La mutilación genital femenina (MGF) es una cuestión que trasciende fronteras y que atañe a CERMI Mujeres, que manifiesta, además, que esta práctica es generadora de discapacidad, de ahí la celebración de este conversatorio en colaboración con Servimedia y moderado por el director de la agencia, José Manuel González Huesa. “Cualquier intervención que se haga contra tu cuerpo puede generar un impacto en la persona y desencadenar discapacidades psicosociales por la manera en que atentan contra ti, la mutilación genital femenina puede tener un impacto no solo físico u orgánico, y ocurre igual que con la esterilización forzada, porque así lo expresaban muchas chicas”, explica Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres. 

 

La MGF ha sido y es una práctica común en algunos países por diferentes razones, “pero siempre por temas de sexualidad y reproducción, y ciertos sectores minoritarios de mujeres consideran que deben controlar su reproducción porque si no dan lugar a seres defectuosos, que es una idea similar a la que se ha tenido de la discapacidad”, afirma Isabel Caballero. El problema, a su juicio, no es tanto la gravedad de la MGF o de la esterilización en sí, “es más el impacto individual y cómo puede desencadenar un trastorno psicosocial”. Entiende, para terminar su intervención, que cualquier normativa dirigida a proteger los derechos de las mujeres “debería tomar en consideración este tipo de prácticas, que son nuestras y que se han dado en muchísimas mujeres en nuestro país, sin embargo, no existe una crítica y está muy poco discutida”. 

 

 

Carmen Agüera, médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y adjunta a la Unidad de Urgencias del Hospital Costa del Sol, asegura de manera tajante que “la MGF tiene terribles consecuencias”. Comienza con una simple exposición: “Esta terrible práctica se lleva a cabo en niñas entre 4 y 12 años, y a veces de menor edad y supone una violación de los derechos humanos, porque vulnera el derecho a la salud, a la seguridad y a la integridad física, y a no ser sometida, se puede considerar trato cruel”.

 

El resto de su intervención en este conversatorio se centra básicamente en explicar las razones que acompañan a esta práctica, sus secuelas y los protocolos médicos que manejan algunos profesionales en nuestro país. Las distintas justificaciones que se manejan a la hora de realizar una MGF pueden ser: asegura la fecundidad; asegura placer sexual del hombre; preserva la belleza; desaparece la suciedad, o bien se argumentan razones de salud, estética o religión. “Todos esos argumentos son falsos, pero la mutilación se mantiene porque se acepta socialmente, porque es una forma de que la mujer acceda a un nivel social y temen ser excluidos; asegura el sustento económico; se considera un requisito para el matrimonio; simboliza poder económico y social para los hombres y la subordinación de las mujeres…”, explica Agüera.

 

Según esa explicación, asegura la propia especialista, “ya se puede encuadrar la MGF en un problema de violencia de género, que las propias mujeres transmiten y mantienen como un contacto con sus raíces y como protección de la tradición familiar”. En nuestro país, explica Agüero, “lo conocemos como un problema de violencia de género porque afecta exclusivamente a las mujeres, pero además es un problema de salud”. Las consecuencias o secuelas pueden ser muy variadas y depende también del tipo de mutilación y la asepsia con la que se lleve a cabo esta práctica. Las hemorragias y las infecciones son comunes, pero en ocasiones las secuelas persisten en el tiempo y a largo plazo pueden provocar incontinencia, infecciones crónicas, problemas sexuales, insuficiencias renales, lesiones que dificultan el parto… y problemas psicológicos, porque “estas prácticas en contra de la voluntad de las niñas, son un acto de terror”, afirma la especialista.

 

 

Neus Aliaga Figueras, antropóloga y coordinadora técnica de la Fundación Wassu de la Universidad Autónoma de Barcelona ofrece, por su parte, un mapa o fotografía de la MGF, que se practica en 27 países del África subsahariana, aparte de Iraq, Yemen e Indonesia, como zonas documentadas y con una prevalencia estimada. También ha sido identificada en otros países, pero sin datos prevalencia, como son Malasia, India, Colombia o Jordania, entre otros.

 

Ahora bien, explica Aliaga, la MGF no es una cuestión geográfica, aunque la mayor presencia se de en una franja de África, pero la variación depende del grupo étnico. Así se observa que un país como Gambia tiene una prevalencia de un 76%, mientras Senegal, que está pegado, tiene una prevalencia solo de un 24%. Y a esto se debe el problema que nos encontramos en España, donde contamos con los datos de mujeres de estos países (69.000 mujeres provienen de esos lugares) pero no se conoce su etnia, con lo cual es difícil saber el número de niñas en riesgo. El total de niñas de 0 a 14 años es de más de 18.000.

 

La Fundación Wassu elabora cada cuatro años mapas sociodemográficos que permiten ver la evolución y situar el contexto reciente en España. Estos estudios tienen como objetivo principal lograr una estimación del índice de niñas en riesgo, “aunque al depender del grupo étnico los datos numéricos nunca serán del todo fiables”, explica Aliaga. 

 

Según la información recogida por esta fundación, se ofrecen una serie de recomendaciones: trabajar para construir una sociedad inclusiva, evitando los discursos y prácticas estigmatizadoras; ofrecer atención integral de la MGF a niñas en riesgo y mujeres que ya la han sufrido; hacer partícipe a la comunidad; invertir más recursos en políticas públicas y prevención; fomentar redes solidarias entre mujeres migrantes e incluir la MGF en los currículo formativos de todas las ciencias de la salud, sociales, de la educación, del ámbito jurídico y de las comunicaciones, entre otras.