"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
30º aniversario de la LISMI
La LISMI: un compromiso social y político histórico
Por Mª Patrocinio Las Heras, directora general de Acción Social, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1983-1990)
04/06/2012
La LISMI es la primera Ley en España que, desde la reivindicación social de las personas con discapacidad y sus familias, con gran apoyo de los profesionales de los servicios sociales comprometidos con el tejido asociativo, puso en marcha una perspectiva transversal y no marginal a favor de la Integración Social de las Personas con Discapacidad, llamadas en aquel momento “minusválidas”. La LISMI fue, al margen de este concepto, una Ley pionera que reconoció a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y se planteó la prevención como objetivo no sólo sanitario, sino también de transformación social.
Desde estas líneas, mi reconocimiento a la iniciativa legislativa del diputado Trias-Fargas; a los portavoces de los grupos parlamentarios, que lograron el consenso de toda la Cámara para la aprobación de la Ley; desde mi trabajo personal, a Ciriaco de Vicente, con el que inicié mi trabajo en el PSOE con la elaboración de enmiendas al proyecto de la Ley, recogiendo las mejoras que proponían las asociaciones; a Ángel Criado, Demetrio Casado, Manuel Aznar, Miguel Ángel Cabra, Ángel Rodríguez Castedo, etc., profesionales del SEREM y de la Dirección General de Acción Social, que, con gran profesionalidad trabajaron tanto en el proceso de la Ley como en el desarrollo de los preceptos de la Ley, especialmente los referidos al derecho a las “Prestaciones Sociales y Económicas” y a los “Servicios Sociales”, que nos correspondió elaborar en mi etapa de directora general de Acción Social.
Respecto al Sistema Público de Servicios Sociales, nuestro cuarto pilar del Estado de Bienestar, la LISMI también fue pionera, pues es la primera Ley del Estado que reconoce el derecho a las prestaciones básicas de servicios sociales de “información, orientación, ayuda a domicilio, residencias especializadas, hogares comunitarios…”, en el ámbito del Sistema de Servicios Sociales específicos para las personas con discapacidad.
Podemos calificar esa etapa como una de esas etapas históricas de cambio social, en la que los sueños largamente trabajados dan sus frutos. El compromiso y la alegría de trabajar por un proyecto que cambiaria la vida de las personas y familias afectadas por discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales produjo una sinergia muy fructífera entre responsables institucionales, profesionales y asociaciones. Todos nos pusimos a trabajar por la Ley creando un contexto de confianza y creatividad compartida con el liderazgo social del movimiento asociativo: Pilar Ramiro, Miguel Pereyra, Paulino Azúa, Rafael de Lorenzo y much@s más, con mi recuerdo especial para Antonio Vicente Mosquete. Todos ellos destacados no sólo por su liderazgo social, sino especialmente por su compromiso vital y conciencia de transformación social.
Han trascurrido 30 años desde la promulgación de la LISMI y su aplicación ha tenido luces y sombras en el contexto de la vida económica, social y política de nuestro país. Se alcanzó la visibilidad de las personas con discapacidad y el reconocimiento de su igualdad y dignidad, pero son muchos los obstáculos que impiden que sus derechos y participación sean efectivos en la vida económica y social. Hoy, como hace 30 años, se hace necesario apuntalar y defender el Bienestar Social: los derechos sociales fundamentales a la salud, la educación, los servicios sociales, el empleo…
La LISMI fue pionera al reconocer estos derechos para las personas con discapacidad; las posteriores leyes del Estado de Bienestar, de acuerdo a nuestro compromiso constitucional, los fueron extendiendo a la ciudadanía. El reto está ahí, más agudizado en tiempos de crisis, que, a la vez, son tiempos de cambio, pero al no haberse desarrollado muchos de los derechos reconocidos, surgen de nuevo, en el contexto de la crisis, determinadas tendencias para vincular los derechos sociales a la condición laboral, modelo de exclusión de derechos sociales para las personas que no tienen acceso al mercado de trabajo y que, a su vez, socava no sólo nuestro pacto constitucional, sino el valor de cohesión social en el que se sustentan las bases sobre las que diseñó nuestra convivencia europea. Frente a los riesgos, la LISMI deberá, a mi juicio, garantizar y desarrollar de forma efectiva los derechos reconocidos y ampliar su desarrollo.
Es evidente que, además de la Ley y sus desarrollos normativos y presupuestarios, se hace necesario un cambio estructural de la propia sociedad, imprescindible para hacer efectiva la igualdad. Creímos que alcanzaríamos los derechos sociales, económicos y de participación porque así lo exigía la Ley, que se lograría transitar sin barreras, alcanzar la igualdad de oportunidades, la prevención, la recuperación, la integración social y laboral…
Efectivamente, no se trata de integrar la prevención en un modelo social constituido. Exige, además, transformar el modelo de convivencia, poner en nuestras vidas los principios y valores del Desarrollo Humano, dando a las personas poder para desarrollar sus proyectos de vida. Imaginar que una nueva convivencia personal y social es posible, donde las personas sean el centro de la atención y los valores del Desarrollo Humano impregnen nuestra convivencia.
En el objetivo de empoderar a las personas, que en realidad constituyen el motor efectivo de un auténtico desarrollo humano, hoy, como ayer, el movimiento social promovido por las personas con discapacidad y sus familias demuestra que es posible hacer frente al fatalismo, el economicismo, el paternalismo social, la exclusión…, y nos señala, con su compromiso en el día a día, que es factible poner a la persona en el centro de atención y generar nuevas sinergias en la perspectiva del cambio hacia el Desarrollo Humano.
