De esta forma, el PP, a través de la senadora Violante Tomás, se hace eco de una demanda del CERMI, para lo que plantea la modificación del artículo 23 de la Ley de Carreteras.

 

El citado artículo recoge las exenciones en el pago de peajes y, con esta proposición de ley, el PP propone incorporar a los vehículos particulares que transporten a personas que cuenten con una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad o que sean conducidos por estas. Además, la proposición de ley establece el mismo trato para los vehículos colectivos destinados exclusivamente al transporte de personas con movilidad reducida, cuyo titular esté en posesión de la tarjeta de estacionamiento.

 

En la exposición de motivos, el Grupo Popular explica que, pese a los avances, “aún son considerables las carencias que presenta el transporte, tanto público como privado, desde la óptica de la accesibilidad universal”, por lo que “es responsabilidad de las autoridades públicas promover y adoptar medidas de acción positiva que favorezcan para las personas con discapacidad el ejercicio del derecho a la movilidad en su más amplia extensión”.

 

El PP recuerda que se trata de una propuesta que el movimiento de la discapacidad ha planteado de forma reiterada y considera que es una medida de “neto contenido social”, vigente en países como Alemania y Austria. A su juicio, compensa “parcialmente el elevado sobrecoste en que incurren estas personas y sus familias a la hora de afrontar sus desplazamientos, toda vez que dependen de manera más intensa que la ciudadanía en general del transporte particular, ante la falta de accesibilidad del público”.