"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Tercer Sector
La Plataforma del Tercer Sector lamenta que la agenda social siga paralizada ante la falta de formación de Gobierno
28/07/2019
La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha lamentado que la agenda social siga paralizada ante la falta de formación de Gobierno, ya que, a su juicio, la inestabilidad política afecta a la población en general, pero, sobre todo, a los colectivos más vulnerables, que no pueden revertir su situación debido a la falta de políticas que promocionen sus derechos. Así lo ha manifestado después de que el Pleno del Congreso de los Diputados rechazase la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
En este sentido, ha incidido en las propuestas que la PTS presentó durante la campaña electoral para lograr reducir las tasas de pobreza y desigualdad, como es la Estrategia de Lucha contra la Pobreza, aprobada recientemente, pero aún sin desarrollar el futuro Plan de Acción para 2020.
Además, sin un Gobierno estable no se puede hacer efectiva la incidencia política y conseguir una “interlocución eficaz" para que el Estado conozca de primera mano los problemas reales de las personas en situación de vulnerabilidad.
La PTS sigue reclamando el desarrollo de la Ley del Tercer Sector, una norma aprobada en el año 2015, que se considera “imprescindible y urgente” para garantizar la estabilidad del Tercer Sector y para seguir ofreciendo soluciones viables a los problemas de exclusión social que existen en la sociedad.
Por otro lado, la plataforma ha recordado que sigue sin aprobarse el reglamento para poder gestionar la nueva casilla del 0,7% con fines sociales del Impuesto de Sociedades. Una medida que las empresas han podido marcar por primera vez este año y contribuir así a promocionar, proteger y defender los derechos de todas las personas y hacer sociedades más cohesionadas e inclusivas. También está pendiente el compromiso e impulso de la Agenda 2030.
Por último, han insistido en la necesidad de reformar jurídicamente el tramo estatal del 0,7% del IRPF y articular mayores garantías sobre la finalidad y dimensión de las ayudas del tramo autonómico.
