Así se ha manifestado ante los periodistas Maroto, que ha asistido a la reunión junto a la secretaria nacional del PP de Igualdad y Educación, Sandra Moneo. Ambos han conversado con el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, de las principales demandas del sector de la discapacidad de cara a los meses que restan hasta el final de la legislatura, y de las medidas que se deben poner en marcha en los próximos años, con el objetivo  de que el PP las incluya en su programa electoral para las próximas elecciones generales.

 

En este sentido, Javier Maroto ha destacado que no es casual el hecho de que su primera reunión tras ser nombrado vicesecretario del PP haya sido con el CERMI, si bien ha destacado que otros colectivos también merecen el mismo apoyo del Gobierno y del Partido Popular.

 

El también exalcalde de Vitoria ha señalado su voluntad de que se modifique la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que las 80.000 personas que en España todavía no tienen derecho al voto, puedan acudir a las urnas. “Es algo que debemos solventar, porque es un asunto que afecta a la dignidad de las personas, y tenemos que hacer efectivo que estas personas entiendan  que son iguales que los demás tanto en obligaciones como en derechos”, ha remachado  Javier Maroto.

 

El dirigente popular también ha reconocido la necesidad de que las personas con discapacidad tengan una mayor presencia en los diferentes cargos públicos. Así, pese a que no aboga por el establecimiento de cuotas, ha indicado que hay que incrementar la presencia de estas personas a todos los niveles, algo en lo que a su juicio el PP  es “pionero”, en referencia a casos como el de la primera concejala con síndrome de Down en Valladolid, Ángela Bachiller.

 

Además, Maroto se ha comprometido a que el PP siga siendo “un elemento de engrase” en la acción del Ejecutivo, de tal manera que las peticiones de las personas con discapacidad se lleven a la práctica de la forma más rápida posible.

 

Por otra parte, ha agradecido al CERMI su trabajo, “porque gracias a su existencia hay más personas que tienen una capacidad diferente que pueden avanzar al estar representadas”, porque en su opinión, “sólo desde la reivindicación y la exigencia se pueden buscar beneficios para todos”.

 

 

Durante el encuentro, además de la reforma del marco normativo para posibilitar el derecho al voto de todas las personas, el presidente del CERMI ha puesto encima de la mesa las principales demandas del mundo de la discapacidad, que ya tuvo oportunidad de trasladar en primera persona al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, durante la Asamblea Ordinaria que celebró el CERMI la semana pasada.

 

Entre estas demandas, Pérez Bueno ha recordado la urgencia de modificar la Ley de Propiedad Horizontal para hacer los edificios accesibles, puesto que en España todavía no lo son el 70%. Además, ha subrayado la necesidad de actualizar el Catálogo Ortoprotésico, que entre otras cosas no cubre el coste de los audífonos a los mayores de 16 años en la actualidad.

 

Del mismo modo, el CERMI ha vuelto a solicitar que se baje el grado de discapacidad mínimo para beneficiarse de una mayor cuantía en las becas de estudio, puesto que en la actualidad este umbral está en el 65%, y ha instado a la regulación de los conciertos sociales de la gestión de servicios públicos, de tal manera que las organizaciones sociales no se vean discriminadas con respecto a las empresas privadas.

 

Por último, Pérez Bueno, que ha agradecido al Gobierno y al PP el clima de diálogo que han mantenido siempre con el CERMI pese a las discrepancias que han podido surgir, ha urgido a adoptar medidas eficaces para luchar contra el juego ilegal, y ha recordado la amenaza que supone para la supervivencia del Tercer Sector la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) anulando el Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector de ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y la posible anulación próximamente de las subvenciones que se reparten gracias a lo que se recauda por medio de la casilla de fines sociales en la declaración de la renta.