En este sentido, CERMI CV ha presentado hoy un escrito donde se expone que durante el ejercicio presupuestario de 2018 se acordó la acción social concertada en las entidades de atención a las personas con discapacidad, pero los retrasos en el abono puntual del pago mensual por las plazas concertadas en los centros, obligó a dichas entidades a solicitar líneas de crédito al Instituto Valenciano de Finanzas en condiciones más beneficiosas que las ofrecidas por el sector privado para sufragar los costes de personal, funcionamiento y otros cubiertos por el concierto.

 

Tales retrasos (la última mensualidad del concierto de 2018 se abonó en marzo de 2019), fueron generando costes de gestión y financieros derivados de los referidos préstamos a las entidades difícilmente asumibles y que, en puridad, no tenían ni tienen obligación de soportar, al traer causa de un anormal funcionamiento de esta Administración.

 

Por ello, el CERMI CV, en representación de sus Federaciones/Asociaciones afectadas, propuso a los Grupos Parlamentarios con representación en las Cortes Valencianas, para su estudio y eventual asunción, una enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos para 2019, consistente en fijar una línea específica de subvención y beneficiar así a las entidades afectadas. 

 

Al no haberse resarcido los gastos financieros del ejercicio 2018 y acumulándose los de 2019, a finales de 2019, el Movimiento CERMI CV en su conjunto, presentó solicitudes individuales de responsabilidad patrimonial, como solución fundada en derecho admitida por la propia Administración, basando la relación de causalidad, fundamentalmente y tal y como se expuso en las referidas solicitudes, pero en 2021 se notificó a todas las entidades la inadmisión a trámite de la solicitud de responsabilidad patrimonial en su día formulada.

 

Para el Comité autonómico, esta interpretación jurídica del Informe de Abogacía de la Generalitat es “parcial e interesada” en favor de la Administración, por lo que las entidades formularon recurso de reposición, pendiente de resolver.

 

“Así las cosas, la voluntad política sin proactividad. A pesar de nuestra constante acción propositiva, es ineficaz e inútil para poner fin a esta problemática, insostenible después de tres años de innumerables obstáculos que han devenido, o al menos eso parece, insalvables”, lamenta.

 

Según asevera, “es por tal razón que se hace necesario un posicionamiento público y asertivo que llegue a todas las instancias gubernativas, administrativas y a las instituciones públicas de defensa de derechos, a fin de desencallar una situación que, en aras a continuar por la senda del diálogo civil, ha de evitar por todos los medios judicializarse”.

 

Tal y como explica el presidente de CERMI CV, Luis Vañó, “merecemos un sistema público de Servicios Sociales fuerte, estable y de calidad en beneficio de todas las personas usuarias y que no permita el naufragio de quienes, en colaboración con la Administración, lo sostienen, ahora más que nunca…quizá cuando más se necesita. Este es un tema que está abierto y que se debe resolver, con una verdadera y auténtica voluntad política”.