Así se asegura en un informe de expertos de la ONU dado a conocer hoy, en el que se llama la atención sobre la creciente tendencia en distintos países a promulgar leyes que permitan el acceso a la muerte asistida a personas por “tener una discapacidad o estar en condiciones de discapacidad, incluida la vejez”.

 

Esta inquietud figura en un “informe especial” elaborado por los expertos Gerard Quinn, relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Olivier De Schutter, relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos; y Claudia Mahler, experta independiente versada en los derechos humanos de las personas mayores.

 

Estos expertos afirman que "la discapacidad nunca debe ser un motivo o una justificación para poner fin a la vida de alguien, directa o indirectamente". Argumentan que esto no se aceptaría tampoco para un integrante de minorías raciales, sexuales o de género que quisiera poner fin a su vida por el sufrimiento que padece “debido a su condición".

 

 

Para los expertos de la ONU, tales disposiciones legislativas institucionalizarían una discriminación y violarían directamente el artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que requiere que los Estados garanticen que las personas con discapacidad puedan disfrutar efectivamente de su derecho inherente a la vida en igualdad de condiciones con los demás.

 

Los expertos destacan que cuando se permiten las intervenciones para poner fin a la vida de personas que no están enfermas terminales o viven sus últimas horas, tales disposiciones legislativas tienden a intentar ganar fundamentación en suposiciones sobre la 'calidad de vida' o el 'valor' de la vida de una persona con discapacidad.

 

“Estos supuestos, que se basan en la discapacidad y los estereotipos asociados, han sido rechazados de manera decisiva por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La discapacidad no es una carga ni un déficit de la persona. Es un aspecto universal de la condición humana”, afirman los expertos de la ONU.

 

Se añade que “la proporción de personas con discapacidad que viven en la pobreza es significativamente mayor y, en algunos países, el doble que la de personas sin discapacidad”, por lo que podrían decidir poner fin a su vida “como un gesto de desesperación”.

 

Ante la tramitación en España de la regulación legal de la eutanasia, que contiene aspectos contrarios a los derechos de las personas con discapacidad, el CERMI solicitó de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas que examinaran la iniciativa legislativa y se pronunciaran sobre su adecuación o no a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aunque sin emitir juicio específicamente sobre España, los expertos de Naciones Unidas dejan claros los criterios a los que debe ajustarse esta normativa para ser respetuosa con las personas con discapacidad.

 

Fuente: Servimedia