Así lo dijo a Servimedia la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, durante su participación en el acto que convocó la entidad este viernes frente al Congreso de los Diputados con el lema ‘Vota para que votemos’. Villarino destacó la necesidad de “la toma de conciencia social para que todas las personas tengan su derecho al voto y puedan ejercitarlo”, sin olvidarse de las “muchas barreras” a las que se enfrentan las personas con discapacidad, que se encuentran “todo tipo de obstáculos a la hora de ir a votar”. 

 

Por ello, confió en que pueda modificarse la ley electoral en la próxima legislatura, ya que los políticos que se pasaron por la concentración se comprometieron “públicamente” a apoyar al sector de la discapacidad que “desde hace muchos años está peleando porque eso se cambie”.

 

Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, explicaba que "si esto afecta a todas las personas con discapacidad, hay que tener en cuenta que el efecto negativo es aún mayor en las mujeres porque, básicamente, todas las mujeres, con y sin discapacidad, han estado menos involucradas en la cosa pública, en la gestión pública". Además, asegura que para la Fundación CERMI Mujeres es fundamental "realizar esta reivindicación del voto para todas las personas con discapacidad, pero teniendo también en cuenta el impacto especial que puede tener sobre las mujeres para animarlas, sobre todo, a que participen en la toma de decisiones de una democracia". 

 

Por su parte Teresa Palahí, Comisionada de CERMIS Autonómicos y secretaria general de Fundación ONCE, consideraba necesario "recuperar el voto de las personas con discapacidad que no lo tienen porque es una cuestión de derechos humanos", aludiendo en este sentido a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que este año cumple diez años, "y que España ratificó, por tanto, lo que toca es que los políticos de este país se comprometan ya y modifiquen la ley electoral para que todas las personas que están incapacitadas por cuestiones económicas no se las incapacite para poder votar". Recordó, a su vez, los problemas de accesibilidad que afectan al resto de personas con discapacidad.

 

 

En las mesas que el CERMI instaló en la Plaza de Las Cortes para que todos los asistentes a la concentración votasen a favor de los 100.000 ciudadanos que no pueden ejercer su derecho a voto, se sentaban algunos de los protagonistas de esta jornada, como Consuelo, una mujer con discapacidad intelectual que no puede votar, "no me dejan votar", asegura, y explica con rotundidad que le gustaría ver a los candidatos a las elecciones, y decirles "que cambiaran las leyes porque lo mismo que soy ciudadana para pagar impuestos, me gustaría tener acceso al voto".

 

Y Sandra, a su lado, asegura que ella sí disdruta del derecho al voto desde los 18 años, pero que lucha por el mismo derecho para los demás, "me gustaría que las personas que no tienen derecho a votar lo tuvieran".

 

En otra mesa se han sentado César y Juan José. El primero representa a Feder (Federación Española de Enfermedades Raras) Extremadura y afirmaba que "tengo Síndrome de Apert y aunque yo sí tengo voto, estoy en este acto cívico para apoyar a las personas con discapacidad que no tienen derecho al voto". Al igual que Juan José, que explicaba que también ha acudido por solidaridad, "soy representante de Feder y vemos una injusticia que a las personas con discapacidad se nos aparte del mundo", por eso coincidía con su compañero al afirmar que "hay que pelear, luchar para que todos tengamos derechos porque, al fin y al cabo, todos somos personas tengamos o no discapacidad". 

 

Entre todos ellos, Raquel Cárcamo ha sido una de las más activas durante la jornada de concentración, quizás por la experiencia que ya tiene adquirida como representante de las personas con discapacidad intelectual en la Junta Directiva de Plena Inclusión España. Para Raquel ha sido una jornada muy improtante porque "hay 90.418 personas que no pudieron votar en las anteriores generales, en 2015, según datos del censo electoral y nos parece muy preocupante, es bastante gente". Además, razonaba que "muchas veces las incapacitaciones son fotocopias, todas iguales, y eso no nos parece justo porque la discapacidad es un término muy amplio y no todas las personas con discapacidad somos iguales". 

 

Raquel tiene la suerte de votar, y así lo afirma, y cree que es algo muy importante porque "al final los políticos toman muchas decisiones que luego te afectan como ciudadanos, por eso poder expresar tu opinión y poder decir que me gusta lo que dice un político o que no estoy de acuerdo con el enfoque de otro político, es muy importante". 

 

 

El presidente de Salud Mental España y vicepresidente del CERM, Nel Anxelu González, indicó que uno de los colectivos más discriminados ante las urnas es el que representa. En su opinión, “es de ley y un deber reivindicar el derecho al voto para todo el mundo”, pues se trata de personas “privadas de derechos civiles y humanos que ampara la Constitución”. 

 

“Efectivamente puede haber alguien con algún problema en algún momento, pero las situaciones en salud mental son reversibles, no son permanentes”, señaló en nombre de los casi 50.000 socios que tiene la confederación. "Las personas con enfermedad mental son protagonistas, en primerísima persona, de una violación flagrante de sus derechos humanos y entre estos el del derecho al voto. Hay cantidad de personas que están sometidos a tutelas, que les han privado del derecho a votar mediante resoluciones judiciales injustas. Las personas con problemas de salud mental tenemos que estar votando porque todas las personas son iguales ante la ley", concluyó.

 

El vicepresidente de Plena Inclusión, Juan Pérez, deseó que los partidos políticos alcancen el “consenso” para un cambio normativo que permita ejercer “algo tan elemental y tan básico como es el sufragio” y que, después de mucho tiempo de revindicación desde el ámbito de la discapacidad, “se produzca a la mayor brevedad”. Para ello, llamó la atención a los jueces, la “piedra angular” en un proceso en el que, según Pérez, deben involucrarse. 

 

La directora de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas), Carmen Jaúdenes, quiso demostrar la solidaridad de Fiapas con otras organizaciones y personas con discapacidad con su presencia ante el Congreso. Aunque cree que la discapaciad “está cada vez mejor valorada en los programas políticos”, el sector de la discapacidad “va a estar peleando siempre para que se cumplan las promesas políticas” y por el desarrollo de soluciones a nuevas necesidades que vayan surgiendo. 

 

Por parte de la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas), Marta Muñoz, Asesora jurídica de la entidad, aseguraba que "las personas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad, siempre nos encontramos con barreras", y añadía, "aquí hemos venido a apoyar a las personas con discapacidad intelectual para que puedan ejercer su derecho" y explicó que "las personas sordas tenemos reconocido el derecho a voto pero nos encontramos con barreras en el acceso a la información, entre otras". 

 

 

Según dijo a Servimedia el gerente de Down España, Agustín Matía, la petición de la iniciativa ‘Vota para que votemos’ responde a “una causa justa”. “No se puede entender que un país justo, de progreso, democrático, de plena democracia tenga casi 100.000 personas sin poder ejercer lo más básico y simple para un ciudadano que es votar”.

 

Matía considera que “no es justo” que un juez tenga que valorar “si tienen capacidad para votar y al resto de los ciudadanos no se nos ponga ningún tipo de requisito ni condición”. Es más, consideró que es “totalmente ridículo” y “muy difícil de explciar” que algunos jóvenes con síndrome de Down puedan votar y sus amigos con la misma discapacidad no porque no han tenido una sentencia favorable. “No lo pueden entender y nosotros tampoco”, aseveró.

 

El presidente de la Plataforma Estatal Representativa de Personas con Discapacidad Física (Predif), Francisco Sardón, también quiso apoyar esta reivindicación “para que se reforme la Ley Electoral de tal manera que ninguna persona por el hecho de tener una discapacidad congénita, un problema de salud mental o discapacidad intelectual no pueda ejercer el derecho a votar y decidir cuáles son las políticas que van dirigidas hacia su persona”. 

 

También sumó su respaldo para que los colegios electorales mejoren la accesibilidad electoral “porque sigue habiendo muchas personas con discapacidad física y discapacidad sensorial que tienen dificultades, cuando no imposibilidad de votar, por la no accesibildiad de algunos colegios electorales”.

 

Roser Romero, representante de Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) explicaba que "toda persona tiene derecho a votar, y no se pueden escudar en que una sentencia que les limite ese derecho porque, en este país, las sentencias de incapacitación no se modulan, se va por lo fácil, que es la incapacitación total", y añadía que "el derecho al voto es lo que hace país, y parte de esta ciudadanía, por tanto parte de ese país, también lo somos las personas con discapacidad".  

 

Por su parte, Miguel Ángel García Oca, presidente de la Fundación del Lesionado Medular y de Aspaym Madrid, aseguraba que "el voto de las personas con discapacidad es un voto mucho más rico, con lo cual mejoraremos la sociedad, haremos una sociedad mucho más diversa y por tanto más rica". 

 

También acudió a la convocatoria del CERMI el director gerente de Autismo España, Jesús García, que revindicó "no sólo el derecho al voto, sino a tener una vida independiente" y a tomar las propias decisiones. "Eso los políticos lo tienen que comprender porque todos tenemos los mismos derechos en la sociedad y tenemos que ejercerlos". García recordó que en torno a 450.000 personas de diferentes edades tienen autismo en España, muchos de ellos sin diagnóstico y sin reconocimiento "como personas de pleno derecho". 

 

Isbel Bayonas, miembro de Honor de la Federación Española de Asociaciones de Padres/Tutores de Personas con Autismo – FESPAU y Comisionada de Asuntos Internacionales del CERMI, afirmaba que "cualquier persona con discapacidad primero es persona y tiene los mismos derechos de cualquier ciudadano, hay muchas personas con autismo que al incapacitarles se les ha quitado el voto. Mi hijo no, está incapacitado, pero yo soy una luchadora nata y conseguí cuando le incapacitaron que mantuviera su derecho al voto".

 

Mientras, Paloma Martínez, presidenta de la Federación Española de Asperger, afirmaba tajante "una cosa es que se les incapacite porque no sepan manejar una cuenta corriente y otra que se les niegue el derecho al voto. Ellos lo saben, y lo dicen, que saben perfectamente qué es lo mejor para ellos".   

 

Álvaro Galán, presidente de Aspace Madrid, afirmaba casi cerrando el acto que "hay que escuchar un poco más a la ciudadanía, que a veces tenemos nuestro punto de razón, que la razón al final está en el punto medio, ni en un extremo ni en otro, hay que intentar ser justos; la igualdad no existe pero tenemos que luchar por conseguir la justicia social".

 

 

Tras el acto, en el que tuvieron también un papel destacado el Psicoballet de Mayte León y la batucada, y para agradecer las colaboraciones y el trabajo de tanta gente así como la asistencia y votaciones de unas 1.500 personas, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, tomó la palabra. En una breve intervención anunció que "esta mañana festiva, afirmativa, reivindicativa, también es una mañana mortuoria, en el sentido de que tiene que morir una democracia vieja que impide que por diversidad humana, por ser distinto, estemos castigados también al derecho político esencial del voto, que es el que le da justificación y orientación a una democracia. Vamos a estar muy beligerantes con los partidos políticos, todos han pasado por aquí, se han comprometido, que sea la última legislatura en que esto ocurre, por tanto, hay un cadáver, que es la vieja legislación, las viejas prácticas que no aceptan la diversidad humana que representa la discapacidad y nace una legislación electoral nueva, abierta, inclusiva y accesible". 

 

Y concluía, "creo que lo tenemos todo para que sean las últimas elecciones en las que estas personas no pueden votar, es verdad que lo último que nos falta ya es dar un golpe de estado, no lo descarto (entre risas)… creo que esto ya no tiene ni más dilación ni vuelta atrás".