Opinión

Más soluciones, menos quimeras

Por José Manuel González Huesa, director de “cermi.es semanal” y director general de Servimedia

12/02/2013

Nació con mucha ambición, como todas las leyes que pretenden ser universales, y sin embargo su recorrido ha sido, cuando menos, desigual. Como el río Guadiana, aparece y se esconde al poco tiempo; es casi una necesidad, como el agua, y resurge con la fuerza de un río que remueve tierras a su paso.

Muchos pensaron que se convertiría en una oportunidad, otros criticaron sus cimientos. Es cierto que nació con el consenso de todas las fuerzas políticas, tan real como su permanente falta de financiación.

Las personas afectadas ven demasiados claroscuros en una norma que ha superado los seis años. El 1 de enero de 2007 entraba en vigor la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Personas en Situación de Dependencia y a las Familias.

La Ley se presentó en un acto público el 5 de marzo de 2006 por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Un mes más tarde, el 20 de abril, el Consejo de Ministros aprobó la norma y el 30 de noviembre de ese mismo año obtuvo una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados.

La última información estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del Imserso (a 31 de enero de 2013)  dice que de los 47.265.321 españoles hay 953.452 personas beneficiarias, y sus prestaciones se agrupan de la siguiente manera: 530.547 personas (55,64 por ciento) reciben una prestación por servicio que incluyen la prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal (20.803 personas, un 2,18 por ciento), teleasitencia (127.839, 13,41 por ciento), ayuda a domicilio (124.461, 13,05 por ciento), centros de dia/noche (65.909, 6,91 por ciento), atención residencial (125.298, 13,14 por ciento), además de la prestación vinculada al servicio (64.976, 6,81 por ciento) y la prestación económica de asistencia personal (1.261, 0,13 por ciento). Y la otra gran cantidad representa 422.905 (44,36 por ciento) prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. El mayor número de prestaciones se da Andalucía y donde menos, en Ceuta y Melilla, que coincide con el porcentaje de personas beneficiarias en relación con la población. El perfil de la persona beneficiaria es mujer (un 67 por ciento), mayor de 80 años (54,04 por ciento).

Estos números reflejan una realidad que necesita un tamiz de suficiencia, de convencimiento de todos para hacer que este sistema sea sostenible en el tiempo. Y precisa de una revisión permanente así como resolver una serie de cuestiones: ¿Será privatizado? ¿Se va a establecer un sistema de cheque-servicio? ¿Habrá incentivos fiscales para quien quiera establecer un seguro de autonomía personal? ¿Continuará habiendo fraude? ¿Se creará, por fin, un espacio sociosanitario? ¿Qué pasa con las personas pendientes de valorar? ¿Habrá algún día un sistema parecido a la Seguridad Social?

Preguntas que contestan los políticos, con más o menos certeza, pero los ciudadanos buscamos respuestas a las realidades. Ya no basta con proyectos y objetivos a largo plazo. Más soluciones, menos quimeras.