"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Derecho de la Discapacidad
Novedades
14/05/2021
En la Sección de Derecho y Discapacidad de esta semana contamos con la normativa aprobada y en tramitación en personas con discapacidad y la actualización de la agenda de jornadas y seminarios y recientes que pueden ser de interés para los lectores.
Normativa aprobada
-Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. (BOE de 05/05/2021). Este Real Decreto-ley tiene por objeto la adopción de medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional para su aplicación tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarada por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. Entre otras cuestiones, en el contexto de las medidas extraordinarias aplicables a situaciones de vulnerabilidad económica y social, se regula el derecho a percepción del bono social por parte de determinados colectivos en situación de vulnerabilidad económica. En relación con los umbrales de renta que determinan la situación de vulnerabilidad a estos efectos –en particular, para los consumidores de energía eléctrica-, los multiplicadores de renta aplicables respecto del índice IPREM de 14 pagas se incrementarán, en cada caso, en 0,5, siempre que concurra, entre otras circunstancias, la de que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento (artículo 5).
-Real Decreto 311/2021, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE de 05/05/2021). Se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, para sustituir la actual denominación de la dirección general competente en materia de discapacidad, que pasará a denominarse Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, así como para exceptuar la condición de funcionario a la persona titular de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 1). En este sentido, se suprime la Dirección General de Políticas de Discapacidad (Disposición adicional segunda).
-Orden DSA/437/2021, de 29 de abril, por la que se regulan los Premios Reina Letizia (BOE de 06/05/2021). Esta Orden tiene por objeto regular la concesión de los “Premios Reina Letizia”, en sus distintas variantes. Cabe destacar, como novedad, que se han incorporado dos nuevos premios Reina Letizia: el correspondiente a deporte inclusivo, que pretende fomentar la práctica inclusiva de cualquier modalidad deportiva y categoría, tanto en lo referido al deporte de base como al de alta competición; y el Premio Reina Letizia por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que reconoce la realización de logros extraordinarios en el campo de los derechos humanos de las personas con discapacidad, mediante el despliegue de iniciativas, estrategias y acciones para promover el conocimiento, la toma de conciencia y la aplicación efectiva de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, se han modificado las denominaciones de algunos de los premios y se han refundido el Premio de prevención sobre discapacidad y el Premio de rehabilitación y de integración en una única categoría, el Premio de investigación, que recoge como áreas específicas de investigación la prevención y la rehabilitación, premiándose alternativamente cada una de estas áreas.
Normativa en tramitación
Primera.- El Pleno del Senado ha aprobado el miércoles 12 de mayo el Proyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Superado el trámite del Senado, la iniciativa legal volverá al Congreso para ratificación de las enmiendas introducidas en la Cámara Alta, y de ahí a la promulgación, publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrada en vigor. Impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), esta reforma busca acabar con la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad, y en su lugar propone todo un sistema de apoyos individualizados para que tomen sus decisiones de forma libre y autónoma. En esta línea, se eliminan las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, consideradas como "poco adaptadas" al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad. En su lugar, el sistema de justicia deberá proporcionar a las personas que lo necesiten las ayudas y ajustes necesarios (con recursos técnicos, materiales y humanos) para llevar a cabo actos jurídicos tan diversos como casarse, comprar una vivienda o hacer testamento. Su objetivo es adaptar la legislación civil española a la convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entre otros puntos establece su igualdad en cuanto a capacidad jurídica y prohíbe la discriminación en este ámbito. El proyecto de reforma incide en ocho leyes: el Código Civil, la Ley del Notariado, la de Enjuiciamiento Civil, la del Registro Civil, la Ley de Patrimonio, la de Jurisdicción Voluntaria, la Ley Hipotecaria y la Ley de Comercio. Otra de las modificaciones incorporadas al proyecto a su paso por el Senado ha sido la eliminación del término ‘minusvalía’ de todas las normas afectadas.
Segunda.- El Consejo de Ministros aprobó el martes día 11 de mayo el anteproyecto de ley que reforma el artículo 49 de la Constitución para reforzar los derechos de las personas con discapacidad y que, entre otros aspectos, elimina el término ‘disminuido’. Impulsado por el Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), un primer anteproyecto vio la luz en diciembre de 2018, basado en la propuesta de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad del Parlamento. El Cermi calificó este martes como “día histórico” para la discapacidad y lo social por la aprobación de este anteproyecto de ley que ahora pasa a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.
El objetivo es reformular completamente el artículo 49, dedicado a las personas con discapacidad, que según Cermi, había quedado “desalineado y anticuado” dada la evolución que ha experimentado la concepción y el enfoque de la discapacidad como una “cuestión de derechos humanos”. El nuevo artículo actualiza la terminología desterrando la palabra disminuidos que para Cermi es “hiriente y no encaja con el modelo social de la discapacidad”. Sin embargo, aparte del cambio de nomenclatura, esta reforma “va mucho más allá”, puesto que establece un nuevo artículo mucho más amplio e integral que cristaliza la visión de derechos humanos de acuerdo con el marco internacional y europeo, además de prohibir expresamente cualquier tipo de discriminación. La ministra portavoz del Gobierno declaró que el artículo 49 de la Constitución supuso “un gran avance en la protección de las personas con discapacidad”, ya que “reconoció constitucionalmente al colectivo y previó un ámbito concreto de protección” pero “el paso de cuatro décadas ha hecho envejecer el texto constitucional, que además debe adaptarse a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas”, aprobada en 2006. El anteproyecto “modifica íntegramente” el texto del artículo, tanto desde el punto de vista del lenguaje como de su estructura y contenido. En primer lugar, se modifica la terminología y el vocablo ‘disminuido’ se sustituye por la expresión ‘personas con discapacidad’. De esta manera, “se actualiza el lenguaje de una forma que refleja los propios valores de la Constitución y la dignidad inherente a este colectivo”. También se reforma la estructura del artículo en coherencia con la multiplicación de los enfoques desde los que se aborda la discapacidad en la actualidad. Así, el precepto queda dividido en cuatro apartados, cada uno de los cuales refleja una dimensión diferente de la protección de las personas con discapacidad. Por último, el contenido del artículo cambia para adaptarse a las concepciones actuales sobre la discapacidad, que ya no se basa en el enfoque médico-rehabilitador que subyace en su redacción original. De este modo, se pone el énfasis sobre los derechos y deberes de los que son titulares las personas con discapacidad, como ciudadanos libres e iguales, y se fijan los objetivos que deben orientar la acción positiva de los poderes públicos, como la plena autonomía personal y la inclusión social del colectivo, políticas que deberán respetar siempre la libertad de elección y preferencias de las personas con discapacidad. La reforma incluye expresamente la participación de sus organizaciones representativas, a fin de que estén presididas por el diálogo civil y que estas organizaciones sean consultadas y cooperen activamente en la adopción de las políticas públicas que les afecten. La ministra portavoz subrayó que se “reconoce que estas personas son titulares de derechos, sin que pueda producirse discriminación de ningún tipo” y que la nueva redacción establece también que “los poderes públicos garantizarán su plena autonomía e inclusión social, respetando sus preferencias y libertad de elección”, atendiendo, además, la situación específica de las mujeres y niñas con discapacidad, “víctimas de discriminación interseccional”. Además, el nuevo artículo recogerá que todas las políticas que se lleven a cabo se elaborarán contando con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad. A juicio de Belarra, “esta es la primera reforma social de la Constitución que pretende ampliar y reforzar la protección de derechos”.
Jornadas y seminarios
12 de mayo de 2021 a las 16.30h, On-line. Jornada divulgativa “La Accesibilidad desde la profesión de ITO”. Esta jornada pretende compartir las necesidades, demandas y opiniones sobre cuestiones de accesibilidad en el desempeño de la labor de los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas con el fin de dar a conocer la Accesibilidad Universal y el Diseño para Todos del que se pueden beneficiar no sólo las personas con discapacidad sino toda la sociedad.
13 de mayo de 2021. Webinar 17.00h. Rediseñando nuestra sociedad: “La moda, rompiendo patrones”. Fundación ONCE, Real Patronato sobre discapacidad y CERMI tratan en esta jornada la moda como parte de nuestro día a día y como forma de expresarnos, manifestarnos y demostrar quiénes somos. El acto será moderado por Mercè Luz Arqué, Jefa del Departamento de Cultura y Ocio en la Dirección de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE. Participarán empresas y modelos como ponentes. Inscripción al seminario web - Zoom
Este seminario forma parte de las actividades organizadas desde el Foro de Expertos en Accesibilidad e Innovación. Los videos se pueden encontrar su canal.
27 de mayo de 2021 de 17.00 a 18.30h. On-line Conferencia virtual DIXIT “Norma Libera-Care: la ausencia de sujeciones como indicador principal de evaluación del modelo de atención centrado en la persona”. Durante el acto se presenta esta guía para ayudar a las organizaciones sociales y sanitarias a implementar un modelo de cuidado centrado en la persona libre de sujeciones y evaluar su aplicación. Es sistema permite identificar, cuantificar y valorar los indicadores ACP que la organización o nivel asistencial puede lograr mediante diferentes herramientas y teniendo como indicador principal la ausencia de sujeciones.
Publicaciones
Avifes, Investigación “Ocio y salud mental: Proyectando el futuro”. La Asociación Vizcaína de Familiares Personas con Enfermedad Mental presenta esta investigación realizada en colaboración con la Cátedra de Ocio y Discapacidad de la Universidad de Deusto. Presentación 11 de mayo 2021 de 11.00 a 12.30h
Muñoz, I., Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental 2020, Madrid, Confederación Salud Mental España, 2021, 62 p. Recopilación anual que incluye vulneraciones, logros, avances y recomendaciones en materia de salud mental, con ejemplos concretos y alusiones específicas a los artículos incluidos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Sousa, H., Vlachou, M. The cultural participation of people with disabilites or impairments: How to create an accesibility plan. Lisboa, Cámara Municipal, 2020, 138p. para generar prácticas culturales accesibles e inclusivas se requiere el compromiso de los agentes culturales y sociales, tanto públicos como privados. Esta publicación pretende proporcionar a los profesionales responsables de los servicios culturales una herramienta práctica para crear condiciones para que todas las personas puedan disfrutar de la oferta cultural en igualdad de condiciones, así como ayudarles a diseñar y desarrollar sus propios planes de accesibilidad. Incorpora directrices, recomendaciones, pasos necesarios, así como testimonios de personas relacionadas con el ámbito cultural.
Hinojosa, A. Noticias actuales “El 9 de mayo terminó el estado de alarma”. Plena inclusión publica documentos en lectura fácil y pictogramas que permiten entender la información sobre el coronavirus y el significado del fin del estado de alarma.
Dirección de la Sección Derecho de la Discapacidad de cermi.es
Rafael de Lorenzo García, profesor Titular de la UNED y secretario general de Fundación Derecho y Discapacidad
Autores
Mariana Samaniego, asociada Principal en J&A Garrigues
Antonio Galiano Barajas, coordinador General Adjunto de la Fundación Derecho y Discapacidad y Responsable jurídico del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona
Elva Rodríguez Ruiz, profesora titular del CSEU La Salle, abogada del despacho Antonio Navarro Rubio & Asociados y colaboradora de la Fundación Derecho y Discapacidad