"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Pandemia Coronavirus
Personas con discapacidad: los vulnerables de los vulnerables de la pandemia
07/10/2020
Muchas personas con discapacidad tienen condiciones de salud preexistentes que las hacen más susceptibles de contraer el virus, experimentando síntomas más severos al momento de la infección, lo que lleva a niveles elevados de muerte.
Durante esta crisis, las personas con discapacidad que dependen del apoyo para su vida cotidiana se han encontrado aisladas e incapaces de sobrevivir durante las medidas de encierro, mientras que las que vivían en instituciones han sido y son particularmente vulnerables, como lo demuestra el abrumador número de muertes en hogares de atención residencial e instalaciones psiquiátricas.
Además, se han intensificado las barreras para que las personas con discapacidad accedan a los servicios de salud y a la información, y estas personas también siguen enfrentándose a la discriminación y otras barreras para acceder a los medios de vida y al apoyo a los ingresos, participar en formas de educación en línea y buscar protección contra la violencia.
El CERMI ha querido mostrar, mediante la publicación del informe El impacto de la pandemia de la COVID en los derechos humanos de la personas con discapacidad en España, cuál ha sido la incidencia de esta crisis en los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, creada hace casi quince años, y cómo esta crisis va más allá de una pura emergencia sanitaria para convertirse también como una emergencia humanitaria y de derechos a escala nacional e internacional.
Vamos a explicar a continuación cómo se han visto vulnerados algunos de esos derechos.
Discriminación y desigualdad de oportunidades
La igualdad constituye un principio fundamental y básico del discurso de los derechos humanos, junto con la dignidad humana y la universalidad, y se complementa con el principio de no discriminación, en el que se basan todos los tratados de derechos humanos.
La discriminación ya existente hacia el colectivo de personas con discapacidad, se ha visto en esta crisis exponencialmente agravada. Se ha denegado tratamiento para personas con discapacidad, como traslados a hospitales y unidades de cuidados intensivos, que han comprometido su derecho a la salud y la vida.
El confinamiento ha causado situaciones perturbadoras para las personas con trastorno del espectro del autismo y para las personas con discapacidad psicosocial, además de la falta de recursos de rehabilitación esenciales en la autonomía de este grupo.
A su vez, la enorme cantidad de personas con discapacidad institucionalizadas en España ha causado una multitud de infecciones entre personas y profesionales, y han sido las últimas en recibir medidas de protección. Tampoco se han previsto medidas de apoyo a la educación para las y los estudiantes con discapacidad durante el confinamiento.
En los primeros momentos de la crisis, ninguna de las comparecencias de las y los portavoces de salud pública fue accesible para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegos.
Canales y métodos de información accesibles
La accesibilidad universal tampoco ha sido respetada, explica el informe de CERMI. Por ejemplo, en los primeros momentos de la crisis, ninguna de las comparecencias de las y los portavoces de salud pública fue accesible para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegos.
Tampoco se han adoptado medidas de accesibilidad cognitiva para que estos comunicados lleguen, en condiciones de igualdad, a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, como la lectura fácil o el empleo de sistemas alternativos y/o aumentativos de comunicación.
En general, la crisis ha evidenciado un enorme desconocimiento en relación a cómo deben dirigirse los mensajes a las personas con problemas de salud mental.
El teléfono de emergencias 112, dispositivo que ha sido determinante en la atención a las urgencias sanitaras, no ha estado adaptado para personas sordas y sordociegas, a pesar de la aprobación del Real Decreto 734/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifican directrices básicas de planificación de protección civil y planes estatales de protección civil para la mejora de la atención a las personas con discapacidad y a otros grupos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias.
Cada comunidad autónoma ha establecido (cuando lo ha hecho) canales de accesibilidad propios que no han dado siempre respuesta a las necesidades de accesibilidad de manera integral.
Se pone de manifiesto, por tanto -señala el dumento-, la necesidad de una implantación real y extensa de servicios de teleasistencia completamente accesibles para que las personas mayores, en situación de dependencia o discapacidad puedan sentirse acompañadas, reconfortadas y seguras en su propio hogar.
El derecho al trabajo también se ha visto resentido
Tal y como avanzábamos hace unos meses (véase ¿Incrementará la COVID-19 la discriminación laboral?) las personas con discapacidad son uno de los grupos más perjudicados laboralmente por la pandemia.
Esta crisis debe considerarse como una emergencia social que va a generar una desaceleración económica a escala planetaria y que afectará gravemente a las personas con discapacidad y sus familias, con menos oportunidades ante el empleo y con contratos más precarios.
Aunque vienen de lejos, los efectos de la recesión de 2008 aún no han sido revertidos y las políticas de austeridad empleadas provocaron una merma en los derechos de hombres, mujeres y niños y niñas en situación de vulnerabilidad y un menoscabo de sus condiciones de vida.
La situación actual destruirá empleo de las personas con discapacidad, acortará sus oportunidades para acceder a la vida laboral y se proyectará sobre los espacios de empleo protegido como son los centros especiales de empleo.
La situación actual destruirá empleo de las personas con discapacidad, acortará sus oportunidades para acceder a la vida laboral y se proyectará sobre los espacios de empleo protegido como son los centros especiales de empleo, afectados por expedientes de regulación de empleo y con menos demanda de producción debido a la crisis, incide el CERMI.
Por si lo anterior fuera poco, existe una interseccionalidad en la pandemia en cuanto a las personas con discapacidad que complica más su situación en base a variables como el género, la edad, la pobreza o el hecho de ser una persona migrante.
Aliviar la situación de las personas con discapacidad en pandemia
En el documento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Covid-19 and the rights of persons with disabilities: guidance se exponen, aparte de otros impactos en el colectivo de personas con discapacidad, acciones que los Estados pueden llevan a cabo para mejorar su situación, recursos e incluso numerosas prácticas realizadas en diferentes países.
Por ejemplo, para facilitar información sobre la Covid-19, Paraguay y Panamá desarrollaron sistemas para asegurar que la información pertinente se proporcione en formatos accesibles. En el mismo sentido, el Ministerio de Salud de Nueva Zelanda tiene una sección de su sitio web dedicada a dar información en formatos accesibles, incluyendo el lenguaje de signos y de fácil lectura.
En cuanto al derecho a la salud de las personas con discapacidad, el Comité de Bioética de la República de San Marino elaboró la guía covid-19 sobre triaje, que prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad.
A un nivel más general, en Canadá se estableció el Grupo Asesor sobre Discapacidad y Covid-19 con la participación de personas con discapacidad y las organizaciones que las representan para asesorar al gobierno sobre cuestiones, desafíos, deficiencias sistémicas y las estrategias, medidas y pasos a seguir.
Estos son algunos de los ejemplos que indican la línea a seguir y que subrayan la importancia de que los derechos humanos sean respetados en todo tipo de situaciones y sin dejar a ninguna persona atrás.
Fuente: Compromiso empresarial
