"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Acceso universal
Plataforma Denaria solicita la eliminación de restricciones al uso del efectivo con la entrada en vigor de la reforma de la Ley para la Defensa de los Consumidores
24/05/2022
Coincidiendo con la inminente entrada en vigor de la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios incluida en el Real Decreto-Ley 24/2021, que impide la negativa de cualquier establecimiento a aceptar pagos en metálico, la Plataforma Denaria celebró la jornada ‘El acceso al efectivo, un derecho universal y barrera frente a la exclusión financiera’ y solicitó la eliminación de restricciones al uso del efectivo.
Inaugurada por Javier Rupérez, presidente de la Plataforma Denaria; y María Isabel Valldecabres, directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; la jornada contó también con la clausura de Bibiana Medialdea, directora general de Consumo, dependiente del Ministerio de Consumo. Todos coincidieron en poner en valor el esencial papel que el efectivo cumple en el correcto funcionamiento de la sociedad y la economía.
Asimismo, participaron en el encuentro, en representación a los colectivos sociales afectados por los riesgos de la exclusión financiera e integradas en la Plataforma Denaria, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI; Juan Manuel Martínez, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma); María del Carmen Quintanilla, presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer); y Agustín Matía, director-gerente de Down España.
También se unieron a la sesión Patricia Suárez, presidenta y fundadora de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin); Francisco Rodríguez, catedrático de Economía de la Universidad de Granada y economista sénior del Observatorio de digitalización financiera de Funcas; y Diana Posada, economista titulada del Banco de España.
La Plataforma Denaria, presentó una serie de propuestas encaminadas a evitar la exclusión financiera, entre las que destaca la eliminación de restricciones en cuanto al manejo de dinero en efectivo, siguiendo la línea del Real Decreto-Ley 24/2021.
SANCIONES
“Esta nueva normativa impone, dentro de los límites legales, la obligatoriedad de aceptar el dinero en efectivo en cualquier establecimiento y la imposición de sanciones en caso de incumplimiento a partir del 28 de mayo, fecha de su entrada en vigor, con lo que debe suprimirse cualquier barrera al uso del efectivo en España”, recordó Rupérez.
Sobre este asunto, Medialdea indicó que “el acceso al efectivo es un derecho de los consumidores legalmente reconocido tanto por la normativa española como por la europea”.
Otra de las medidas propuestas es la elaboración de un mapa de riesgos y situaciones de exclusión financiera atendiendo a factores geográficos, socioeconómicos y culturales, para que sirva como base para el despliegue de soluciones que aseguren el derecho de acceso al dinero en efectivo y a otros servicios financieros, con una infraestructura esencial, viable y sostenible.
En este sentido, y de cara a mejorar este acceso al efectivo, la Plataforma Denaria promueve como medida principal y más efectiva “el establecimiento de una distancia máxima entre cajeros. Una medida que ya está regulada en otros países europeos como Suecia, Holanda y Reino Unido”, ha señalado Rupérez.
A esto hay que añadir los objetivos de definir la red de efectivo como una Infraestructura Nacional Crítica; diseñar planes por parte de las Entidades Locales (EELL) enfocados a financiar la implantación de cajeros en zonas rurales y despobladas mediante la colaboración público-privada; y potenciar el papel de Correos como instrumento para asegurar la realización de operaciones financieras básicas.
Siguiendo con la idea de aumentar la presencia de cajeros automáticos, la Plataforma Denaria propone la posibilidad de firmar convenios para su instalación en otras redes de servicios al ciudadano con gran capilaridad, como son las farmacias, los estancos, las gasolineras o las administraciones de lotería. También contempla, ante la ausencia de alternativas viables, la instalación de cajeros en edificios públicos.
En lo que respecta a garantizar el acceso a personas mayores, la asociación promueve medidas como recuperar la atención personal en las entidades financieras, apoyándoles en el uso de las aplicaciones digitales y buscando vías de colaboración con centros de día y otros centros de mayores, así como la ampliación del horario de atención en ventanilla.
INCLUSIÓN FINANCIERA
Para lo que consideran clave garantizar la libertad de elección del método de pago para que cada individuo pueda utilizar aquel que le resulte más favorable en cada momento.
En la segunda mesa de debate, ‘El efectivo y la educación financiera, una necesidad social’, Posada ha presentado los resultados del informe del Banco de España ‘Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España’.
Según ha asegurado, en torno a 1,3 millones de ciudadanos (el 3% de la población española) “se encuentran en situación de vulnerabilidad financiera tras el desmantelamiento y cierre de sucursales bancarias, con Castilla León o Galicia como algunas de las comunidades autónomas que más dificultades presentan a la hora de obtener dinero en efectivo”. Y es que, tal y como recoge el informe, la cifra de cajeros automáticos en nuestro país se ha reducido un 20 % desde el año 2008.
Los expertos han hecho hincapié en que es necesario que la ciudadanía adquiera una educación financiera que le permita afrontar situaciones y tomar decisiones conscientes en lo referente a su economía, de tal modo que la seguridad y la estabilidad, dos de los rasgos que caracterizan al dinero en efectivo, sean los pilares esenciales de su actividad económica.
Fuente: Servimedia
