en la dirección contraria, conseguirán colocarlo en el escenario previo a 1942.

El compromiso individual y colectivo de la sociedad, el CERMI entre otros, debe ser capaz de convencer a la Ministra Ana Mato a que dé un giro de 180º e instaure políticas sociales profundas, especialmente de verdadero apoyo al sistema para la autonomía y atención a la dependencia.

En Euskal Herria la población convive en una sociedad cimentada sobre un importante grado de compromiso colectivo, de solidaridad, de autogestión, de estructuras altruistas de cooperación y de cohesión social. Es por ello una referencia viva para otras muchas comunidades sociales en su lucha por superar el estigma que cual garrapata les ha sido incrustado por su Gobierno irresponsable. Es quizá también por ello que las personas comprometidas y las estructuras sociales de Euskal Herria, aún después de siglos y siglos, sigan siendo objetivo prioritario del gobierno en su afán destructivo.