"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Reportaje
Recomendaciones de la ONU a España sobre aplicación de la Convención
Necesita mejorar
24/05/2019
Rafael Olea
España avanza en materia de discapacidad pero, como un mal estudiante, se conforma con aprobar algunas asignaturas mientras deja pendiente el resto. Su examinador, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, advierte riguroso que, pese a importantes avances conseguidos –como acabar con la exclusión del voto a personas con discapacidad-, todavía se necesita mejorar para cumplir con la Declaración de Discapacidad de la ONU.
Este informe está destinado a todos los poderes públicos, agentes sociales, operadores económicos, medios de comunicación y a toda la sociedad, pero especialmente a las administraciones públicas (a nivel estatal, autonómica y local), con el objetivo de cumplir la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por España.
“Considero que el Comité acierta totalmente, al emitir unas observaciones, artículo por artículo, muy fáciles de comprender, además de emitir unas recomendaciones muy pedagógicas sobre los aspectos que nos faltan por cumplir”, señaló el delegado de Derechos Humanos y Discapacidad y para la Convención de Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad del CERMI, Jesús Martín.
“No debemos ver el informe como algo negativo, sino como una oportunidad para reconducir y alcanzar la Declaración de la ONU, que España ha ratificado y se ha comprometido a cumplir”, puntualiza Martín.
Antes de detallar estas oportunidades de qué y cómo mejorar, el Comité refleja importantes hitos que se han logrado recientemente a favor de las personas con discapacidad, aunque estos apenas ocupen un folio de los 14 de que consta el informe. Martín explica el motivo: “No tiene sentido ahondar que se ha hecho bien, sino en lo que todavía quedar por hacer”.
Medidas legislativas y políticas
Estos ‘aspectos positivos’ que recoge el informe de forma concisa están divididos en dos áreas: medidas legislativas y políticas. Entre estas últimas destaca que se haya acabado con la exclusión de las personas con discapacidad de la ley del Jurado, así como el Plan de Acción para la aplicación de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020, tanto a nivel nacional como autonómico.
Asimismo, el Comité “acoge con agrado” la aprobación de importantes medidas legislativas, ampliamente defendidas desde la discapacidad, y que el CERMI logró consensuar con las formaciones políticas.
El primer ‘aspecto positivo’ que menciona el Comité es la universalización del derecho al voto y que, por fin, 40 años después de la aprobación de la Constitución, se haya acabado con la discriminación que sufrían las personas con discapacidad, a las que se imposibilitaba ejercer su sufragio hasta las elecciones del pasado 28 de abril.
Un hito conseguido, en el cual el CERMI tuvo un papel activo, fue la aprobación en 2018 de la Ley de Contratación Pública, en la cual se introdujo la obligación legal de establecer cláusulas sociales y una cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.
Otro de los aspectos que valoró el Comité fue la lucha contra la discriminación y las medidas para mejorar el trabajo digno, a través del aumento de tasas de actividad, ocupación e integración que establece la Ley de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto 1/2013).
Finalmente, destacan dos reformas relacionadas con el Derecho y la Justicia: la modificación del Código Penal para adecuarlo a la Convención de la ONU (Ley Orgánica 1/2015) y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “con vistas al fortalecimiento de las garantías procesales, la regulación de las medidas de investigación tecnológica y reforzar los derechos de las personas con discapacidad a las que se atribuya un hecho punible o hayan sido detenidas”.
Déficit y esterilizaciones
“El informe destaca estos avances resueltos que hay que aplaudir, pero también subraya que hay un importante déficit que resolver”, puntualiza el delegado de Derechos Humanos y Discapacidad y para la Convención de Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad del CERMI.
Entre estas oportunidades para mejorar en materia de discapacidad, las Naciones Unidas también insisten en acabar con una de las violaciones de los derechos humanos que todavía persisten en nuestro ordenamiento jurídico, como son las esterilizaciones y los abortos forzosos.
El Comité es tajante y afirma estar “profundamente preocupado por el hecho de que las mujeres y niñas con discapacidad sigan siendo sometidas a esterilizaciones y abortos forzosos. Asimismo, le preocupa al Comité que en el Estado parte –Es decir, España- se practiquen tratamientos médicos sin el consentimiento libre y con conocimiento de causa de la persona”.
Las esterilizaciones y abortos forzosos vulneran –aparte de conceptos como la ética, la lógica o la humanidad– el Artículo 17 de la Convención, que establece la protección de la integridad personal: “Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás”.
Por ello, de manera explícita, las Naciones Unidas reiteran a España derogar “el artículo 156 de la Ley Orgánica 10/1995, para así eliminar completamente la administración de esterilizaciones, tratamientos médicos e investigaciones a todas las personas con discapacidad sin el consentimiento libre y con conocimiento de causa de la persona”.
“Otro aspecto destacado es”, subraya Martín, “que el informe se adelanta a un posible debate legislativo sobre la eutanasia y reafirma que no se adopten disposiciones relativas por motivo de discapacidad, dado que contribuiría a crear un clima de estigma contra la discapacidad que puede llevar a situaciones de discriminación”.
Escasos avances en educación
El Comité de las Naciones Unidas también critica los “escasos avances” que ha realizado España sobre educación inclusiva y menciona la “falta de una política clara y de planes de acción”. Asimismo, le preocupa que el Estado mantenga “todas las disposiciones normativas en materia de educación especial, así como un enfoque médico que se basa en la deficiencia”.
Además, manifiesta su inquietud porque un número importante de niños con discapacidad, incluidos niños con autismo, con discapacidad intelectual o psicosocial o con pluridiscapacidad, sigan recibiendo una educación especial y segregada”.
Por este motivo, recomienda a España formular una política integral de educación inclusiva que contenga estrategias para promover una cultura de inclusión en la educación ordinaria, incluyendo evaluaciones personalizadas basadas en los derechos humanos, apoyos para el profesorado y respeto a la diversidad, para así garantizar los derechos a la igualdad y la no discriminación, y la plena y efectiva participación en la sociedad de las personas con discapacidad.
Por ello, insta a España a “acelerar la reforma legislativa en línea con la Convención, a fin de definir claramente la inclusión y sus objetivos específicos para cada etapa del ciclo educativo. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas que conciban la educación inclusiva como derecho, y que otorgue a todos los y las estudiantes con discapacidad, independientemente de sus características personales, el derecho a acceder a las oportunidades inclusivas de aprendizaje en el sistema educativo ordinario, con acceso a los servicios de apoyo que se requieran”.
Protección contra la tortura
El delegado de Derechos Humanos y Discapacidad y para la Convención de Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad del CERMI valora que se aborde “la institucionalización, puesto que es preocupante que todavía haya niños y adultos con discapacidad al margen de la vida en común”.
“El informe”, añade, “tiene muy presente el enfoque rehabilitador y médico de la discapacidad”, algo que pide corregir, “así como la protección contra la tortura”. En este sentido, reclama al Estado la adopción de medidas inmediatas para erradicar cualquier trato cruel, inhumano o degradante contra las personas con discapacidad.
De hecho, la actual Ley de Enjuiciamiento Civil permiten el uso de medidas de contención físicas, mecánicas y químicas contra las personas con discapacidad; o que personas con discapacidad en instituciones, en particular aquellas con discapacidad intelectual, estén expuestas al riesgo de ser sometidas a tratos humillantes y maltrato.
Múltiple discriminación por género
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad también aborda la situación de la mujer con discapacidad, al “enfrentarse a formas múltiples de discriminación por su género y su discapacidad, y que puedan estar expuestas al riesgo de violencia de género”. Por ello, insta “con carácter urgente” a establecer medidas y “recursos adecuados” para acabar con esta situación.
No solo en materia de igualdad reclaman fondos las Naciones Unidas, puesto que también urgen a España a invertir en materia de accesibilidad universal, así como tener en cuenta a la discapacidad en las situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, algo que hasta ahora no se realiza adecuadamente.
Asimismo, “el Comité recomienda que el Estado parte refuerce la capacidad CERMI y su papel de mecanismo de seguimiento independiente de la aplicación de la Convención, y proporcione al CERMI recursos y financiación adecuados para su funcionamiento”.
“Como he comentado, el informe es una oportunidad para que España cumpla la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. El Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos tienen un documento con unas observaciones muy concretas y fáciles de entender. Estoy seguro de que, si las llevamos a cabo, dentro de cuatro años, en el siguiente examen, no digan a España que necesita mejorar, sino que, por fin, apruebe con nota”.
