"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Unión Europea
Nueva Directiva de Contratación Pública: España debe garantizar la continuidad de los servicios sociales para las personas con discapacidad
16/01/2014
El Parlamento Europeo aprobó el 15 de enero la nueva Directiva sobre contratación pública que reconoce la especificidad de los servicios sociales y el papel que éstos desempeñan en la vida de los colectivos en situación de vulnerabilidad, incluidas las personas con discapacidad. El CERMI pide al gobierno español que garantice los derechos de las personas con discapacidad en la organización y financiación de los servicios sociales.
La Directiva concede a los Estados miembro la libertad de prestar los servicios sociales ya sea por sí mismos o bien mediante disposiciones que no impliquen la firma de contratos públicos, por ejemplo a través de la mera financiación de dichos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todos los operadores económicos que cumplan las condiciones fijadas de antemano por el órgano de contratación, sin límites o cuotas.
Por ello, las autoridades públicas no están obligadas a externalizar la provisión de sus servicios sociales y tienen la posibilidad de establecer formas de cooperación al margen de la contratación pública. Estas modalidades de relación alternativas muchas veces resultan más adecuadas para organizar servicios sociales encaminados a garantizar apoyos a las personas con discapacidad a lo largo del ciclo vital y centrados en sus proyectos personales.
El CERMI pide que, en todo caso, los procedimientos de contratación garanticen la continuidad y sostenibilidad de estos servicios que ofrecen una red de apoyo sostenida en el tiempo para las personas con discapacidad y sus familias.
