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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

jueves, 20 de octubre de 2011cermi.es semanal Nº 7

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

CERMIS Autonómicos

Monago se compromete con el CERMI Extremadura en la búsqueda de un modelo de financiación estable

17/10/2011

El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, se ha comprometido con el CERMI Extremadura a crear una Comisión Bilateral entre el Ejecutivo Autonómico y el Comité Regional para la búsqueda de un modelo de financiación estable y para reducir la burocracia existente.

Así lo ha manifestado durante un encuentro mantenido con el Comité autonómico, representado por sus nueve entidades miembro (APNABA, COCEMFE Extremadura, DOWN Extremadura, FEAFES Extremadura, FEAPS Extremadura, FEDAPAS, Federación Extremeña ASPACE, FEXAS y ONCE Extremadura), con el objetivo de atender las demandas del sector de la discapacidad en la región.

En este sentido, el presidente del CERMI Extremadura, Luís Maria González, ha hecho entrega a Monago de un documento-propuesta para la consecución de un pacto que conlleve un modelo sostenible de atención a la discapacidad.

En él, se plantea establecer un marco de financiación estable para los recursos asistenciales que necesitan los 122.000 extremeños que tienen alguna discapacidad, al mismo tiempo que se pide un “compromiso de pagar lo que realmente cuestan los servicios y no una parte”.

Asimismo, ha explicado al presidente del Gobierno de Extremadura que este documento “es fruto de las necesidades más perentorias demandadas por el movimiento asociativo extremeño”. “Por ello, se ha constituido un Gabinete de Crisis, con el fin de paliar esta situación”, ha manifestado.

Por otro lado, también se ha abordado la demora en el pago de las subvenciones por parte de la Administración autonómica al movimiento asociativo de la discapacidad, la situación “agónica” de los Centros Especiales de Empleo y el compromiso electoral por parte del Gobierno Autonómico de establecer una reserva de plazas en el empleo público del 10% para las personas con discapacidad.

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