El nuevo modelo de gestión del 0,7 por ciento del IRPF, que habrá de surgir tras la sentencia del Tribunal Constitucional que impide al Estado gestionar las ayudas de la asignación tributaria para fines sociales, sitúa al Tercer Sector en una delicada posición –si no, peligrosa- que éste tendrá que abordar demostrando una vez más, su capacidad de gestionar crisis.

 

Una decisión del tribunal que se produce 30 años después de que el Gobierno regulase (Ley 33/1987 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Disposición adicional quinta) la posibilidad de destinar un porcentaje del rendimiento del IRPF a fines sociales. Su destino era atender las necesidades sociales de personas en riesgo de exclusión, a las que la Administración, consciente de sus limitaciones, no es capaz muchas veces de dar respuesta por sí misma. Una atención que durante las tres últimas décadas se ha encomendado al tercer sector, al movimiento asociativo, que cuenta con la experiencia y, sobre todo, con el conocimiento que otorga la cercanía y la convivencia diaria con las personas en riesgo de exclusión.

 

En su sentencia, el Tribunal Constitucional concluye que la obligación del Estado es territorializar los fondos porque, a su juicio, las actividades que se financian mediante IRPF son de “asistencia social” cuestión sobre la que las competencias son autonómicas. Sin entrar a valorar la definición de “asistencia social” y respetando la decisión judicial, lo cierto es que esta circunstancia viene a poner en riesgo el equilibrio de un modelo que ha dado respuesta a las diferentes situaciones de exclusión que se han ido planteando en nuestra sociedad.

 

Una sociedad que año a año ha ido incrementando el apoyo a estas acciones, a través de la X solidaria paliando la situación de miles de personas en riesgo de exclusión. Un ejercicio de corresponsabilidad y de solidaridad por parte de todos, en el que las organizaciones sociales han ido construyendo un sistema cada vez más eficiente y preparado para dar la mejor respuesta a las necesidades existentes.

 

Durante todo este tiempo, las principales organizaciones de este país hemos demostrado flexibilidad, audacia, eficiencia, capacidad de adaptación y evolución permanente. Hemos tenido que lidiar con creces durante estos años de tremenda recesión económica que nos ha tocado vivir y en los que hemos llevado a cabo nuestra acción diaria con los mejores índices de calidad posibles, sometidos permanentemente a la ecuación: “más necesidades, más personas vulnerables y menos recursos”.

 

Gracias a todo este entramado asociativo, se ha podido dar respuesta a los verdaderos destinatarios de estos fondos, 7 millones de personas en riesgo de exclusión social que reciben atención, gracias a la decisión de más de 10 millones de contribuyentes.

 

Toca ahora replantearnos la manera de trabajar, no el objetivo, que nadie ha puesto en duda. Es el momento de demostrar lo que somos. No cambia el concepto, cambia el cómo.

 

La situación actual requiere que afrontemos estos cambios como una oportunidad para, desde las organizaciones, generar más eficiencia en la respuesta a las necesidades de las personas vulnerables, construir apoyos desde la cercanía y la innovación, establecer sinergias que permitan abordar nuevos modelos de actuación, y seguir transformando nuestras redes en oportunidades de inclusión en todos los rincones de cada comunidad autónoma y del país.

 

Como Tercer Sector tenemos la responsabilidad de proponer y exigir a la Administración Estatal y a las Autonómicas la construcción conjunta de un modelo que respete el trabajo realizado hasta ahora y dé respuesta, a través de las entidades sociales, a las necesidades futuras de las personas que más lo necesitan, en especial a aquellas en situación de pobreza, exclusión o vulnerabilidad. 

 

Mi experiencia en el sector me ha demostrado que juntos somos poderosos en la defensa de derechos y eficaces a la hora de buscar soluciones desde la cohesión y el equilibrio. Por eso estoy seguro de que, con el trabajo en red y el diálogo permanente con Administraciones y otras organizaciones del tercer sector, seremos también capaces de afrontar este desafío para que el cambio de modelo no perjudique ni a una sola de las personas en riesgo de exclusión social, pero tampoco al conjunto del colectivo. Juntos, seguro, tendremos valentía para el cambio y fuerza para afrontarlo.