El presidente de esa entidad a nivel nacional, Luis Cayo Pérez Bueno, ha asegurado que el hecho de que no se hayan habilitado autobuses accesibles para cubrir ese trayecto es “un tema sangrante” y “una abominación” que contraviene leyes y directivas europeas de obligado cumplimiento.

 

Por eso, tras reunirse este lunes en Murcia con el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, y con la vicepresidenta y consejera de Política Social, Isabel Franco, ha anunciado que llevará el asunto ante la justicia.

 

En rueda de prensa en el Palacio de San Esteban, Pérez Bueno ha recordado que existe una Fiscalía especializada en el área de la discapacidad y se ha comprometido a trasladarle este asunto con el convencimiento de que actuará de oficio, ya que “no es admisible” no ofrecer “alternativas accesibles” al corte ferroviario y conculca normas nacionales y europeas.

 

De hecho, ha insistido en que la situación sería denunciable incluso ante la Unión Europea.

 

Además, se ha comprometido también a pedir responsabilidades a nivel político a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para que dé una solución que no menoscabe la “dignidad” y los derechos de las personas con discapacidad.

 

En su encuentro con López Miras, Cayo ha repasado también otros asuntos que están en la agenda nacional del CERMI, como el correcto aprovechamiento de los fondos europeos de regeneración “Next Generation” para que tengan una vertiente social y de atención al tercer sector y la discapacidad.

 

El borrador de propuestas presentado hasta el momento por el Gobierno, ha lamentado, se centra en “lo verde y la digitalización”, aspectos ambos positivos, pero que no pueden dejar de lado la parte social.

 

En ese sentido, en la tramitación como ley de ese proyecto, ha lamentado que se excluye de diferentes convocatorias de manera explícita a los colectivos del tercer sector, incluidos los de la discapacidad, que también tienen “necesidades de digitalización, de eficiencia energética o de humanización”.

 

Si los fondos solo revierten en grandes empresas, ha advertido, corren riesgo miles de empleos derivados de las 30.000 entidades del tercer sector que hay en España, de las que un 25 por ciento están relacionadas con la discapacidad, y que además de puestos de trabajo, hacen una labor imprescindible en atención a millones de personas.

 

Excluir a esas entidades de poder concurrir a los fondos, ha dicho, “es una forma de discriminación no aceptable” y el CERMI está “dando la batalla” por revertir esa situación.

 

Ya en el ámbito regional, la vicepresidenta ha destacado la nueva ley de Atención Temprana que acaba de iniciar su trámite parlamentario y que permitirá homogeneizar ese servicio para las 4.600 familias que lo reciben actualmente de manera desigual y, a veces, abocadas al copago.

 

La norma establece que la atención temprana será universal y gratuita, financiada por la administración y con independencia del municipio de residencia de los afectados.

 

También ha transmitido el compromiso de compensar parte de los gastos que la crisis sanitaria del coronavirus ha supuesto para el sector de la atención a la discapacidad con una batería de ayudas por importe de 1,2 millones de euros que se aprobarán próximamente por el Consejo de Gobierno.

 

Por último, y entre otros asuntos, ha destacado la puesta en marcha el próximo mes de noviembre del Proyecto Unidas de atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, que se llevará a cabo de forma inicial en cinco municipios con la intención de ampliarlo a los 45 de la comunidad autónoma antes del mes de marzo.

 

Fuente: Cope