Coincidiendo con la celebración del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, el Parlament aprobó esta reforma con el consenso de todos los grupos políticos y de los diputados no adscritos.

 

Para el CERMI Illes Balears y el Tercer Sector Social, la nueva normativa garantizará una mayor estabilidad y seguridad tanto a las entidades como a los usuarios, mediante la implantación de la figura del "concierto diferenciado", que supondrá la prolongación de los acuerdos de prestación de asistencia a personas con discapacidad y personas de colectivos vulnerables como menores o personas en riesgo de exclusión social, entre otros.

 

El objetivo es lograr una continuidad en los servicios que se ofrecen y que son subvencionados con fondos autonómicos para que, por ejemplo, las personas con discapacidad no tengan que cambiar de centro donde se hallan atendidos cada vez que finaliza el concurso público por el que se regían hasta ahora estas ayudas, de modo que puedan seguir recibiendo los apoyos que necesitan en el entorno que conocen y por parte de los profesionales que ellos escogieron.

 

Según las dos entidades impulsoras de esta iniciativa, el nuevo sistema de concierto social, similar a los existentes en otros sectores como la Sanidad o la Educación, “es mucho mejor para todos”, ya que beneficia tanto a los usuarios y las entidades sociales como a la propia Administración.

 

En este sentido, tanto el CERMI Illes Balears como el Tercer Sector Social destacan que las personas usuarias podrán elegir con total libertad cómo y por quién quieren ser atendidos, “con la tranquilidad de saber que esa decisión será respetada en todo momento”, ya que podrán continuar recibiendo el servicio donde, cómo y por quien eligieron, mientras lo necesiten y así lo deseen.

 

Asimismo, la reforma de la Ley permitirá a las entidades sociales una mayor planificación de servicios, centros y recursos, además de dotarles de una estabilidad “que redunda en beneficio de sus trabajadores” y les permite la mejora continua, para lograr que los usuarios se sientan atendidos en las mejores condiciones, de modo que opten por ellas a la hora de decidirse por una entidad en la que recibir atención.

 

En cuanto a los que respecta a la Administración, la nueva Ley no compromete el gasto público y permite una inspección y supervisión continua y efectiva de los servicios que se están prestando. Con este sistema, son dos los intervinientes a la hora de decidir si la entidad sigue prestando el servicio a la persona usuaria: por un lado, el propio usuario, que puede decidir en cualquier momento cambiar de entidad o dejar de recibir el servicio, y por otro lado, la Administración, ejerciendo su labor de garante de la correcta y adecuada prestación de los servicios públicos.